El Partido Político Frente Amplio, a través de sus distintas diputaciones, ha desplegado una campaña de persecución política en mi contra en aras de limitar y conculcar mis derechos constitucionales a la participación política en puestos de elección legislativa.
El Frente Amplio ha hecho gala de su nombre Ampliando y radicalizando sus acciones lesivas de desprestigio con el claro interés de denigrarme ante la opinión pública y demeritarme ante la Asamblea Legislativa a efectos de impedir mi nominación al cargo de Defensor de los Habitantes.
El Frente Amplio y sus acólitos han recurrido al uso del Lawfare, que consiste en la utilización de la “Denuncia”, en sede penal o administrativa, con el único propósito de desprestigiar el asenso a cargos públicos de una persona considerada como opositora por parte de quienes hacen uso de la denuncia como arma de guerra política.
Mi planteamiento de una Defensoría Inclusiva, con igualdad y equidad para todas las personas habitantes resultó y resulta amenazante para el Frente Amplio y sus grupos clientelares que aspiran a una Defensoría monopolizada únicamente en sus temas de interés y para sus grupos particulares. Es así como resulté elegido como su “enemigo” y a partir de este proceso de etiquetamiento estigmatización no han dudado en utilizar todos sus recursos discursivos y difamatorios para estigmatizarme mediante el uso del Lawfare; es decir, mediante la propalación de hechos falsos y verdades a medias para descarrilar mi postulación al cargo de Defensor.
El Frente Amplio, con dolo y alevosía, ha equiparado, en sede política, las acusaciones especulativas en mi contra como si se tratasen de sentencias condenatorias. Tampoco han querido citarme a sus reuniones de fracción para aclarar cualquier duda o esclarecer sus preocupaciones. Al contrario, recurriendo a la etapa más inquisitiva del modelo acusatorio han hecho gala del refrán revolucionario de “Fusilar primero y averiguar después”.
El esfuerzo por presentarse ante la comunidad nacional como un grupo político respetuoso del debate democrático y defensor del Estado de Derecho por parte del Frente Amplio terminó por sacar la verdad de sus intenciones al comportarse de manera similar a como otros regímenes totalitarios tratan a su población. En el caso concreto de las acusaciones del Frente Amplio contra Mario Zamora, cualquier observador independiente podrá advertir que se irrespeto su derecho constitucional a la presunción de inocencia, a interpelarlo de frente y no a sus espaldas ni a través de troles. Tampoco se le respetó su derecho democrático al debido proceso. En vez de ello, el Frente Amplio se erigió como Juez y Parte; y como si estuviéramos en La Habana, hizo gala del más arbitrario autoritarismo despótico, al condenar a Mario Zamora, ante los legisladores y ante la opinión pública, con base en el uso de la infamia como arma política.
Por lo que llegó la hora de responder a sus acusaciones con la verdad
Acusa el Frente Amplio a Mario Zamora de tener causas en investigación ante la Procuraduría de la Ética. Sin embargo, mediante oficio PEP-OFI-1988-2022, el Procurador de la Ética, Lic. D. Armando López Baltodano, comunica que al día de hoy cuento con tres denuncias, dos de ellas finalizadas y archivadas. Y la restante se encuentra en fase preliminar. Dicha denuncia me imputa haber incurrido en nombramientos ilegales y como todo conocedor sabrá, en la Defensoría de los Habitantes solo el jerarca tiene asignada de manera exclusiva la facultad y competencia de “nombrar” a funcionario alguno, es decir, Mario Zamora, desde el año 2014 hasta el día de hoy no ha ostentado en ningún momento dicha competencia por lo que le resulta absurdo que se le acuse por algo que, aún queriéndolo, no podría haber realizado.
Es de lamentar que en las redes sociales, mediante el uso de troles, se repitan las mismas acusaciones que el propio FA aseveró en otros momentos legislativos, es decir, que Mario Zamora “Dio órdenes para que la Policía diera golpizas a personas que estaban protestando ante la CCSS”. Por dicha hay medios de prensa libres en Costa Rica y por dicha puede constatarse a través de los archivos históricos de noticias que dichas aseveraciones faltan a la verdad. Atribuir la emisión de ese tipo de ordenanzas supondría un delito de lesa gravedad en una Democracia regida por el Estado de Derecho como la costarricense, por lo que se insta al Frente Amplio de que en caso de disponer de la más mínima prueba que confirme esa afirmación, que por Ley tiene el deber de presentar la denuncia penal. Porque es un hecho muy grave. En caso de no disponer de prueba alguna, la responsabilidad política que les asiste demanda una retractación. Ya que con el honor y la integridad moral de las personas no ha de jugarse en pro de intereses eleccionarios.
