Más allá de lo hechos y de las prolíferas reacciones tanto racionales como emocionales, algunas muy responsables, otras interesadas, e incluso humorísticas que han ocupado las redes sociales, los medios de prensa y los sectores políticos, entre otros, es preciso valorar el “cementazo” con mayor profundidad por el bien del país, para no quedarse solo en la crítica, ni en la chota, ni en la superficialidad.
Necesidad de recapturar la naturaleza pública del Poder
Este episodio muestra en primer lugar una realidad que viene de tiempos atrás. El Poder que se ejerce desde el Estado se desnaturalizó. Los gobernantes y sus colaboradores se olvidaron que el Estado existe para servir a todos los ciudadanos procurando el bien de la comunidad. Esa es una de las razones fundamentales de su existencia. Empero lo que contemplamos hoy es que el Poder se ha venido privatizando y corporativizando para favorecer indebidamente y específicamente a personas físicas o jurídicas, o bien a colectivos sectoriales o empresariales en detrimento de la ciudadanía. El “cementazo” por todos los costados que se mire es tráfico de influencias al más alto nivel presidencial, bancario y político y es un servicio privilegiado del Poder a favor de un empresario. Pero esto no es nuevo. Nada ha cambiado por más que se haya hablado de cambio. El sonado caso de la “Trocha “ el caso de Alcatel, el de la CCSS, la autodefinición de enormes pensiones y de salarios en beneficio propio, son solo algunas de las manifestaciones, solo Dios sabe qué más habrá, de ese cáncer que carcome el poder. Por eso desde hace años vengo diciendo, que el principal desafío del Estado Costarricense consiste en devolver al Poder su naturaleza pública. Esto es un debate de fondo y urgente. ¿Cómo hacer para devolverle la naturaleza pública al Poder? ¿Cuáles son los instrumentos para que el país se garantice que el Poder se ejerce en beneficio de todos y no de unos cuántos? ¿Cómo establecer mecanismos para que los poderes fácticos no se apropien del poder y lo instrumentalicen en su propio beneficio?
Urgencia de establecer en el país la responsabilidad política
Muchos costarricenses de diversos sectores hemos clamado porque se establezca constitucionalmente bien delimitada la responsabilidad política. No es sano que los ciudadanos sigamos permitiendo tantas mentiras ni tanto cinismo y locuras de quienes ejercen el Poder. Nuestros personajes políticos jamás aceptan ningún error ni siquiera, cuando los agarran con “las manos en la masa.” No tienen la humildad para pedir perdón al pueblo que los eligió. Inventan historias y se enojan, o recurren a instrumentos jurídicos de impunidad para justificar sus actuaciones. Nada erosiona más la institucionalidad de un país que el mal ejemplo de sus gobernantes. Nada indigna, daña y avergüenza más a la ciudadanía que la falta de respeto de los gobernantes hacia su pueblo cuando mienten y de desdicen de las promesas formuladas. Esos comportamientos hay que castigarlos, no solo penalmente cuando hay delito, o civilmente cuando hay perjuicios económicos, sino políticamente. En el caso del “cementazo” y otros de parecida naturaleza, la responsabilidad política no opera porque en realidad no existe en Costa Rica. NI el Presidente cae, ni sus Ministros tampoco, ni los Directivos bancarios, ni los diputados, ni nadie. Ellos pueden estar tranquilos, que el escándalo es de la prensa y de las redes sociales. Todos siguen en sus puestos. Por eso afirmo que requerimos también debatir y tomar decisiones sobre el establecimiento de la responsabilidad política. ¿Debemos establecer la revocatoria del mandato para los políticos que con sus actuaciones provocan graves errores y daños a la sociedad? ¿Debemos desaforar a los mentirosos y que pierdan sus puestos aquellos que generan actos de corrupción o cometen delitos, o realicen actos absolutamente contrarios a la ética en el ejercicio de sus responsabilidades?
Importancia de abrir más los espacios decisorios del Poder al conocimiento ciudadano
El “cementazo” se ha conocido por riñas internas bancarias. ¿Cuántas cosas no estarán en el cuarto oscuro del Poder de éste Gobierno y de otros del pasado? Una discusión de fondo es, ¿cómo abrir más la toma de decisiones de quienes ejercen el Poder al conocimiento y control de la ciudadanía? Hoy hay muchos instrumentos digitales para eso. ¿Cómo hacer para que los auto-aumentos de salarios y pensiones injustificados de las autoridades por ejemplo bancarias o de otros estratos del Poder no se conozcan hasta después de que se aplicaron? ¿Cómo separar en las entidades bancarias del Estado lo que es estrictamente privado de aquellas decisiones que implican uso y gastos de fondos públicos? ¿Deben ser como regla de principio, públicas en tiempo real es decir trasmitidas, las sesiones del Consejo de Gobierno, salvo en el caso de que se invoque privacidad por razones válidas debidamente justificadas? ¿Cómo hacer valer el estribillo que los Bancos del Estado nos pertenecen a todos, cuando la ciudadanía no tiene control alguno sobre ellos? ¿Cómo fortalecer con la tecnología moderna mayores instrumentos de control sobre el correcto uso de los recursos públicos que gestionan los agentes del Estado?
Independencia constitucional de la Fiscalía General para actuar frente a casos de corrupción
Hace años se discute la necesidad de que una Fiscalía General de la República como entidad técnica tenga plena autonomía constitucional y goce de plenas prerrogativas, incluso con inmunidades para promover en nombre de la sociedad y sin ataduras políticas las acciones judiciales asignadas. Tanto el Ministerio Público, como la policía judicial obviamente dependerían de la Fiscalía General. En ese contexto es preciso debatir y tomar decisiones para que casos como el “cementazo” y otros, encuentren respuesta jurídica confiable y que los ciudadanos se sientan amparados con acciones jurídicas objetivas frente a la corrupción de quienes ejercen el Poder.
En conclusión; la responsabilidad nos obliga no solo a mirar el “cementazo“ como un escándalo de otro Gobierno, sino a profundizar en su análisis jurídico y especialmente político para buscar sin ataduras partidistas mecanismos que reduzcan al mínimo episodios parecidos que ya vienen siendo frecuentes, y que quiebran la confianza y el ánimo de la ciudadanía. Este caso importa a todo el país no solo a los partidos. Probablemente casos como éste sean más dañinos social y políticamente para Costa Rica que en el ámbito económico. Considerar, debatir, deliberar y decidir acerca de temas como los que he planteado de manera integral, no creo que sea posible discutirlos serena y patrióticamente en la Asamblea Legislativa. Una vez más debo reafirmar, que es probable que el mejor espacio para esa importante reflexión sea en el marco de la formulación de una Nueva Constitución. Si eso está lejano habrán entonces que hacerlo pronto.
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