Los latinoamericanos tenemos una forma muy particular de tomar decisiones. El tiempo en la región transcurre de forma distinta al resto al mundo, decía Gabriel García Márquez. Aquí el reloj se detiene, los almanaques se estancan y se llenan de moho en muchas oficinas públicas.
En estos parajes tropicales tomamos las decisiones a fuego lento, despacito y consultando a todo el que sea posible.
El tema de la puntualidad merece otro artículo. Este es un mal arraigado en los genes del costarricense y urge una “cruzada nacional” educativa para fortalecer el valor de la puntualidad y la responsabilidad. La llamada “hora tica” es una oda a la irresponsabilidad.
Costa Rica que en algunos aspectos es diferente a la región latinoamericana, en temas de productividad, planificación oportuna, tiempos de ejecución y toma de decisiones, es el hermano mellizo.
Entre muchas autoridades, existe una paranoia a la hora de tomar decisiones. Se alegan asuntos de legalidad, que aunque sean inexistentes muchas veces, se convierten en el escudo predilecto del burócrata en negación, que se olvidó que es un servidor público, y obstaculiza cualquier trámite, arguyendo razones sinsentido. En este acápite no falta el burócrata que acostumbra a sacar la “chaqueta del muerto” para meter miedo a un compañero que está dispuesto a hacer avanzar un trámite de forma ágil.
El principio del derecho público que indica que “los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que la ley dice”, ha hecho a muchos funcionarios pretender que cualquier decisión que deban tomar, esté escrita en alguna norma jurídica de manera prácticamente literal. Este es una de las excusas predilectas de los llamados “mandos medios” tan de moda en estos días y que hacen que el engranaje del estado en Costa Rica esté atascado.
Simplemente hemos perdido la capacidad de tomar decisiones ágiles. Por eso nos sentimos sorprendidos y casi vemos como “milagrosos” los tiempos de ejecución de proyectos en Europa, Estados Unidos, Japón o China. Los miramos en redes sociales como si fuera algo fuera de este mundo, cómo en pocas semanas se resuelven problemas que aquejan a la gente, versus nuestra incapacidad para colocar un puente, sustituir una alcantarilla o tapar un hueco, por ejemplo. Esto tarda años en nuestro país.
Disfrazamos el temor a tomar las decisiones organizando congresos, simposios y conversatorios. Luego se contrata un consultor para que dé el insumo necesario, y aún con la recomendación del “experto” en la materia, se engaveta un tiempo “perentorio” en el escritorio. Cuando alguien reclama o aparece el sindicato, se eleva una consulta de emergencia a la asesoría legal y un año después se pide criterio a la Procuraduría General de la República, no sin antes por supuesto ver qué ha esgrimido la Contraloría General de la República sobre este asunto.
El paso siguiente es formar una comisión de notables para que analice todo y que vuelvan a proponer qué hacer. Hemos caído en parálisis por análisis.
La práctica de “judicializar” cualquier tema es materia exquisita para muchas autoridades, que recomiendan ellos mismos a los usuarios presentar un recurso de amparo para que la Sala Constitucional en sentencia firme, les dé la orden y los releve de tomar la decisión ellos.
De esta manera la Caja Costarricense de Seguro Social por ejemplo en vez de agilizar las citas, cirugías y reducir las listas de espera de las personas, se atiene a que la Sala Constitucional les dé el plazo obligatorio para realizar su función. Igual sucede en el MOPT, MEP, AyA, entre otros.
Urge una reingeniería del Estado costarricense. Poner mano dura a mandos medios y funcionarios que no son eficientes y atrasan trámites sin necesidad. Debe fortalecerse el régimen sancionatorio indudablemente. Esto no es políticamente correcto, pero es necesario. Existen sistemas modernos que permiten evaluar la gestión de plazos, teorías de colas y eficiencia terminal, que mucho ayudarían a empezar a poner coto y orden en la administración pública.
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