Tampoco resulta de recibo que se le atribuya a Mario Zamora, en lo personal, los recursos de amparo que fueron presentados contra el Ministerio de Seguridad y de Gobernación; así como contra la Dirección General de Migración y Extranjería, con el ánimo de haberlo ver como un incumplidor nato de Derechos Constitucionales. Esta acusación obviamente para por alto que muchos de esos recursos de amparo fueron presentados por retrasos en la entrega de pasaportes, que se hacían en aquel momento en un único lugar (La Uruca) y que duraban meses para su entrega; y, que fue precisamente él, como Director que estableció el sistema de pasaportes a través del Banco de Costa Rica y Correos de Costa Rica, logrando el Premio de Mideplan como la institución que mayores mejores presentó en la prestación de sus servicios. En cuanto al Ministerio de Seguridad, resulta lógico que no se haga referencia al hecho de que la tasa de homicidios se redujo de un 11.2 % a un 8.2 % durante su gestión como ministro.
En honor a la verdad, el FA incurre en un dato inexacto al afirmar que Mario Zamora “prometiera atender a un grupo de personas que protestaban en la Defensoría el día 10 de marzo del año 2012”. Ya que como acredita la prueba relacionada con este caso concreto, ni esas personas acudieron a la Defensoría a reunirse con Zamora; ni su solicitud de ellos de prorrogar el Convenio Hivos estuvo en algún momento bajo la competencia de ese funcionario; como lo demuestran los Informes de la actividad: ni siquiera Mario Zamora figuró en las negociaciones llevadas a cabo por funcionarios de la Defensoría con este grupo de personas. Por lo que la acusación esbozada cae por su propio peso.
El Sindicato de la Defensoría, cuyo Secretario General fue sancionado por utilizar su puesto para favorecer a un familiar ante la CCSS, denuncia a Mario Zamora por persecución sindical y prácticas antisindicales. Lo procedente ante este denuncia es sugerir al FA indagar ese acontecimiento antes de propalar acusaciones que encubren el mal actuar de un funcionario.
Siendo la Fracción del Frente Amplio un grupo que ha pretendido sustentar sus afirmaciones en Plenario, se echa de menos esa falta de sustento al afirmar que Mario Zamora esta denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; ya que cuando cualquier observador independiente analiza el caso verá que fue desestimado en Costa Rica ante el Contencioso Administrativo y ante el Tribunal Migratorio. Pero sobre todo observará que se trata de una acusación dirigida en contra de las condiciones que esa persona enfrentó en la cárcel de San Sebastián. Es decir, el caso en mención no guarda relación con Mario Zamora.
Llama la atención que el Frente Amplio haga mención al hecho de que la ONG CEFEMINA hubiese emitido un criterio desfavorable sobre la participación de Mario Zamora como defensor; cuando las personas del medio de las ONGes sabe y conoce que esa organización dejó de operar hace mucho tiempo. Y en relación al supuesto mal trato a mujeres extranjeras, el Frente Amplio no hace mención que en realidad está haciendo referencia al caso de una persona que tenía una alerta roja de interpol y respecto de la cual procedía la extradición a su país de origen. Es decir, se pretende responsabilizar a Mario Zamora, en su condición de funcionario Administrativo de la Dirección de Migración resolver un asunto que estaba judicializado y por lo tanto fuera de su competencia.
Finalmente el caso que más llama la atención de las acusaciones bajo el esquema de “Guerra Política” (Lawfare) que utiliza el FA y sus socios de causa, versa sobre la sanción que dictó la Contraloría en mi contra y que al dictarse cuando yo no era director de migración no procedía su aplicación. No obstante, sabedor que la misma se basaba en un error de interpretación, interpuse un juicio contencioso administrativo y una Juez de la República anuló dicha sanción como en Derecho corresponde. El FA, aún sabiendo esto ha utilizado la existencia de esa denuncia sin explicar el hecho de que la misma fue desestimada en sentencia, lo cual evidencia el uso de medias verdades con el ánimo de inducir a conclusiones erradas a los receptores finales de su parodias.
En conclusión: El Frente Amplio, con el ánimo de descarrilar a Mario Zamora de la postulación al cargo de defensor lo acusa sobre hechos respecto de los cuales, o no tenía relación ninguna o sobre hechos cuya narrativa contada de forma parcial inducen a error a quien las lea.
La responsabilidad política del Frente Amplio estriba en hacer uso e instrumentalizar acusaciones espurias con el propósito de utilizarlas como arma política.
Los denunciantes de TODAS las denuncias son 2 personas del sindicato actual de la Defensoría. Es decir, si fueran múltiples denuncias interpuestas por distintas personas que no se conocen entre sí, pareciera ser un indicador a considerar; sin embargo, el hecho de que sean los mismos, haciendo lo mismo y que el FA los presente como hechos justificadores para no considerar a un candidato que superó el proceso de evaluación llevado a cabo por la Comisión de nombramientos, demuestra el Lawfare con el que esta historia ha sido manejada.
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