La Sala Constitucional de Costa Rica emitió la sentencia Sentencia: 008201-25, una resolución que redefine las reglas del juego en el ámbito del empleo público costarricense. La decisión judicial aborda la constitucionalidad de varios artículos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Nº 9635). Sus efectos tienen un alcance significativo tanto para los funcionarios públicos como para el desempeño fiscal y económico del país.
Este fallo representa un punto de equilibrio entre la necesidad del Estado costarricense de asegurar la sostenibilidad de sus finanzas y la obligación constitucional de respetar los derechos laborales de los trabajadores públicos. Sin embargo, las repercusiones van más allá del plano jurídico y generan efectos económicos que inciden directamente en el riesgo país y la estabilidad macroeconómica.
Un fallo que reafirma el control sobre el gasto público
La sentencia de la Sala Constitucional mantiene vigentes muchas de las restricciones que introdujo la Ley 9635 respecto al crecimiento de los pluses salariales en el sector público, como las anualidades y la prohibición de negociar incrementos salariales en convenciones colectivas más allá de los límites impuestos por la ley. Aunque se declararon inconstitucionales algunos artículos y transitorios de la normativa, en su mayoría la Sala ratificó que la aplicación de las normas de contención salarial es válida para las instituciones no excluidas del régimen de la Ley 9635.
Desde la perspectiva fiscal, esto implica que se refuerzan los objetivos de contención del gasto público. En un contexto donde el gasto en remuneraciones ha sido históricamente uno de los componentes más rígidos del presupuesto nacional, este fallo ayuda a consolidar la disciplina fiscal, lo que es visto favorablemente por los organismos financieros internacionales y las agencias calificadoras de riesgo.
Riesgo país y estabilidad económica: señales mixtas
La implementación de topes a los incentivos salariales y la conversión de pagos variables en montos fijos (calculados sobre la base de enero de 2018) han sido medidas clave para reducir el ritmo de crecimiento de la masa salarial del Estado. Esto contribuye a la consolidación fiscal y envía señales de responsabilidad a los mercados internacionales. Como resultado, podría observarse una mejora en los indicadores de riesgo país, especialmente si estas políticas permiten mantener la relación deuda/PIB en niveles sostenibles.
Sin embargo, existe un riesgo asociado al eventual debilitamiento del diálogo social. La limitación a la negociación colectiva podría generar tensiones en el ambiente laboral del sector público. Si estas derivan en conflictos o huelgas prolongadas, podrían afectar la percepción de estabilidad política y social del país, un componente que incide directamente en las calificaciones de riesgo soberano.
Beneficios para los funcionarios públicos: seguridad jurídica y derechos protegidos
A pesar de las restricciones impuestas por la Ley 9635, la sentencia reafirma el principio de respeto a los derechos adquiridos de buena fe. Las anualidades ya devengadas y las condiciones laborales previamente pactadas en convenciones colectivas vigentes al momento de la entrada en vigor de la reforma están protegidas. Además, la Sala determinó que los funcionarios públicos que pueden celebrar válidamente convenciones colectivas seguirán teniendo espacio para la negociación, aunque sujeta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y a la supervisión del uso de los recursos públicos.
Esto ofrece certeza jurídica a los trabajadores, quienes saben que sus derechos no serán desconocidos retroactivamente. También se resguarda el sistema de méritos en el empleo público, evitando la desaparición de incentivos importantes para la productividad y la permanencia en el servicio.
Un paso hacia el equilibrio entre disciplina fiscal y derechos laborales
La sentencia representa una decisión que busca balancear dos intereses fundamentales: el fortalecimiento de la estabilidad fiscal y la protección de los derechos laborales en el sector público. Mientras que la contención del gasto en remuneraciones públicas contribuye a una mayor estabilidad macroeconómica, la protección de ciertos derechos laborales evita un deterioro del clima social y laboral que podría amenazar ese mismo equilibrio.
El reto de Costa Rica será mantener el camino de la responsabilidad fiscal sin erosionar el diálogo social ni la confianza de los trabajadores públicos en el sistema. A largo plazo, cualquier política de reforma del empleo público deberá fundamentarse en principios de sostenibilidad, equidad y eficiencia.
