Costa Rica es una democracia liberal (https://v-Dem.net 2024), plena (https://www.eiu.com 2024) y resiliente (www.latinobarometro.org 2024). Su Sector Público es un ecosistema de 332 entidades, aunque no pocas acumulan déficits de eficiencia, eficacia y economía, que impactan la calidad y entrega de productos y servicios públicos, como justicia pronta y cumplida, o leyes sustantivas para el mayor bienestar de la gente en ámbitos sensibles.
Es propio de la funcionalidad democrática la rendición de cuentas y transparencia, como ejercicio político y ciudadano que propicia la evaluación de resultados de las instituciones, para detectar oportunidades de mejora, porque la buena Administración es un derecho fundamental de los habitantes, como lo es también recibir bienes que satisfagan sus necesidades y potencien el desarrollo del país.
Ese derecho colectivo nace de la obligación constitucional y legal de toda autoridad pública, de sujetarse a la probidad y rendir cuentas de su gestión. Se trata de una exigencia que no admite excepciones, por lo que tampoco es optativa y selectiva, especialmente por la presencia de fondos públicos. Véase el siguiente fundamento.
- Constitucional. Artículos: 11 (deber general del funcionariado público de rendir de cuentas y someterse a evaluación de resultados); 27 (derecho ciudadano de petición y a obtener respuesta de las autoridades); 30 (libertad de acceso a oficinas para buscar y recibir información -no confidencial- de interés público); 139-4 y 191 (buena marcha gubernamental y eficiencia administrativa).
- Legal. Artículos: 4 de la Ley General de Administración Pública (la actividad estatal debe orientarse al servicio público); 1 de la Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas (recalca las autoridades obligadas y el contenido de los informes de evaluación y resultados), y 3 de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito (obligación de actuar ética y legalmente, conforme al interés de la mayoría y administrando los recursos en beneficio público).
- Jurisprudencial. Dichas normas se complementan con algunos principios: Transparencia y Publicidad (los resultados de la actividad administrativa deben estar a disposición del soberano); Participación (porque el Gobierno de la República es responsable y participativo); Mejora continua (la gestión y recursos deben ser valorables para optimizar la prestación de los servicios), y Satisfacción del interés general (por ser funciones y servicios financiados con recursos públicos, ha de prevalecer el interés general sobre opacos intereses privados).
Aunque preliminar, tal asidero jurídico de la rendición de cuentas y transparencia es bastante claro como robusto; eso habla bien de la sociedad democrática costarricense, su Estado de Derecho, y de las oportunidades de participación de la gente en la dirección de los asuntos estatales, que directamente le concierne e impacta.
Ahora, coexisten con esos mecanismos democráticos serias debilidades de evaluación y seguimiento de la acción estatal (políticas, planes, programas y proyectos), “versus” el desempeño real de la “institucionalidad” al ejecutarlos, y su capacidad para atender efectivamente las legítimas demandas del pueblo.
Es decir, aquel arsenal jurídico no ha sido suficiente para mejorar la gobernanza, o los efectivos rendimientos de la Administración Pública, y crear una cultura de rendición de cuentas que conjure el deterioro reputacional de algunas instituciones clave.
Precisamente la OCDE desde el año 2015, en su estudio sobre nuestro país: “Buena Gobernanza, del Proceso a los Resultados”, aborda la erosión institucional e identifica como parte del problema, “…crecientes retos socioeconómicos y cambios en el sistema político y en la administración están ejerciendo presión sobre los mecanismos de gobernanza del país y limitan las aspiraciones de Costa Rica de lograr una mayor prosperidad, sostenible, para toda su población. Estos retos incluyen una administración pública fragmentada con limitada capacidad de dirección…”.
Localmente, la encuesta de opinión del CIEP de marzo de este año, reafirmó que la ciudadanía sigue calificando muy mal a instituciones como los partidos, la Asamblea, el Poder Judicial y su fiscalía general, y esto debería ser suficiente incentivo político y moral, para exigir que todas las autoridades públicas cumplan a cabalidad el mandato de rendir de cuentas y ser transparentes.
En ese contexto, un Gobierno responsable está llamado a cuestionar el bajo rendimiento institucional y propiciar sin demora su revisión y reforma, sin que ello signifique un ataque populista a la democracia.
Es más, el próximo 01 de octubre arrancará la campaña electoral, y la rendición de cuentas habría de alcanzar su mayor propósito, porque el pueblo valorará la decisión de voto, contrastando la información -a la que tiene derecho- sobre la gestión gubernativa, con la oferta electoral que se le haga, y esto no es menor en una democracia que se precia de su plenitud.