Dos años de gobierno. Seis bajo su partido. Se cumplían ayer; y precisamente al inicio del segundo tiempo extra, en Zapote apareció en calidad de vocera presidencial la Ministra de Planificación. Después del endeble espectáculo del Mandatario el pasado lunes, debía ser claro que no era recomendable tener expectativas altas sobre lo que iba a anunciarse hoy como “camino económico” para recuperarse del COVID-19. En efecto, las seis medidas anunciadas no dan para la desilusión, pero tampoco para el asombro.
Al estilo de Winston Churchill, “comenzaré diciendo lo que todos quisieran pasar por alto, y sin embargo se debe decir”: ninguna de las seis medidas dependía de una pandemia para haberse tomado. Todas pudieron haber sido emitidas desde hace rato, sin necesidad de llegar hasta este punto, si el Gobierno no hubiese estado enfocado en sus extravagantes prioridades, diagnosticarle “fobias” y “odio” a cuanta voz se alzase para corregirle errores, saciar sus apetitos de espionaje o superheroismo, y en poner a los costarricenses pelear entre sí. De hecho, varias de las supuestas “novedades” son en realidad proyectos que ya venían en marcha desde hace rato.
La primera medida en anunciarse (el fondo de capital de trabajo) es básicamente una directriz “instando” (sugiriendo) a la banca pública a suavizar las condiciones para prestar dinero a la gente que quiere resucitar su empresa o crear una nueva. Asumiendo que los ₡900 mil millones mencionados provengan de esos mismos bancos del Estado, se trataría de una reedición de la famosa “Banca para el Desarrollo”. No está nada mal que esto se haga, aunque ponerlo como una gran novedad es, para decirlo suavemente, no muy honesto.
Lo mismo puede decirse de la segunda medida, la de la inversión pública a corto plazo. En el fondo se trata de terminar los proyectos de infraestructura que ya se vienen ejecutando, y sacar del sarcófago las concesiones de carreteras, a las que se bajó el perfil desde el famoso episodio de San José—San Ramón. Lo curioso es que en esta quisieron “meter por la ventana” el no menos famoso tren eléctrico, el cual comienza a tomar cada vez más aroma a capricho personal (o dinástico—electoral, para ser más precisos).
Ya que íbamos a ponernos ambiciosos en materia de infraestructura, podría haberse hecho mención del eterno sueño del Canal Seco. Sin duda sería un reto más grande desde cualquier punto de vista, pero también tendría un impacto económico sustancial a mediano y largo plazo, y una mayor incidencia en competitividad. Se trataría, además, de llevar desarrollo a doce cantones de las provincias de Limón (5), Alajuela (5), Heredia (1) y Guanacaste (1), todos los cuales tienen tres factores en común: a) son cantones rurales, b) tienen altos índices de desempleo y pobreza, y c) ninguno fue ganado por el PAC en las dos elecciones de 2018. Es de esperar que esto último no haya tenido nada que ver en el desdén oficial.
El tercer ámbito de acción (las “medidas transversales”) también recoge ideas que ya llevan su tiempo en el tapete: especialmente la reorientación funcional del INA. También tiene su andadura la flexibilización de las jornadas laborales, aunque esta podría tener un escollo constitucional en el artículo 58 (el máximo de 8 horas diarias). En todo caso, es evidente que estos no son temas que vayan a tener un impacto inmediato, sino a mediano y largo plazo, lo que resulta completamente anómalo en un Gobierno de la línea del actual. Ya era hora de tener algo bueno que decir.
No ocurre lo mismo con la reducción de costos operativos, pero por alguna razón no se puso fecha. La posibilidad de disminuir la comisión por los datáfonos ya fue aprobada hace varias semanas por la Asamblea Legislativa. Y la tarifa eléctrica (que en promedio se nos ha duplicado a todos desde que nos mandaron a encerrar) bien podría reducirse sin mucho preámbulo, o bien liberarla del IVA (que la hizo subir exageradamente para empezar), al menos por un tiempo.
La aceleración de trámites, cuarta medida del elenco oficial, ha sido por décadas una súplica del sector productivo. Se han adoptado ya leyes de simplificación desde hace por lo menos 15 o 10 años, pero hasta hoy el Estado sigue haciendo las veces de obstáculo y no de aliado de la iniciativa privada. El clima de negocios y la inversión (nacional o extranjera) agradecerán cualquier paso en este sentido, que debería redundar en una mayor generación de empleos. Pero mientras tengamos todavía un sistema tributario “espantapájaros”, flaco favor le estamos haciendo a nuestros compatriotas desempleados.
El “quinto elemento”, el de atracción de inversiones, debería ser complementario del anterior. Pero de nuevo, los altos costos de operación y producción en nuestro país no parecieran ir en camino de reducirse. Y aquí vino incluida la novísima ocurrencia millenial del cultivo del cáñamo (el primo hermano de la marihuana), que según la visión presidencial debería ser mucho más rentable que el gas natural, el petróleo o cualquier mineral que tenga la fortuna de hallarse en nuestro subsuelo. No es muy realista imaginar que el cáñamo o el turismo multicolor tengan por sí solos el efecto mágico de levantar nuestra economía al nivel de Singapur, pero hemos visto que por alguna razón sí tienen el efecto de encender la imaginación de Zapote.
En sexto lugar, la iniciativa llamada “Neobanco” (que no debe tener nada que ver con “neoliberal” o ningún otro de los “neos” que en labios “progres” suelen anunciar alguna etiqueta maligna) viene a ser una especie de ventanilla digital para créditos rápidos y no muy grandes. La lógica de esta idea es la posibilidad de obtener recursos sin mucha vuelta. Otro tanto cabría decir de la inyección del BID a los emprendimientos turísticos, aunque hoy mismo CANATUR aseguraba que las medidas ofrecidas eran tardías e insuficientes. Habrá que ver si esos créditos se utilizan verdaderamente para los fines anunciados, algo que difícilmente se pueda controlar.
Lo más curioso, sin embargo, es lo que no se incluyó: la disminución del gasto público (causa última del exceso de impuestos que nos hundió en la crisis sin necesidad de coronavirus). No se ha tocado un colón de los ₡3.270 millones en cuotas de membresía de organismos internacionales (que bien deberían comprender la situación del COVID-19 como justificación), ni otras sumas fantásticas en programas de capacitación o “sensibilización” sobre los temas que sí interesan al Gobierno “heroico”. Tampoco se habló de una “reingeniería” o siquiera una reforma tímida en la estructura del “mega Estado”, que desahogue la presión sobre el ahorro del público. Todo esto brilló por su ausencia en el ominoso lenguaje de la “nueva normalidad” (el cual tampoco ha de haber impresionado mucho a la calificadora Fitch, a juzgar por la nota rebajada que publicó ayer mismo).
Digno de nota es que el inquilino de la Casa Presidencial vino a descubrir justo ahora que “la gente quiere trabajar”. ¡Algún día tenía que enterarse! Aunque sería más fácil creerle si tantos costarricenses no lleváramos todo ese tiempo hablando del problema del desempleo. Esperemos (aunque sin tanto optimismo, dados los antecedentes) que, ahora sí, sus palabras se traduzcan en acciones oportunas, y que para ocuparnos de lo realmente relevante “no nos deje el tren”.
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