Después de haber servido durante siete años en el Ministerio de Justicia, primero como viceministro y posteriormente como ministro, aprendí que las políticas penitenciarias deben juzgarse menos por la identidad de quienes las impulsan y más por sus efectos concretos sobre la seguridad, la institucionalidad y la rehabilitación. Por esa razón, aunque no comparta algunos estilos o enfoques del actual gobierno, considero justo reconocer los aspectos positivos asociados a la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) y a las medidas complementarias anunciadas en ese contexto.
Más aún, considero que esta obra constituye un fruto concreto de una política pública de largo plazo que ha trascendido administraciones y partidos políticos, pese a los períodos en los que se relajó la política de seguridad. El fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria y de seguridad ha sido posible gracias a decisiones adoptadas durante distintos gobiernos, entre ellas importantes programas de inversión financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que permitieron modernizar las capacidades institucionales en los ministerios de Justicia y Paz y de Seguridad Pública. Señalar esta continuidad no pretende restar mérito ni a la administración anterior ni a la actual; por el contrario, demuestra que los avances más importantes del país son aquellos que logran consolidarse como políticas de Estado.
Costa Rica enfrenta uno de los mayores desafíos de seguridad de su historia reciente. El crecimiento del narcotráfico, el sicariato y otras manifestaciones del crimen organizado exige respuestas firmes y sostenibles. En este contexto, el CACCO constituye una herramienta necesaria para impedir que los líderes criminales continúen operando desde prisión.
Su relevancia, sin embargo, va más allá de la contención de los delincuentes más peligrosos. El CACCO fortalece el control estatal sobre el sistema penitenciario y contribuye a reducir el hacinamiento, al permitir una mejor clasificación de la población privada de libertad, mayores niveles de seguridad y mejores condiciones para la rehabilitación.
Precisamente por tratarse de una materia tan sensible, la discusión sobre política penitenciaria y derechos humanos debe sustentarse en información técnica, jurídica y estadística, y no en consignas ni en la manipulación emocional del debate público. Un sistema penitenciario seguro, ordenado y capaz de ofrecer oportunidades de reinserción constituye una mejor garantía para los derechos humanos que uno dominado por el hacinamiento, la violencia o la improvisación.
Reconocer estos avances tampoco implica ignorar los desafíos. Los sistemas penitenciarios están permanentemente expuestos a riesgos de corrupción, infiltración criminal, violencia, fugas o tragedias humanas. Por ello, junto a la inversión en infraestructura, deben fortalecerse los mecanismos de supervisión, transparencia, así como las medidas para corregir las malas prácticas.
También merecen reconocimiento los programas de vivienda y crédito anunciados para la policía penitenciaria. Facilitar mejores condiciones de vida a quienes desempeñan una de las labores más complejas del servicio público constituye una inversión en estabilidad institucional y seguridad.
Esta es, además, una ocasión propicia para reconocer al conjunto del funcionariado penitenciario. Policías, profesionales técnicos, trabajadores sociales, psicólogos, orientadores, personal médico, administrativo y de apoyo sostienen diariamente una tarea esencial para el Estado. Durante mis años en el Ministerio de Justicia pude constatar su profesionalismo y compromiso. Ninguna reforma tendrá éxito sin su dedicación cotidiana.
Igualmente valioso resulta el programa “Cero Ocio”. Las cárceles no deben ser únicamente espacios de custodia, sino también de formación y preparación para la vida en libertad. El trabajo penitenciario fomenta la disciplina, facilita la adquisición de habilidades útiles para la reinserción y contribuye a reducir la conflictividad dentro de los centros penales.
Las experiencias internacionales demuestran que no existe un único modelo para enfrentar la criminalidad. Incluso los sistemas más rigurosos de contención han debido incorporar mecanismos de reinserción gradual. Por ello, las decisiones recientes adoptadas por el gobierno de Nayib Bukele respecto de determinados privados de libertad en el CECOT no deberían utilizarse para descalificar los esfuerzos que realiza Costa Rica para fortalecer su propio sistema penitenciario. Seguridad y reinserción no son conceptos incompatibles.
Del mismo modo, ninguna estrategia de seguridad será sostenible sin políticas sociales, educativas, económicas, culturales, deportivas, urbanísticas y de salud que atiendan las causas profundas de la violencia. Sin embargo, tampoco podemos permitirnos la ingenuidad de descalificar los esfuerzos que hoy se realizan para contener una ola criminal sin precedentes. La prevención y la contención son complementarias, no excluyentes.
La inauguración del CACCO, el fortalecimiento de las condiciones de la policía penitenciaria y la promoción del trabajo penitenciario reflejan una visión que combina seguridad, dignidad institucional y rehabilitación. Más allá de las legítimas diferencias políticas, estas iniciativas merecen ser respaldadas porque contribuyen a un sistema penitenciario más seguro, más humano y más eficaz, y porque responden a una obligación fundamental del Estado: proteger a la ciudadanía sin renunciar a los principios del Estado de Derecho.
