El mundo de las relaciones entre las empresas y los actores del sector público está atravesando una transformación sin precedentes. Las crecientes demandas de transparencia, la acelerada evolución tecnológica y los cambios en los marcos regulatorios exigen que las estrategias de incidencia y relaciones gubernamentales adopten enfoques innovadores y éticos.
De cara a 2025, las organizaciones enfrentan el reto de construir vínculos sólidos, legítimos y transparentes con gobiernos y reguladores, aprovechando el poder de los datos, las herramientas tecnológicas y una sólida alineación con la legislación local y con normativas como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y la UK Bribery Act. En CLC Comunicación afiliada a Llorente y Cuenca (LLYC) hemos estado reflexionando sobre cómo estas transformaciones redefinirán la forma de relacionamiento entre las compañías y los tomadores de decisión en el sector público para generar estrategias efectivas y eficientes para nuestros clientes. En este artículo comparto algunas ideas de esta reflexión.
En un entorno donde la información se convierte en ventaja competitiva, las empresas deberán integrar datos robustos y confiables en sus estrategias de relacionamiento con actores públicos. El análisis predictivo impulsado por la inteligencia artificial (IA) permitirá identificar tendencias regulatorias, anticipar riesgos y diseñar propuestas que respondan de manera efectiva a las prioridades gubernamentales y de los reguladores.
Las herramientas tecnológicas avanzadas también facilitarán la gestión de stakeholders, permitiendo un seguimiento detallado de interacciones clave, compromisos asumidos y resultados alcanzados. Los equipos de consultores especializados externos para asuntos públicos se posicionan como una solución indispensable para garantizar consistencia, trazabilidad y eficacia en las relaciones institucionales.
Por otro lado, la comunicación basada en datos mejorará la capacidad de incidencia, y reforzará la credibilidad de las organizaciones. Presentar análisis cuantitativos claros y sustentados aumenta la probabilidad de influir en políticas públicas, y fortalece el diálogo legítimo y profesional con los tomadores de decisión y reguladores.
En un mundo donde las prácticas corruptas han erosionado la confianza entre el sector público y privado, las empresas deben adoptar un enfoque ético y transparente en todas sus interacciones. La adhesión estricta a normativas locales e internacionales, más que una obligación legal, es un imperativo estratégico para promover la reputación corporativa y construir relaciones sólidas y sostenibles.
Las organizaciones que promuevan la transparencia activa en sus actividades tendrán una ventaja competitiva. Esto incluye la implementación de programas de cumplimiento robustos, la capacitación continua de colaboradores en prácticas éticas y la comunicación abierta sobre las medidas adoptadas para prevenir la corrupción.
El compromiso ético también se extiende al manejo de datos. Las empresas deben demostrar un uso responsable y seguro de la información recopilada, respetando normativas de privacidad y asegurando que los datos sean utilizados para fortalecer el bien público y no para manipular procesos regulatorios.
A medida que los gobiernos priorizan agendas de sostenibilidad y desarrollo inclusivo, las empresas deberán alinear sus estrategias con estas metas. Las propuestas corporativas que integren estos aspectos en sus proyectos y narrativas tendrán una mayor apertura y aceptación por parte de reguladores y autoridades.
Además, la colaboración público-privada será clave para resolver desafíos complejos como el cambio climático, la digitalización inclusiva y la reactivación económica. Las organizaciones deberán posicionarse como aliados estratégicos de los gobiernos nacionales y locales, con iniciativas y proyectos que combinen innovación tecnológica con beneficios tangibles para la sociedad.
La sostenibilidad también se reflejará en la manera en que las empresas se relacionan con las comunidades. El fortalecimiento del diálogo con actores locales y la integración de perspectivas comunitarias en los proyectos corporativos serán fundamentales para ganar legitimidad y licencia social para operar y crecer.
La rendición de cuentas ya no es opcional. En 2025 las organizaciones deberán demostrar con claridad cómo sus estrategias de incidencia generan valor público y privado. La implementación de métricas avanzadas para evaluar el impacto de las relaciones gubernamentales permitirá establecer conexiones directas entre las acciones realizadas y los resultados obtenidos, tanto en términos regulatorios como reputacionales.
El panorama de las relaciones corporativas y gubernamentales en 2025 estará marcado por la integración de tecnología, datos y un enfoque ético en todas las interacciones y actividades. Las organizaciones que logren adaptarse a este nuevo entorno destacarán por su capacidad de aportar a las políticas públicas, construir reputación, confianza y legitimidad en un mundo que valora cada vez más la transparencia y la responsabilidad.
Costa Rica, con su tradición de liderazgo ético y su posición como referente en sostenibilidad, tiene la oportunidad de marcar la pauta en esta transformación. Al combinar innovación tecnológica con un compromiso auténtico con los valores democráticos, las empresas costarricenses pueden convertirse en modelos de relaciones corporativas responsables, contribuyendo a sus propios objetivos y al bienestar de la sociedad en su conjunto. Agradeciendo a El Mundo CR la oportunidad de poder dirigirme a ustedes desde este prestigioso medio, aprovecho para desearles unas felices fiestas de final y principio de año.
