En el mundo de la estrategia política, en los últimos años se volvió casi rutina usar palabras como “autoritarismo”, “dictadura” o “fascismo” para atacar a un candidato o, más bien, para asustar a la gente y empujarla a votar desde el miedo. Antes, al menos en el discurso público, la política se jugaba más alrededor de quién parecía más preparado, más capaz o con mejores ideas. Hoy, en cambio, muchas campañas se han reducido a una competencia de quién es el “menos malo”, quién es el “menos dictador”. Y cuando el debate se encierra en ese marco, las consecuencias son reales, porque no solo se empobrece la conversación democrática en Costa Rica, sino que además se debilita la manera en que, a nivel internacional, entendemos y defendemos la democracia.
Esta práctica se vio con fuerza durante la primera campaña presidencial de Donald Trump en 2016, cuando se volvió común etiquetarlo de “dictador”, “fascista” o “autoritario” como fórmula repetida. Desde entonces, y aunque la experiencia ha mostrado que esa táctica muchas veces no funciona como se espera, se ha seguido usando el miedo como atajo, incluso sabiendo que el costo lo termina pagando el lenguaje político y, con él, la confianza pública. A partir de esto, la pregunta importante no es si una frase pega o no pega en redes, sino qué le hace al país cuando las palabras dejan de significar cosas concretas.
Para discutir esto sin gritos, primero hay que aterrizar los conceptos. Dictadura no es una palabra dramática para sonar fuerte: es una descripción de un tipo de régimen. La RAE la define como un “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”. Ahí hay criterios bien específicos: concentración del poder y represión de derechos y libertades, no solo decisiones impopulares o estilos bruscos. Si esas piezas no están, no estamos describiendo una dictadura, estamos usando la palabra como insulto.
Con el autoritarismo pasa algo distinto. La RAE habla de “actitud de quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella” y también de un “régimen o sistema político caracterizado por el exceso o abuso de autoridad”. O sea, el autoritarismo puede ser un estilo, una tentación o prácticas dentro de un sistema que todavía tiene elecciones, división de poderes y prensa crítica, aunque funcione mal o se tense. Que un gobierno haga cosas autoritarias puede ser grave y criticable, claro, pero no equivale automáticamente a dictadura, porque dictadura implica concentración total del poder y represión estructural, no solo políticas públicas que no les gusten.
Y con fascismo pasa algo parecido. La RAE lo define primero como el movimiento histórico surgido en Italia que gobernó entre 1922 y 1945, y también recoge un uso más general como “actitud autoritaria y antidemocrática”. El problema aparece cuando esa palabra se convierte en etiqueta para cualquier cosa que molesta. Cuando todo termina siendo “fascismo”, la palabra deja de decir algo específico; ya no distingue entre un desacuerdo fuerte, una política dura, un gobierno torpe o un régimen con culto al líder, partido único y persecución organizada. Esa inflación del lenguaje no solo le falta el respeto a la historia, también nos deja desarmados para reconocer lo realmente peligroso cuando aparezca.
Con ese marco, es más fácil ver el punto central: en Costa Rica se volvió casi reflejo decir que “si gana Laura Fernández viene la dictadura”, solo por ser vista como continuidad del oficialismo. El problema de lanzar esas frases no es únicamente que muchas veces no funcionan y hasta pueden fortalecer al mismo oficialismo. Es algo más profundo, la gente se acostumbra a escuchar esos términos como si fueran parte del vocabulario cotidiano, dichos a la ligera, repetidos hasta quedar vacíos. Y cuando “todo” es así de peligroso, al final nada lo es.
Esa banalización tiene un efecto peligroso, porque le abre el camino a futuros líderes realmente autoritarios. Si algún día alguien intenta de verdad concentrar poder, debilitar controles y recortar libertades, el país llegará con las alarmas gastadas. La costumbre de exagerar convierte las advertencias en ruido, y ese ruido termina normalizando lo que antes habría parecido inaceptable. Así se borra la línea entre una democracia imperfecta y un régimen que efectivamente reprime y manda sin frenos, y cuando esa línea desaparece, perdemos todos porque ya no sabemos cómo nombrar el peligro justo cuando de verdad aparece.
Por eso, si alguien quiere advertir, que lo haga con hechos: cuáles controles se están debilitando, qué instituciones se están capturando, qué libertades se están recortando, qué reformas concretas apuntan a concentrar poder. Si no puede mostrar eso, entonces no está haciendo una alerta democrática, está haciendo propaganda para asustar. Y ese atajo, por más tentador que sea, alimenta la misma cultura política que después hace más fácil tolerar abusos reales.
