La escena sería cómica si no fuera tan irresponsable. Ocho expresidentes, convertidos en consejo de ancianos de la República, reciben a una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), proclaman “preocupantes señales de deterioro” de la libertad de prensa y, con solemnidad de dueños vitalicios de la conciencia nacional, hacen un llamado al país.
Conviene detener la procesión antes de que el incienso impida ver los hechos. No son ellos quienes deben llamar la atención a Costa Rica. Somos los costarricenses quienes debemos llamarles la atención a ellos.
Que hablen cuanto quieran. Este es un país libre y hasta la arrogancia jubilada y anquilosada está protegida por la Constitución. Lo que se acabó es la obligación de reverenciarlos. Haber ocupado la Presidencia no confiere una magistratura perpetua ni convierte una biografía discutible en oráculo. Tienen derecho a opinar y a reunirse con la SIP, pero no a ser creídos sin examen ni a presentar su coincidencia como veredicto nacional.
Su relato parte de una manipulación elemental. Confunde crítica con censura, réplica con hostigamiento y regulación con asfixia. Cuando un medio golpea al Gobierno se llama fiscalización. Cuando el Gobierno responde se llama ataque. Cuando un periódico acusa se invoca la democracia. Cuando alguien desnuda sus intereses se llama a la SIP. Esa asimetría no defiende la libertad de expresión. Intenta conservar el antiguo privilegio de hablar sin que nadie conteste.
La Constitución desbarata ese privilegio con una palabra. El artículo 29 dispone que “todos” pueden comunicar sus pensamientos sin censura previa. Todos, no solo periodistas, propietarios de medios o gremios. La libertad de expresión no es una avenida privada de una sola vía. Protege la crítica, la contracrítica y la respuesta que incomoda, les guste o no.
La molestia del contradicho no convierte la réplica en acoso. Para hablar seriamente de persecución hay que probar censura previa, clausura, amenazas, represalias ilegales o uso abusivo del aparato público para impedir una publicación. Las amenazas reales deben sancionarse, pero una respuesta áspera no se transforma por alquimia retórica en censura. Tampoco puede atribuirse al Gobierno toda reacción ciudadana sin demostrar participación estatal. El desacuerdo popular no es una milicia digital y la ciudadanía no es propiedad editorial de nadie.
Los datos, menos impresionables que los expresidentes, desmienten la caricatura. Freedom House calificó a Costa Rica en 2026 como país libre con 91 puntos sobre 100 y otorgó la máxima puntuación a los medios libres y la expresión política sin represalias. Aunque critica al Gobierno, Reporteros Sin Fronteras sitúa al país 38 de 180 y reconoce diversidad, solidez jurídica y ausencia de violencia, vigilancia o encarcelamiento sistemáticos. En 2026 registra cero periodistas asesinados y cero detenidos.
¿Dónde está entonces la prensa silenciada? La Nación, CRHoy, Teletica y otros medios cuestionan diariamente al Gobierno, mientras proliferan medios digitales y ciudadanos que examinan a los viejos intermediarios. No existe silencio. Existe disputa. Lo que algunos grandes medios perdieron no fue la libertad. Perdieron el monopolio de la voz y confunden el final de su monólogo con el final de la democracia.
Walter Lippmann explicó los “pseudoentornos” que moldean la opinión pública. Edward S. Herman y Noam Chomsky mostraron cómo propiedad, publicidad y fuentes filtran lo visible. John Stuart Mill advirtió la pobreza de conocer un solo lado. La democracia necesita prensa libre y ciudadanos igualmente libres para interrogarla.
Por eso “prensa canalla” no describe a todo el periodismo, sino una conducta. Es canalla el medio que sustituye información por militancia encubierta, oculta lo que contradice su agenda, disfraza intereses comerciales de libertades públicas y llama persecución a toda respuesta que le arranque la máscara de árbitro neutral.
La supuesta “asfixia financiera” denunciada por los expresidentes es retórica sin prueba. El Estado no tiene un deber general de financiar empresas periodísticas, aunque tampoco puede usar la pauta para castigar una línea editorial. La ilegalidad o la venganza deben probarse. Una regulación sanitaria o una decisión de gasto no demuestran persecución. Los ocho sustituyen la evidencia por un adjetivo dramático y esperan que la fotografía haga el resto.
Parque Viva tampoco es escritura sagrada. La mayoría vinculó el cierre de un centro de espectáculos del mismo grupo empresarial con una lesión indirecta a la libertad de prensa de La Nación. La sentencia obliga, pero el salto causal y el remedio admiten severa crítica. No se cerró una redacción. ¿Desde cuándo una unidad comercial del conglomerado se convierte en prolongación constitucional de la prensa? Esa inmunidad por ósmosis corporativa sería muy cómoda. La magistrada Anamari Garro salvó parcialmente el voto sobre la anulación de las órdenes sanitarias. Recordarlo no es desacato. Es pensamiento crítico.
