Ya tenemos mes y medio sin ministro de la Presidencia y ahora dice el señor presidente de nuestro país que de todas maneras, si se reelige el actual presidente de la Asamblea Legislativa, él no nombrará a nadie a cargo de ese Ministerio por lo que resta de este gobierno. Nos preguntamos entonces, ¿se justifica o no se justifica la existencia del Ministerio de la Presidencia como otro de los tantos ministerios de nuestra democracia? Recordemos que con el nuevo presidente, se empezó gobernando desde el Poder Ejecutivo, sólo con decretos, sin necesidad de la existencia del Poder Legislativo ni del Ministerio de la Presidencia. Así las cosas, debimos haber aprovechado de una vez la oportunidad para depurar al Poder Legislativo, empezando por reducir la cantidad excesiva de diputados a la mitad, a un máximo de 29, por decreto o por referéndum, así como economizarnos la existencia del Ministerio de la Presidencia.
Por otro lado, recordemos también que la elección o reelección del presidente de la Asamblea Legislativa no depende de esa persona ni de su partido, porque no hay un partido con la mayoría necesaria. Está claro que esa decisión la toma una mayoría de diputados provenientes, necesariamente, de varios partidos, como hemos visto en las elecciones anteriores. Necesitamos que por fin, todas las instituciones públicas hagan lo que se supone tienen que hacer. Obvio. Pero siguiendo los procedimientos y leyes establecidas. Lo contrario es anarquía. Muy importante el tema este de defender la institucionalidad de nuestro país.Pero también es muy necesario fortalecer los controles internos y externos para que todas nuestras instituciones públicas sigan cumpliendo con sus objetivos, propósitos y metas para las que fueron creadas, en beneficio de todos los costarricenses. Hace muchos años todas las instituciones públicas se preocuparon por definir y poner por escrito, la visión y la misión de cada institución. Ojala que tanto esa visión como la misión sean objeto de actualización, seguimiento y evaluación de cumplimiento, por lo menos anualmente.
La gran mayoría de los problemas de Costa Rica se resolverían muy fácilmente si todas las auditorías internas, contralorías y demás instituciones de control de gasto público, por fin comprendieran que su trabajo es muy importante y necesario para nuestro país, aunque sus salarios y privilegios sean pagados por cada institución pública, porque de lo contrario, nunca van a alcanzar ni todos los impuestos ni la enorme e inmanejable deuda pública para cubrir tantas y tantas fallas en el control de los gastos. Con más eficiencia no se perderían miles de millones de las bóvedas de un banco nacional. Con más eficiencia no habría tanta facilidad para evadir los controles en las adjudicaciones de tantas licitaciones públicas. Con más eficiencia los expedientes judiciales no estarían compitiendo en tardanza, con las listas de espera de la CCSS, etc, etc, etc.
Para eso es un cambio de gobierno. Hay que hacer lo que hay que hacer. No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin.
De todos los gobiernos siempre esperamos nuevas y mejores leyes que arreglen lo que haya que arreglar, para eso es un cambio de gobierno. Un nuevo gobierno que no es solo el nuevo presidente, sino también todos los partidos políticos que integran la nueva Asamblea Legislativa. El marco legal ya está previamente establecido y es de todos conocido. Lo demás es ubicarse dentro del marco de la democracia y las tradiciones y costumbres de los costarricenses, fortaleciendo los controles internos y externos de todas las instituciones públicas de nuestro país, actualizando y evaluando el cumplimiento de la visión y la misión de cada una de ellas, para que sigan cumpliendo sus propósitos y objetivos originales, siempre en beneficio de todos los costarricenses.
