Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este año además se celebra el décimo aniversario de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es importante señalar que en el país existen 24 territorios indígenas conformados por 8 etnias formalmente reconocidas por el Estado.
Casi cualquier avance en materia de derechos humanos es producto de las luchas sociales y, en el caso de los pueblos indígenas, luchas reactivas contra los intereses de una sociedad que se niega a reconocer la especificidad de las culturas indígenas y los derechos humanos que se derivan de dichas particularidades. En el caso de Costa Rica, la Ley Indígena (6172) reconoce como personas indígenas a todas aquellas que constituyen grupos étnicos descendientes de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. En esta concepción interviene la autodeterminación y percepción de sí mismos como pueblos indígenas. Se establece además que las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase.
Uno de los grandes problemas, y que podría aplicarse a la totalidad de poblaciones cuyos derechos no han sido reconocidos, es que el Estado continúa elaborando normas y resoluciones que favorecen en la letra los derechos, pero que en la práctica no se cumplen o no existen voluntad política por cumplirlos.
Aunque exista una ley, en el país las personas indígenas siguen experimentando discriminación, violencia y son vulnerabilizadas en un grado importante. La Ley Indígena, por ejemplo, estableció la expropiación de propiedades de no indígenas y que se encontraran en los territorios determinados, sin embargo, esto no ha sucedido. Al contrario, la usurpación de tierras sigue siendo un problema importante que pone en peligro la vida de las personas indígenas y violenta el derecho a la tierra.
En este sentido, hay un claro pendiente del Estado en la seguridad territorial de los espacios que pertenecen a los pueblos indígenas. Se debe además establecer mecanismos organizativos más idóneos, inclusivos y abiertos de Gobierno Indígena, de acuerdo a su cosmovisión. Además, las políticas públicas y Planes Nacionales de Desarrollo, en apartados que se refieran al tema indígena, necesariamente deben incluir el desarrollo desde su propia visión. Incluso, ¿por qué no pensar en una reforma política que incluya la creación de una cuota étnica en la Asamblea Legislativa?
Siguiendo con la Asamblea Legislativa, ésta tiene un pendiente en la tramitación y aprobación de la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (Expediente 14.352), que no ha avanzado en veinte años por falta de voluntad de los poderes públicos en reconocer derechos inherentes a los pueblos indígenas. Este proyecto de ley viene a implementar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los pueblos indígenas y tribales, que reconoce una serie de derechos humanos inherentes a dicha condición.
El reconocimiento, respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas es urgente, no puede esperar más. La Asamblea Legislativa requiere de diputadas y diputados comprometidos con los derechos humanos de todas las poblaciones, dispuestos a dar la lucha diariamente y con la valentía de no darse por vencidos en el proceso.
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