En esa confusión también se mete otro error frecuente: convertir debates normales de política pública en pruebas de “fascismo”. Querer calles seguras, apoyar penas más duras para delitos violentos, estar en contra de bloqueos en carretera, pedir control fronterizo, exigir deportación de criminales extranjeros, ordenar la migración, pedir una policía bien equipada, castigar al narco o impulsar escáneres en puertos son discusiones de orden público que existen en democracias de muchos signos. Se vuelven autoritarias no por el tema en sí, sino por el cómo: si se ignora el debido proceso, si se crean excepciones permanentes, si se castiga selectivamente o si se normalizan abusos sin controles.
Con educación y cultura pasa lo mismo. Pedir que el MEP se enfoque en matemáticas y lectura, exigir evidencia antes de política pública, defender el debate con datos o criticar sesgos en universidades puede ser parte de una conversación democrática legítima. Lo antidemocrático sería imponer una línea única desde el poder, perseguir la disidencia, censurar o convertir instituciones en instrumentos para callar al que piensa distinto. Ahí es donde está la frontera que de verdad importa.
En economía y Estado también sucede constantemente. Defender el mérito, pedir rendición de cuentas, combatir la corrupción, exigir eficiencia, cuestionar privilegios del sector público, criticar sindicatos cuando paralizan servicios, o plantear menos trámites y más espacio para emprender no es “culto al poder”. Es discutir modelo económico, tamaño del Estado y calidad del gasto. En democracia eso se debate con números, resultados y reglas claras, no con etiquetas dramáticas y estigmatizantes.
Y en libertades civiles, la discusión se vuelve todavía más delicada, precisamente porque ahí sí aparecen riesgos reales si se cruzan límites. Defender la libertad de expresión, sostener ideas impopulares, criticar tendencias culturales como la cultura “woke”, oponerse al lenguaje inclusivo o disentir de agendas identitarias no es fascismo. Lo que sí sería peligroso es usar el Estado para castigar opiniones, acallar medios, intimidar opositores o construir enemigos internos para justificar persecución. Otra vez, no es la palabra bonita o fea, es el uso del poder.
En esta misma línea, la continuidad política por sí sola no es evidencia de dictadura. Costa Rica ya ha tenido periodos de gobiernos consecutivos del mismo partido y no por eso se suspendieron elecciones, se cerró el Congreso o desaparecieron los controles. Veamos como ejemplo los últimos seis gobiernos. En 1998 se declaró electa la fórmula del Partido Unidad Social Cristiana con Miguel Ángel Rodríguez para 1998–2002, y en 2002 de nuevo la del PUSC con Abel Pacheco para 2002–2006. Eso fue continuidad partidaria de 8 años. Luego, el TSE declaró electa la fórmula del PLN con Óscar Arias para 2006–2010, y en 2010 la del PLN con Laura Chinchilla para 2010–2014. Más tarde, el PAC encadenó también dos gobiernos: el TSE declaró electa la fórmula del PAC con Luis Guillermo Solís para 2014–2018, y en 2018 la del PAC con Carlos Alvarado para 2018–2022.
Por lo que nos queda claro que la continuidad, por sí sola, no prueba nada de lo que significan “dictadura” o “fascismo”.
Costa Rica no necesita campañas basadas en palabras infladas, necesita ciudadanos que entiendan la diferencia entre un gobierno que no les gusta y un régimen que les quita la voz. Trivializar el lenguaje no es un accidente, es un negocio redondo. Si todo es “dictadura”, cualquiera puede venderse como “resistencia”, cualquier comentario se vuelve “valiente” y cualquier medio o influencer puede ordeñar indignación a punta de asustar a las personas.
Es propaganda disfrazada de defensa democrática porque no exige pruebas, no aguanta matices y, cuando le pedimos hechos, se ofenden como si pedir evidencia fuera “complicidad”. Al final, el país paga la factura doble, porque se normaliza el grito y se pierde el termómetro. Y cuando aparezca alguien que sí quiera el poder de verdad, va a entrar con la alfombra roja puesta por los mismos que se pasaron años usando “dictadura” como muletilla para ganar atención. Si todo es “dictadura”, ya nada lo es, y ese es exactamente el negociazo.