Algo semejante ocurre con el Decreto Ejecutivo 45870 MSP sobre secreto de Estado. Existen impugnaciones, pero ninguna sentencia definitiva lo ha declarado inconstitucional. Una acción planteada no es un fallo y una opinión de la SIP no sustituye a la Sala Constitucional. El artículo 30 exceptúa los secretos de Estado y el artículo 16 de la Ley General de Policía reserva informes internos de la DIS. Esa base no valida toda la amplitud del decreto, pero impide fingir que carece de sustento normativo.
El decreto puede ser revisado o anulado por el tribunal competente. Lo deshonesto es exhibirlo ya como prueba de autoritarismo, como si los medios tuvieran derecho ilimitado a conocer operaciones e identidades. La detención de dos jueces y una agente judicial de Pococí, bajo presunción de inocencia, y la extradición de Celso Gamboa para enfrentar cargos aún no juzgados no validan el decreto. Sí impiden tratar el riesgo de infiltración criminal como fantasía. Fiscalización no significa exposición universal. Revelar la arquitectura de inteligencia sería entregarle al enemigo el plano de la casa y luego organizar un seminario sobre por qué entró a robar.
La SIP tampoco es el tribunal neutral que algunos venden. Su página incluye entre sus objetivos proteger los intereses de la prensa y los medios. Es una asociación sectorial con intereses gremiales, no la Corte Interamericana ni una relatoría de las Naciones Unidas.
El solapamiento de roles está a la vista. La Junta de la SIP incluye a Ignacio Santos, de Teletica, Armando González, de CRHoy, y Berlioth Herrera, del Grupo El Observador. Su presencia no prueba control, pero impide vender las opiniones de la SIP como veredicto exterior ajeno al entorno. No hace falta inventar una conspiración. La circularidad basta. El CPJ es distinto, pero acompañar la misión no convierte testimonios seleccionados en verdad judicial. Si la SIP exige transparencia, que publique su agenda, criterios, evidencia y conflictos de interés.
Y llegamos al cónclave de expresidentes. Sus historiales no son homogéneos y sería falso afirmar que todos fueron condenados. Precisamente por respeto a la verdad deben distinguirse las situaciones. Rafael Ángel Calderón Fournier tiene una condena firme por peculado en el caso Caja Fischel. Durante el Gobierno de Óscar Arias se produjo y envió a su despacho el Memorándum Casas Sánchez, que recomendaba estimular el miedo para favorecer el Sí en el referendo del TLC. Laura Chinchilla sancionó la Ley 9048, bautizada “Ley Mordaza” por sus efectos potenciales sobre periodistas y posteriormente reformada. La Sala Constitucional declaró inconstitucional la creación de la UPAD durante la Administración de Carlos Alvarado por vulneraciones relacionadas con la autodeterminación informativa y la reserva de ley.
No es un inventario exhaustivo, hay muchísimo más. Es una cura mínima contra la amnesia. Quienes administraron durante décadas el sistema político no pueden entrar a una reunión con la SIP, borrar sus expedientes y salir revestidos de pureza republicana. Menos aún pueden hablarle al país como autoridad moral colegiada. La Presidencia fue un mandato temporal, no un título nobiliario transmisible hasta la tumba.
Costa Rica no necesita certificados de democracia expedidos por quienes confunden sus intereses con los del país. Es libre porque grandes medios, alternativos, opositores, oficialistas y expresidentes pueden decir cuanto quieran, y muy especialmente porque los ciudadanos podemos contestarles. La libertad de expresión no incluye impunidad discursiva.
Ellos llaman “deterioro” a que el poder mediático reciba respuesta, “hostigamiento” a que el ciudadano contradiga y “asfixia” a medidas cuya ilegalidad no probaron. Llaman “misión internacional” a una visita en la que un gremio escucha al mismo entorno que formula la denuncia. ¿Y la contraparte?
La Tercera República no silenciará al periodismo, pero tampoco se arrodillará ante él. No expulsará a los expresidentes del debate, pero les retirará el pedestal. No impedirá que la SIP se meta a opinar, pero rechazará que un gremio se disfrace de tribunal supranacional.
Señores expresidentes, ustedes hicieron un llamado a Costa Rica. Costa Rica les responde. Son ciudadanos sin mandato vigente. Hablen y acepten la réplica. Revisen sus gobiernos antes de repartir admoniciones y permitan que una nueva República surja sin la tutela fatigada del antiguo directorio político y mediático.
Aquí no existe una prensa silenciada. Hay una prensa contradicha. No hay ciudadanos sometidos. Hay ciudadanos que dejaron de obedecer editoriales. No hay una democracia agonizante. Hay una democracia que por fin aprendió a responder.
Lo demás es nostalgia del monopolio, convenientemente envuelta en una bandera de libertad.
