El presidente Rodrigo Chaves ha hecho de la crítica a las pensiones de lujo uno de los pilares de su narrativa política. Las ha calificado de inmorales, injustas y ajenas a la realidad de la mayoría de los costarricenses. Sin embargo, ese discurso choca frontalmente con una realidad incómoda: al dejar la Presidencia, tras solo cuatro años en el cargo, Chaves tendrá derecho a una pensión vitalicia cercana a los ¢4 millones mensuales, sin haber cotizado para ella.
Conviene subrayarlo con claridad, porque suele diluirse en el debate público: esta pensión no es el resultado de décadas de trabajo ni de aportes sostenidos al sistema. Es un beneficio automático que se adquiere únicamente por haber ocupado la Presidencia durante un periodo constitucional. Cuatro años bastan para asegurar un ingreso de por vida que supera ampliamente la pensión máxima que recibe la mayoría de los costarricenses tras cotizar durante 30 o 40 años.
El propio presidente no ha negado este hecho. Por el contrario, lo ha reconocido, pero se ha defendido afirmando que la pensión es “irrenunciable”. Aquí es donde el debate deja de ser legal y se convierte en ético. Porque cuando quien denuncia la inmoralidad de un sistema se ampara en ese mismo sistema para justificar su beneficio personal, la contradicción resulta evidente.
Chaves ha llegado incluso a minimizar su salario como presidente, calificándolo de “cuecha”, en comparación con lo que ganaban otras figuras del Estado, como la exmagistrada y candidata presidencial Ana Virginia Calzada. Pero el problema no es quién ganó más en el pasado ni quién tiene una pensión mayor. El verdadero cuestionamiento es la coherencia entre el discurso contra los privilegios y la aceptación de uno de los más emblemáticos.
La comparación con Carlos Alvarado, a quien el mandatario ha criticado por no retirar su pensión, también deja en evidencia que sí existe margen de decisión. Si un expresidente puede optar por no recibir ese dinero —aunque quede latente— entonces la afirmación de que la pensión es absolutamente irrenunciable pierde fuerza como argumento moral.
La alternativa planteada por Chaves de recibir la pensión para luego donarla a una organización benéfica tampoco resuelve el fondo del asunto. La caridad, por loable que sea, no corrige una injusticia estructural ni sustituye la responsabilidad ética del cargo. El problema no es qué se hace con el dinero, sino el hecho mismo de aceptar un privilegio que el propio presidente ha condenado públicamente.
Más aún, mientras se señala al Congreso por no avanzar en reformas y se acusa a la institucionalidad de proteger intereses, el Ejecutivo ha sido incapaz de ofrecer una salida clara y ejemplar desde el más alto cargo del país. Si el régimen de pensiones de lujo es tan inmoral como se afirma, el país esperaría algo más que discursos, excusas legales o proyectos de ley que terminan archivados.
Las pensiones de lujo no se desmontan con retórica ni con enemigos selectivos. Se desmontan con coherencia y con ejemplo. Y cuando cuatro años en el poder garantizan una pensión de por vida, mientras millones de costarricenses deben trabajar y cotizar durante décadas para recibir mucho menos, el discurso contra los privilegios pierde credibilidad.
En política, las palabras pesan, pero los actos pesan más. Hoy, la pensión vitalicia de los expresidentes sigue siendo una prueba que el discurso presidencial no ha logrado superar.
