Entiendo las preocupaciones del empresario Antonio Barzuna Thompson sobre los costos elevados de la burocracia y la eficiencia del sistema de supervisión actual. Sin embargo, considero que la propuesta de fusionar las superintendencias en una sola no solo implica cuestiones de eficiencia económica, sino que también pone en riesgo aspectos fundamentales del sistema financiero y, en particular, de las pensiones, un tema extremadamente delicado que requiere de una regulación específica y especializada.
Si bien es cierto que las duplicidades y los altos salarios en algunas superintendencias pueden generar cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos, no debemos perder de vista que la regulación de diferentes áreas del sistema financiero (como bancos, seguros, pensiones y valores) requiere un conocimiento especializado y una supervisión diferenciada. La unificación en una sola entidad podría implicar la pérdida de esta especialización, con el consiguiente riesgo de una supervisión menos rigurosa y efectiva.
En el caso de las pensiones, por ejemplo, el manejo de los fondos de los trabajadores es un asunto sensible y de alta prioridad. La fusión de las superintendencias podría diluir la capacidad de respuesta ante posibles problemas en los sistemas pensionales, especialmente cuando se trata de garantizar la solvencia y la protección de los recursos de los afiliados. Una sola entidad podría enfrentarse a la dificultad de manejar correctamente todas estas áreas, lo que podría generar vulnerabilidades y desprotección para los usuarios del sistema.
Además, hay un riesgo asociado con la concentración de poder en una sola entidad reguladora. Aunque la eficiencia administrativa y el ahorro de recursos son objetivos válidos, también lo es garantizar que exista una supervisión imparcial y bien distribuida para evitar que un solo ente tenga la capacidad de tomar decisiones que afecten a toda la economía, especialmente en sectores tan delicados como las pensiones y la estabilidad financiera.
Por otro lado, el argumento de que los consumidores están desprotegidos bajo el sistema actual es comprensible, pero creo que la solución no necesariamente pasa por la fusión de las superintendencias. Existen otras alternativas, como la mejora de la coordinación entre estas entidades, la adopción de tecnologías más eficientes para supervisar las actividades financieras, o incluso la revisión de los salarios y la estructura de gastos dentro de cada superintendencia sin comprometer la calidad de la supervisión.
Finalmente, creo que la discusión sobre este tema debe ser más profunda y equilibrada. No se trata solo de ahorrar recursos, sino también de garantizar que los cambios propuestos no comprometan la estabilidad y la seguridad de los consumidores financieros, especialmente en áreas críticas como las pensiones.
En resumen, si bien la propuesta de fusionar las superintendencias puede parecer atractiva desde el punto de vista de eficiencia económica, la responsabilidad sobre los recursos públicos, especialmente en el sector financiero, requiere una consideración cuidadosa de los riesgos. La protección de los usuarios y la estabilidad del sistema financiero son prioridades que no deben verse comprometidas en aras de la eficiencia administrativa.
