No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, el salario escolar, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin.
Está claro que la imperfección de nuestras leyes obviamente proceden de la obvia imperfección de los legisladores que humildemente elegimos cada 4 años. No puede pretenderse que leyes perfectas sea el resultado de esos nuestros legisladores. Por esa razón, para la aplicación inmediata de las leyes, antes se recurría a la búsqueda del espíritu de la ley, se recurría a la búsqueda de las razones reales que se quería plasmar literalmente en cada ley específica, para defender al país, para defender a todos los costarricenses. Pero desde hace muchos años, a pesar de la obvia imperfección de nuestras leyes, ese espíritu de la ley debe ser reclamado ante la Sala IV mediante recursos diversos de inconstitucionalidad y otros tipos de reclamaciones, solo porque también, la Sala IV no actúa de oficio para defender a nuestro país y a todos los costarricenses. Tal vez ahora con el chatgpt se pueda lograr la perfección inmediata de las leyes.
Ahora resulta que no tenemos salarios de diez millones de colones. Solo pagamos salarios de hasta 8.3 millones, con obviamente, vacaciones, aguinaldo, pensiones de lujo y prestaciones legales correspondientes, dice el mismísimo rector de la mismísima Universidad de Costa Rica. También los alcaldes se acomodan a su gusto la reciente ley del empleo público y comienzan de inmediato a devengar el salario máximo de referencia definido para el presidente de la República, según informó hace pocos días un noticiero de la televisión nacional.
En Costa Rica no podemos seguir mal interpretando nuestras humildes leyes, dado que los recursos económicos de nuestro país solo provienen de dos únicas fuentes: de los diversos impuestos a las personas físicas y jurídicas y de la inmanejable e impagable deuda pública, con la enormidad también de sus intereses. Ahora resulta que también para mejorar la razón financiera de la deuda pública con el PIB, en el Ministerio de Hacienda han encontrado que es más fácil obtener una buena razón financiera, reduciendo la inversión social en la educación pública primaria y secundaria, reduciendo también el presupuesto en seguridad y no pagando la enormidad de deuda que existe desde hace muchos años con la Caja Costarricense del Seguro Social.
La gran mayoría de los problemas de Costa Rica se resolverían muy fácilmente si todas las auditorías internas, contralorías y demás instituciones de control de gasto público, por fin comprendieran que su trabajo es muy importante y necesario para nuestro país, aunque sus salarios y privilegios sean pagados por cada institución pública, su deber inicial y final es por y para Costa Rica, porque de lo contrario, nunca van a alcanzar ni todos los impuestos ni la enorme e inmanejable deuda pública para cubrir tantas y tantas fallas en el control de los gastos. Con más eficiencia no se perderían miles de millones de las bóvedas de un banco nacional. Con más eficiencia no habría tanta facilidad para evadir los controles en las adjudicaciones de tantas licitaciones públicas. Con más eficiencia los expedientes judiciales no estarían compitiendo en tardanza, con las listas de espera de la CCSS, etc, etc, etc.
