No se vale que el Ministerio de Hacienda exija a todos los contribuyentes que le reintegren a tiempo todas las retenciones de impuestos, como el IVA y el de renta, pero este Ministerio no le reintegra a tiempo las retenciones al salario y la carga patronal que le corresponde como patrono, de todas las planillas salariales del sector público. Además de pagarla de inmediato, esta deuda debería formar parte del índice total de la deuda total con relación al PIB, que se utiliza para tomar otras decisiones muy sensibles contra todos los costarricenses.
Ahora, además de la vergonzosa lista de espera infinita para la atención médica de pacientes en la CCSS y la otra vergonzosa lista de expedientes en trámite en el Poder Judicial, esta vez resulta que se está armando otra lista de espera, de varios años, en la Oficina Jurídica del Ministerio de Hacienda, relativa a reajustes por concepto de pensiones de vejez del sistema IVM responsabilidad de la CCSS, alegando el mismo círculo vicioso de que no hay presupuesto porque el Ministerio de Hacienda no le paga a la CCSS la enormísima deuda que le tiene de muchos años de no reintegrarle todo lo relativo a las deducciones personales y carga patronal de todos los empleados del sector público.
No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, el salario escolar, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin. Para eso es un cambio de gobierno.
Pero es que el nuevo gobierno no es solo el nuevo presidente. Todos los partidos presentes en la Asamblea Legislativa son parte también del nuevo gobierno. Y todos deberían estar trabajando de acuerdo con sus planes de gobierno propios, esos que le aprobó previamente el Tribunal Superior de Elecciones como requisito para poder participar en las elecciones presidenciales nacionales.
Muy importante el tema este de defender la institucionalidad de nuestro país. Pero también es muy necesario fortalecer los controles internos y externos para que todas nuestras instituciones públicas sigan cumpliendo con sus objetivos, propósitos y metas para las que fueron creadas, en beneficio de todos los costarricenses. Hace muchos años todas las instituciones públicas se preocuparon por definir y poner por escrito, la visión y la misión de cada institución. Ojalá que tanto esa visión como la misión sean objeto de actualización, seguimiento y evaluación de cumplimiento, por lo menos anualmente.
La gran mayoría de los problemas de Costa Rica se resolverían muy fácilmente si todas las auditorías internas, contralorías y demás instituciones de control de gasto público, por fin comprendieran que su trabajo es muy importante y necesario para nuestro país, aunque sus salarios y privilegios sean pagados por cada institución pública, porque de lo contrario, nunca van a alcanzar ni todos los impuestos ni la enorme e inmanejable deuda pública para cubrir tantas y tantas fallas en el control de los gastos. Con más eficiencia no se perderían miles de millones de las bóvedas de un banco nacional. Con más eficiencia no habría tanta facilidad para evadir los controles en las adjudicaciones de tantas licitaciones públicas. Con más eficiencia los expedientes judiciales no estarían compitiendo en tardanza, con las listas de espera de la CCSS, etc, etc, etc. Para eso es un cambio de gobierno.
