Uno de los mitos más repetidos —y más engañosos— del discurso de la izquierda latinoamericana es que los países nórdicos prueban que la socialdemocracia “sí funciona”. Se trata de una narrativa emocional, ideológica y profundamente selectiva con los hechos. El caso de Suecia resulta especialmente incómodo para ese relato, porque demuestra exactamente lo contrario de lo que se intenta vender en Costa Rica.
El origen liberal de la prosperidad sueca
Entre 1864 y 1932, Suecia vivió lo que la historiografía económica reconoce como el período liberal de su historia. Fue una etapa caracterizada por libre mercado, respeto a la propiedad privada, apertura comercial y un Estado limitado. Los resultados fueron contundentes: Suecia se convirtió en uno de los países más ricos del mundo y alcanzó niveles de vida extraordinariamente altos. No es una afirmación ideológica; es un hecho histórico. En ese período, incluso la revista Life la calificó como una de las naciones con mayor bienestar del planeta.
Este dato suele omitirse deliberadamente: la riqueza sueca no fue creada por la socialdemocracia, sino acumulada durante décadas de capitalismo liberal.
Cuando el Estado creció y el modelo se agotó
La socialdemocracia llegó al poder en 1932. En un inicio, sus reformas fueron moderadas y no desmontaron el andamiaje liberal heredado. Sin embargo, a partir de los años sesenta, el proyecto se radicalizó: expansión acelerada del Estado, aumento masivo del gasto público, crecimiento del empleo estatal y una presión fiscal cada vez más asfixiante.
Entre 1970 y 1990, el empleo público se duplicó. El Estado pasó de representar cerca del 27% de la fuerza laboral a aproximadamente el 60%. Los impuestos alcanzaron niveles confiscatorios. El resultado fue previsible: estancamiento económico, pérdida de competitividad y una crisis profunda que obligó a Suecia, en los años noventa, a corregir el rumbo, liberalizar mercados, reducir impuestos y limitar el tamaño del Estado.
El dato incómodo para la socialdemocracia es claro: Suecia tuvo que alejarse del estatismo para no colapsar. Hoy no es socialista; es una economía de mercado que aprendió, a la fuerza, que el Estado no puede ocupar el centro de la vida económica.
El mito del “Estado eficiente”
Aquí conviene introducir una precisión clave desde la perspectiva liberal clásica: para los liberales, el Estado no puede ser eficiente. No se trata de un problema de buenas o malas intenciones, sino de una limitación estructural. El Estado es un monopolio coercitivo. No compite, no enfrenta quiebras, no asume pérdidas reales y no está sometido al proceso de descubrimiento del mercado.
La eficiencia solo existe en el libre mercado, porque allí los incentivos obligan a los agentes a satisfacer demandas reales. El empresario que se equivoca pierde su capital o desaparece. El que acierta sobrevive. Esa disciplina no existe en el sector público.
El Estado, en cambio, puede equivocarse sistemáticamente sin aprender del error, porque no enfrenta consecuencias reales. Cuando falla en el cálculo económico —algo inevitable, porque no dispone de precios de mercado— no corrige mejorando su gestión, sino subiendo impuestos, endeudándose o expandiendo regulaciones. El error no se elimina: se traslada a los ciudadanos.
Por eso, hablar de un “Estado eficiente” no es una propuesta liberal, sino una contradicción conceptual. El problema no es la mala administración del Estado; el problema es la existencia de un aparato que decide sin competir y cobra sin consentimiento explícito.
Costa Rica: estatismo sin riqueza previa
El contraste con Costa Rica es revelador. Nuestro país instaló la socialdemocracia en 1948, pero, a diferencia de Suecia, nunca tuvo un período liberal previo que generara la riqueza necesaria para sostener un Estado grande. El resultado es un país que sigue siendo subdesarrollado, con alto gasto público, más de 300 instituciones, resultados deficientes en educación, una grave crisis de seguridad pública y una presión fiscal real cercana al 58% cuando se consideran cargas directas e indirectas.
Aquí es donde el debate suele desviarse. Se insiste en que el gran problema nacional es la corrupción, y que basta con erradicarla para que la socialdemocracia “funcione”. Ese diagnóstico es superficial y equivocado.
La corrupción no es la causa, sino la consecuencia
La corrupción no es la causa del subdesarrollo, sino una consecuencia inevitable del estatismo. Surge allí donde el Estado concentra poder, controla mercados, reparte privilegios y decide discrecionalmente sobre recursos ajenos. En ese contexto, la corrupción no es una anomalía: es un resultado previsible de los incentivos existentes.
No es que eliminando la corrupción el modelo socialdemócrata vaya a funcionar. Eso es una ilusión peligrosa. Mientras el Estado conserve un tamaño desmesurado y un poder invasivo sobre la economía, siempre existirán incentivos para capturarlo.
La verdadera lucha contra la corrupción no se gana con más controles, más burocracia o más instituciones “anticorrupción”. Se gana reduciendo el poder del Estado, limitándolo estrictamente a sus funciones esenciales.
El Estado como instrumento limitado
Aquí resulta central la enseñanza de John Locke. El Estado no es el origen de los derechos, sino su guardián subordinado. Los derechos naturales —vida, libertad y propiedad— preceden al Estado, y precisamente por eso este debe ser limitado.
El monopolio legítimo de la fuerza existe únicamente para proteger la dignidad humana, no para planificar la economía, sustituir la iniciativa privada ni actuar como un padre proteccionista que desconfía sistemáticamente de los ciudadanos. El ejercicio del poder político es siempre función de protección, nunca de control desmesurado.
Cuando el Estado deja de ser un instrumento y se convierte en tutor, administrador universal o ingeniero social, deja de cumplir su función moral y se transforma en una fuente permanente de distorsión, ineficiencia y corrupción.
La lección que Costa Rica sigue ignorando
La historia sueca demuestra que el Estado paternalista no solo es moralmente cuestionable, sino económicamente insostenible. Suecia prosperó cuando fue liberal, se estancó cuando el estatismo avanzó y solo se recuperó cuando limitó al Estado, no cuando intentó hacerlo “más eficiente”.
Costa Rica, en cambio, persiste en un modelo que desconfía del ser humano, castiga la iniciativa privada y concentra poder político con la esperanza de administrar mejor la coerción. Ese camino no lleva al desarrollo.
El verdadero cambio que Costa Rica necesita no pasa por la desaparición del partido Liberación Nacional ni del PAC, ni por discursos moralistas contra la corrupción, ni por promesas de mejor gestión del mismo modelo. Pasa por reformas estructurales, un giro decidido hacia el libre mercado y la recuperación de la confianza en la libertad y la responsabilidad individual.
No es una visión economicista. Es una visión moral de la libertad. Porque una sociedad verdaderamente justa no es la que gestiona mejor el poder, sino la que lo limita al máximo compatible con la protección de los derechos humanos. Suecia ya aprendió esa lección. Costa Rica todavía está a tiempo de aprenderla sin repetir el mismo error.
