Rodrigo Chaves y el debate sobre la “beligerancia política” en Costa Rica

En Costa Rica, el principio de “neutralidad política” del presidente de la República ha sido invocado de manera insistente para acusar al mandatario Rodrigo Chaves de supuesta “beligerancia política”. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en una interpretación muy estricta del marco legal vigente, ha sostenido que el presidente no puede participar activamente en procesos electorales ni expresar preferencias por partidos o candidatos.

Esta interpretación se basa principalmente en el artículo 146 del Código Electoral, que prohíbe a los funcionarios públicos —incluidos los de elección popular— utilizar su puesto para favorecer o perjudicar a alguna agrupación política, así como participar en discusiones políticas durante la jornada laboral. Asimismo, la Constitución Política, en su artículo 95, establece el principio de imparcialidad en la función pública como garantía del sufragio, y en su artículo 102 faculta al TSE para investigar y pronunciarse sobre denuncias de parcialidad política de los servidores públicos. La Ley Orgánica del Poder Judicial también complementa esta regulación en materia de sanciones.

Pero esta posición plantea una pregunta fundamental: ¿Es democrático silenciar al presidente electo por el pueblo mientras otros actores políticos y poderes del Estado participan activamente en la deliberación electoral?

¿Beligerancia o libertad de expresión?

Desde una perspectiva liberal, que defiende la limitación del poder pero también la participación plural y la libertad de expresión, la lectura que hace el TSE puede considerarse excesiva si no distingue entre el uso indebido del cargo y el legítimo ejercicio del derecho a opinar. Rodrigo Chaves ha sido criticado por actos que, en otras democracias consolidadas, son vistos como parte del debate público legítimo.

No se trata de permitir el uso abusivo de recursos estatales ni de convertir al Ejecutivo en un actor electoral parcializado, sino de reconocer que el presidente también tiene derecho a participar en la formación de la opinión pública, siempre bajo reglas claras y transparentes.

Comparación internacional: Una excepción costarricense

En Estados Unidos, el presidente participa abiertamente en campañas, apoya candidatos y se involucra en el debate político. Lo mismo ocurre en Argentina, Alemania, Chile y muchas otras democracias maduras, donde las restricciones se enfocan en el uso de recursos públicos, pero no en limitar la expresión del Ejecutivo.

Costa Rica, en cambio, adopta una posición peculiar: permite al presidente gobernar, pero le impone un silencio institucional durante los procesos electorales. Esta rigidez podría tener un efecto inhibidor sobre el dinamismo democrático y el derecho del electorado a conocer la posición del jefe de Estado sobre temas de interés nacional.

¿Democracia garantista o democracia tutelada?

Costa Rica es una democracia con instituciones sólidas, pero también con una marcada tendencia a la “judicialización” de la política. La excesiva autonomía de los órganos electorales y el celo institucional pueden transformarse en una forma de tutela política que silencie voces en lugar de promover un debate libre y plural.

En lugar de proteger la democracia, este enfoque podría debilitarla al impedir que los ciudadanos escuchen directamente al presidente que eligieron. ¿No sería más razonable permitir su participación bajo normas de transparencia, sin convertirlo en un espectador mudo del juego electoral?

Silenciar al presidente no garantiza equidad. Garantiza una democracia incompleta.

Conclusión

Costa Rica no sería menos democrática si permite que su presidente participe del debate político. Al contrario, podría fortalecer su sistema representativo si logra equilibrar la fiscalización institucional con una concepción más abierta del pluralismo político.

Hoy, más que nunca, necesitamos una democracia que confíe en su pueblo y en sus instituciones, sin recurrir al silencio como herramienta de control. La participación del presidente en el debate político no es una amenaza, es un ejercicio legítimo de libertad y representación.

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