El artículo 11 párrafo segundo de nuestra Constitución Política, dice en lo que interesa, que la “…Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes…”.
La Sala Constitucional en su sentencia 1155-2009, señaló que esa rendición de cuentas es “… un deber inherente a todo servidor público y forma parte de la cultura democrática de nuestro pueblo, tal y como lo establece el artículo 11 constitucional, […] Ahora bien, indudablemente ese deber de rendir cuentas se extiende a toda la Administración Pública, central o descentralizada y de él no escapan las administraciones territoriales, en particular las municipalidades…”.
Doctrinalmente se ha aceptado que la evaluación y rendición de cuentas es un arreglo democrático que surge de la división de poderes como límite y control público de ellos, para que los funcionarios obligatoria y permanentemente informen al pueblo sobre el cumplimiento de sus tareas y justifiquen sus acciones, de modo que puedan ser objeto de examen y eventualmente sanción ante incumplimientos en sus deberes, e irregularidades en el desempeño de sus cargos.
Numerosos estudios jurídicos y politológicos coinciden en que esa fiscalización es horizontal cuando se da entre instituciones públicas, vertical si es de la ciudadanía hacia estas, y que como derecho fundamental a la buena administración, puede expresarse en las urnas cuando las personas por medio del voto “castigan” o “premian” la gestión de sus representantes, de ahí que las próximas elecciones municipales del 4 de febrero de 2024, son una estupenda oportunidad para ejercer ese control ciudadano, y propiciar un fuerte cambio en todo lo que no haya estado bien en los gobiernos locales.
Por su lado, la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (2006), establece que según “… el principio de evaluación permanente de la Administración Pública, ésta tenderá a adecuar su estructura, funcionamiento y actividad, interna y externa, a la identificación de oportunidades para su mejora continua, midiendo de forma objetiva el desempeño de sus estructuras administrativas”.
Ahora, para dar cuentas a la ciudadanía y asegurar su acceso a la información relevante, es indispensable que existan acciones correctas y completas de comunicación, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en el resumen de su Informe sobre la Comunicación Pública (2022), sostuvo que el “… intercambio de información entre los Gobiernos y la ciudadanía, así como el diálogo que de este se deriva, son elementos esenciales de una gobernanza democrática e instrumentales para mejorar la formulación de políticas públicas…”.
Agrega más adelante la OCDE, que en “…muchas sociedades se vive una crisis de confianza que socava la democracia y plantea un desafío a las instituciones tradicionales que la sustentan, es decir, a los medios de comunicación social tradicionales y a los nuevos, a los procesos electorales, y a las instituciones públicas en general”.
De acuerdo con esa Organización, la comunicación pública sería la función estatal de suministrar información, escuchar y responder a la ciudadanía, como pilar del funcionamiento democrático y mecanismo legítimo para la formulación de políticas, entendidas como respuestas a las demandas insatisfechas del pueblo. Es más que la comunicación vinculada con debates partidistas, elecciones y con actores políticos.
Así las cosas, la rendición de cuentas solo es posible a través de procesos suficientes y genuinos de comunicación pública, capaces de optimizar los ecosistemas de información y la confianza de las personas en los Gobiernos y demás instituciones, y desde esa perspectiva algunos podrían preguntarse, si las conferencias de prensa semanales de la Presidencia de la República, y las resultantes de las giras a las comunidades rurales, serían ejemplo de transparencia, diálogo y comunicación pública, apegado a las recomendaciones de la OCDE en esta materia y la de Gobierno Abierto.
