El pasado 3 de febrero de 2025, durante la sesión ordinaria número 96 de la Asamblea Legislativa, los llamados “padres y madres de la patria” protagonizaron un espectáculo bochornoso que dista mucho de la dignidad que debería caracterizar al Primer Poder de la República. Lejos de debatir propuestas constructivas, los diputados se enfrascaron en una confrontación que recordó más a una pelea callejera que a una deliberación parlamentaria. Insultos, recriminaciones y la exposición de trapos sucios fueron la tónica de una sesión que se prolongó por cuatro horas, tiempo y recursos que pertenecen al pueblo costarricense.
Resulta alarmante observar cómo fracciones como el Frente Amplio, el Partido Liberación Nacional y, en menor medida en esta ocasión, el Partido Liberal Progresista, se prestan a este tipo de espectáculos. Particularmente decepcionante fue la actuación de la diputada Dinorah Barquero, quien, pese a proclamarse defensora de la no violencia política, se convirtió en protagonista de este lamentable episodio.
Estos son los individuos que supuestamente velan por los intereses del país, aquellos en quienes depositamos nuestra confianza para mejorar indicadores críticos como la seguridad, la educación y la salud. Sin embargo, su comportamiento dista mucho de lo esperado. Debería causarles vergüenza proclamarse representantes del pueblo, pero parece que desconocen el significado de esa palabra.
El ciudadano es el soberano en una democracia, y es imperativo recordarles a estos diputados que su mandato emana del pueblo. La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 105 que “la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio”. Esta delegación no es un cheque en blanco; implica una responsabilidad que, evidentemente, muchos han olvidado.
Es momento de que la ciudadanía ejerza su soberanía y exija rendición de cuentas a quienes dicen representarla. Mecanismos como el referéndum, la iniciativa popular y la revocatoria de mandato, aunque poco utilizados, están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico y deben ser herramientas activas para garantizar que los intereses del pueblo prevalezcan sobre las agendas personales.
La percepción ciudadana sobre la Asamblea Legislativa es cada vez más negativa. Según una encuesta del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, los diputados obtuvieron una calificación de 5,38 sobre 10 en cuanto a su preocupación por resolver las necesidades de la ciudadanía, y una nota de 4,57 en cuanto a qué tan representada se siente la población por ellos.
Y aquí es donde entra en juego la verdadera reflexión: ¿seguiremos eligiendo con la misma inercia, o asumiremos la responsabilidad de votar de forma consciente y crítica? La próxima legislatura no será distinta si el soberano —el pueblo— no despierta de la apatía y comprende que su poder no termina en las urnas, sino que comienza ahí. No se trata solo de elegir representantes; se trata de escoger ideas, de erradicar los debates personalistas y de apostar por propuestas que realmente resuelvan los problemas que nos afectan a todos.
El Plenario no debería ser un campo de batalla de egos, sino el espacio donde se construyen las soluciones para una Costa Rica más próspera. La decisión está en manos de cada uno de nosotros. No dejemos que la historia se repita por falta de memoria o por indiferencia. La próxima vez que tengamos el poder del voto, recordemos quiénes nos fallaron y qué país queremos construir. Porque al final, la Asamblea Legislativa solo será el reflejo de la conciencia de su pueblo.
