Hace unos días, vimos como el crimen organizado en la provincia de Limón acabó con la vida de 5 personas, personas civiles, inocentes, que no tenían nada que ver con las bandas criminales que a diario se enfrentan por poder o venganza en Limón. Lo más preocupante y que no podemos dejar pasar de lado, es que la lucha por la droga empiece a cobrar la vida de personas inocentes.
El narcotráfico y el crimen organizado están afectando a miles de familias costarricenses, pero especialmente destrozando nuestra juventud y niñez, incidiendo directamente en el futuro del país, y las nuevas generaciones que reclaman espacios para crecer y educarse en un entorno de paz y seguridad.
Los últimos gobiernos han establecido como prioridad la promoción de la paz social, la convivencia ciudadana, la seguridad pública y la prevención del delito, pero a la fecha esos esfuerzos no han sido suficientes, quizás porque la receta a la solución del problema no sólo lleva como propuesta el componente policial sino la suma de todos y todas.
Sin embargo, quiero alzar la voz como diputada, pero especialmente como costarricense y pedirle al Gobierno de la República que destine y fortalezca el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, todos los recursos económicos, para contratar los policías que sean necesarios para mejorar el servicio y tener la capacidad de atender los temas policiales que le son propios.
Es notorio que la realidad criminal, la violencia y la proliferación de narco estructuras locales y foráneas que están operando por la región y en nuestro territorio, ya están empezando a sobrepasar las capacidades operativas de nuestras policías, y esa realidad es muy grave, es sumamente grave, porque en la medida en que nos quedemos sin la contención y la respuesta policial, es prácticamente entregarnos a la droga y a la violencia.
El país nos está pidiendo más policías y más recurso para Seguridad Pública y la solución no solamente está en el gobierno sino también en este congreso.
La realidad de la Fuerza Pública es que hoy cuenta con 11350 policías, pero es peor aun cuando se distribuye ese recurso entre incapacidades, vacaciones y 5 diferentes roles para tener presencia 24 horas, esos números reales en verdad son alarmantes.
Esta Asamblea Legislativa debe asumir con responsabilidad su papel como Primer Poder de la República, y dar vía rápida al Expediente 19.818, impuesto a las personas jurídicas, cuyos dineros recaudados tienen por Ley un destino específico: 5% de la recaudación del impuesto sería asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social.
El otro 95% de lo recaudado se destinaría para los programas de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia del Ministerio de Seguridad.
Es un hecho que la ausencia de policías va a generar más delincuencia y más microtráfico en los barrios, afectando directamente al ciudadano.
La falta de presupuesto para contratar policías va a afectar el servicio y el patrullaje en todos los barrios del país, porque no habrá choferes de patrullas y motos, no habrá policías en las delegaciones, los tiempos de respuesta de la policía serán mayores y esto hará que la Policía brinde un servicio poco eficiente.
La proyección para el año venidero no es muy alentadora, la falta de policías será más desoladora, pues el faltante se proyecta a 3000 policías. Sería lamentable ver el cierre de muchas delegaciones y subdelegaciones por la carencia de personal y esto está relacionado a que la dinámica delictiva va a tener un crecimiento acelerado.
Es necesario definir y ejecutar acciones para prevenir la violencia y la delincuencia, proponer reformas a la legislación vigente que se consideren necesarias para mejorar la seguridad ciudadana, reducir la criminalidad y la violencia en las personas, así como la puesta en marcha de políticas de prevención, estrategias y acciones que sean efectivas y sostenibles para nuestra sociedad.