Otra vez tiene el gobierno que negociar cuántos miles de millones de colones más, vienen a pedir los rectores de las universidades públicas para garantizarse su futuro y el de sus repúblicas independientes. Esperemos que esta vez los diputados recuerden que la prioridad de Costa Rica es, nunca más seguir abandonando a la educación pública primaria y secundaria. Los niños y los jóvenes, ese sí es el futuro de Costa Rica. Para qué universidades públicas con edificios y privilegios salariales de primer mundo y más allá, con escuelas y colegios de enseñanza pública primaria y secundaria en abandono. Ya hasta las últimas noticias dicen que estas generaciones de estudiantes vienen peor preparados que las anteriores, se habla hasta de generaciones perdidas de estudiantes.
Aun con inflación, las universidades públicas deberían ser solidarias con el resto de los costarricenses. Y si no hay inflación. La tal negociación con las universidades publicas es muy facil. No hay aumento del FEES. No tenemos salarios de diez millones de colones. Solo pagamos salarios de hasta 8.3 millones de colones, con obviamente, vacaciones, aguinaldo, pensiones de lujo y prestaciones legales correspondientes, anualidades, escalafones, régimen de dedicación exclusiva, etc, etc. etc., dice el mismísimo rector de la mismísima Universidad de Costa Rica. También los alcaldes se acomodan a su gusto la reciente ley del empleo público y comienzan de inmediato a devengar el salario máximo de referencia definido para el presidente de la República, de más de 5 millones de colones, según informó hace pocos días un noticiero de la televisión nacional.
En vista de que a las universidades públicas no les interesa, es necesario que por lo menos, los diputados si interpreten correctamente, dentro de la realidad actual de un pequeño país como Costa Rica, el artículo de la Constitución Política que se refiere a financiar hasta un 8% del PIB a la educación pública, porque está clarísimo que los resultados de infraestructura, académicos, de informática y del idioma inglés de la enseñanza pública primaria y secundaria, están muy por debajo de los niveles altísimos del gasto de las universidades públicas. Deberían existir razones técnicas y científicas actualizadas que respalden ese 8% para un pequeño país de muy escasos recursos como Costa Rica, además de exigir informes, por lo menos semestrales al FEES que analicen y respalden el uso adecuado de esos miles de millones de colones.
En Costa Rica no podemos seguir mal interpretando nuestras humildes e imperfectas leyes, dado que los recursos económicos de nuestro país solo provienen de dos únicas fuentes: de los diversos impuestos a las personas físicas y jurídicas y de la inmanejable e impagable deuda pública, con la enormidad también de sus intereses. Ahora resulta que también para mejorar la razón financiera de la deuda pública con el PIB, en el Ministerio de Hacienda han encontrado que es más fácil obtener una buena razón financiera, reduciendo la inversión social en la educación pública primaria y secundaria, reduciendo también el presupuesto en seguridad y no pagando la enormidad de deuda que existe desde hace muchos años con la Caja Costarricense del Seguro Social.
Las universidades públicas no deben seguir siendo repúblicas independientes para sus gastos si siempre van a seguir siendo dependientes de los miles de millones de colones que les tienen que dar todos los gobiernos de turno, todos los años, sólo para diz que cumplir con ese artículo de la Constitución y su cantaleta sin fundamento de la tal autonomía. La educación pública universitaria debería hasta producir muchos de los ingresos que necesita y, en todo caso, la prioridad para Costa Rica, debe ser por fin, la calidad de la enseñanza pública primaria y secundaria. La Sala IV debería también tener entre sus prioridades, por fin, estar actualizando día a día, la aplicación e interpretación única, correcta y más apropiada de la Constitución Política de Costa Rica y de las leyes en general. Ya hace varios años modificaron un artículo para permitir la innecesaria reelección presidencial, así que sí se pueden modificar todos los artículos que sean necesarios para beneficio de todos los costarricenses.
