Un endeudamiento creciente y poco sostenible; una economía estancada y sin planes de reactivación contundentes; una administración pública en decrecimiento con pocos impactos tangibles de las políticas públicas, un uso ineficiente de fondos públicos y una lamentable imagen de los funcionarios públicos; un gobierno sin credibilidad y mucho menos gobernabilidad; y una participación ciudadana pasiva destinada únicamente a emitir su derecho al voto pero con altos porcentajes de abstencionismo en las urnas electorales; son muchas de las cosas que caracterizan en los últimos años al país más feliz del mundo: Costa Rica.
Recientemente se puso en marcha la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas N°20580, con grandes polémicas en el proceso de aprobación y muchas más con probabilidades de avecinarse; con lo cual surge la interrogante de si ¿será suficiente para estabilizar las finanzas del Estado costarricense?, y la respuesta es clara, se requiere de una reactivación económica pero también de un uso de fondos públicos más consciente, racionado y principalmente más eficiente y eficaz.
A pesar de la situación financiera costarricense los altos gastos públicos siguen sin recibir recortes significativos en un escenario donde tales egresos costarricenses se constituyen como los sextos más ineficientes de América Latina y el Caribe, con un despilfarro del 4,7% del Producto Interno Bruto, es decir de la producción total de bienes y servicios del país, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Es por ello que, con la crisis fiscal y la ineficiencia del gasto, se acentúa la idea de una Reforma al Estado; pero primeramente es fundamental ver la necesidad de buscar un modelo de gestión más eficiente y eficaz en la administración pública, que tome como destino final el bien común y la creación de valor público mediante una participación integral de actores.
La realidad de la frase de “necesidades abundantes y escasos recursos” cada día se acentúa con más fuerza, requiriendo el apartado estatal, de modelos flexibles e innovadores, que le permitan contar con capacidad de responder a las demandas con eficiencia, eficacia y sostenibilidad; y es con precisamente con esta necesidad de ajuste que surge la Gestión para Resultados Del Desarrollo (GpRD). La misma nace en respuesta a la gran preocupación estadounidense por mejorar el desempeño empresarial, con la idea de Peter Ferdinand Drucker, prestando atención en el fin de la organización, es decir el cumplimiento de sus objetivos. La idea llega al sector público años más tarde, principalmente en los países desarrollados, para modificar la gestión y poder hacerles frente a los problemas fiscales, convirtiéndose en lo que se llamaría la “Nueva Gestión Pública”
Es decir, la Gestión para Resultados del Desarrollo busca la generación de resultados traducibles en cambios sociales potenciando el desarrollo articulado y sostenible; ordenando los objetivos y los fines concretos mediante la priorización en busca de la creación de valor público para la generación de impactos, más allá del simple hecho de cumplir con las actividades vacías; mediante la planificación de los proyectos, la asignación adecuada de recursos públicos y las evaluaciones de impacto de los programas, proyectos y políticas públicas para mejorar la forma en que los servicios y bienes públicos llegan a la ciudadanía.
El BID define la gestión para resultados del desarrollo como una “estrategia de gestión que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo para generar el mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión que, en forma colectiva, coordinada y complementaria, deben implementar las instituciones públicas para generar los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en beneficio de la población de un país”. (BID, 2010). Y sí, muy probablemente pensemos que así debe de ser, pero la realidad de la administración pública es muy diferente: duplicidad de funciones y proliferación de entes, nula coordinación interinstitucional, planificación a mediano y largo plazo deficiente, programas sin impactos y una lista sin fin de problemas de gestión. Basta únicamente leer los periódicos o ver las noticias para darse cuenta que las políticas y programas públicos cuentan con contrariedades con una gran frecuencia, traduciéndose en dificultades para gobernar, y una baja credibilidad en la política y la cosa pública por parte de la ciudadanía
La planificación es una actividad fundamental para el Estado social de derecho, ya que fortalece el desarrollo y la democracia, por ello, Costa Rica cuenta con un proyecto piloto entorno a la planificación para resultados del desarrollo, establecido en la Directriz N°093 de la Presidencia, donde se establece la adopción de este modelo de gestión de una manera gradual; iniciando con el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Paz, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Instituto Nacional de las Mujeres. Pero nuevamente surge una interrogante ¿Cuándo será la GpRD el modelo de gestión de la administración pública costarricense?, en una época donde el status quo es la constante.
Es fundamental la necesidad de una reforma estatal, sin ninguna duda, que permita a la administración pública un organigrama racional en cuanto a sus fines, sin que existan instituciones vacías o con duplicidad de funciones y donde el verdadero objetivo sea la creación de valor público y, por ende: la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, un país desarrollado y sostenible; y una administración pública sana. Para lo cual primeramente antes de realizar recortes o fusiones institucionales, es fundamental la implementación del modelo de Gestión para Resultados del Desarrollo y sus herramientas de una manera integral, buscando que las acciones públicas cuenten con metas cuantificables de manera eficiente; una toma de decisiones objetiva basada en datos confiables y fuertes; y la existencia de rendición de cuentas y transparencia para propiciar una participación ciudadana activa. De esta manera mejorar el uso de los fondos de las arcas estatales propiciando acciones efectivas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos mediante impactos reales y cuantificables; ayudando a las finanzas públicas, la credibilidad de la cosa pública y la gobernabilidad del país. La respuesta a la dicotomía de reforma estatal o Estado eficiente, es que ambas son necesarias, primero una administración eficiente y luego una reforma de lo que no logro adaptarse.
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