Esta semana, la Comisión Especial que estudia las reformas a pensiones del Poder Judicial conoció los primeros resultados del estudio actuarial contratado al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Los resultados muestran que al 31 de diciembre de 2015 en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones había 12.900 servidores y 3.600 pensionados. Existía un déficit actuarial de ¢5,36 billones de colones, y el gasto de las pensiones sobre los salarios era de un 27,4%
Con ese panorama y para evitar que el Régimen de Pensiones entre en una situación de insolvencia, la primera medida que propone el estudio es que las cotizaciones que actualmente son de 26,60% se eleven a 48,93%, lo que evidentemente implica una reforma de características sumamente drásticas y urgentes
Por otra parte y como es del conocimiento público, recientemente también se dio a conocer el estudio actuarial que la UCR hizo sobre el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual también se encuentra en una situación crítica.
No obstante, si comparamos ambos estudios podemos apreciar que la situación del Fondo de Pensiones del Poder Judicial es aún más seria aunque afecte a un número menor de personas. A manera de ejemplo, el IVM reparte un promedio de ¢56.000 millones al mes entre 238.644 beneficiarios y tiene alrededor de 1,5 millones de trabajadores cotizando para este régimen, que es el más importante del país. En este, el costo de las pensiones sobre los salarios es de un 8,96% y se recomienda que para el año 2016 las cotizaciones obrero, patronales y estatales que son del 9.16% pasen a un 26,4%.
En el caso del IVM será la Junta Directiva de la CCSS la que establezca las medidas a tomar y actualmente se procura montar una mesa de diálogo tripartito para encontrar un punto de equilibrio que no recaiga sobre los trabajadores. En el caso del Fondo de Pensiones del Poder Judicial la responsabilidad es de la Asamblea Legislativa, dado que en este caso las modificaciones son materia de ley.
El estudio actuarial de la UCR aún no ha terminado y de acuerdo a la información suministrada no será sino hasta el 30 de junio del 2017 que tendremos una propuesta más concreta. Mi criterio es sin embargo que con estos primeros datos se puede avanzar, estableciendo un piso de cotización más realista y dejando abierta la posibilidad de manejar una gradualidad para los incrementos futuros de manera que, en el caso de la cotización de los trabajadores que actualmente es de un 11%, esta pueda hacerse estableciendo rangos mínimos y máximos y sin que la misma tenga necesariamente que ser aprobada por la Asamblea Legislativa.
Siendo así y a pesar de que la Comisión encargada de esta tarea se había propuesto esperar hasta la finalización de los estudios actuariales, es menester comenzar de inmediato a establecer el monto de las cotizaciones así como la edad promedio de jubilación entre otros aspectos que conforman una posible solución.
Ciertamente se trata de medidas drásticas pero urgentes. Como hemos dicho, es posible que deban hacerse en forma gradual pero teniendo en cuenta que cada día que pasa, el fantasma de la insolvencia se convierte en un problema cada vez más grave, el cual de no solucionarse, recaerá en los hombros de todos los contribuyentes dado que el artículo 177 de la Constitución Política es claro al señalar que “si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá”, o sea que el Estado sería solidariamente responsable y tendría que asumir el pago de estos beneficios, afectándose el déficit fiscal y las finanzas del Estado, lo cual como todos sabemos es motivo de posibles nuevos impuestos.
Tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Judicial tienen antes sí una responsabilidad de grandes proporciones, que técnicamente deja poco espacio a la negociación. Y dada la disposición constitucional, antes mencionada, cualquier asomo de insolvencia se convertiría en un problema para todos los contribuyentes y no sólo para un grupo relativamente pequeño de funcionarios.
Siendo así, es de esperar que el bienestar de la colectividad sea el norte que guíe las decisiones tanto de los diputados como de los Magistrados que recientemente dieron un ejemplo de congruencia, cuando rechazaron las acciones interpuestas ante las reformas aprobadas el año pasado, las cuales establecieron parámetros de austeridad para otros regímenes de pensiones.