Es hora de que los diferentes poderes del Estado generen argumentos para abrir la competencia a los hidrocarburos. Cada año los costarricenses tenemos que soportar presupuestos inflados del Estado debido a la gran cantidad de personal requerido para administrar los servicios públicos.
Durante la peor crisis de la pandemia cuando los precios del barril de petróleo estaban por los suelos, la ineficiencia del gobierno ni siquiera les permitió trabajar para que el pueblo tuviera que pagar por el consumo de combustible a precios de costo mínimo.
Sin duda alguna, Costa Rica requiere con urgencia de cambios para eliminar privilegios de grandes monopolios del gobierno y del sector privado. El artículo 46 de la Carta Magna expresa la prohibición de monopolios de carácter particular. El caso Recope merece nuestra atención, porque la importación y distribución de hidrocarburos es una actividad empresarial susceptible de ser desarrollada por cualquier persona jurídica privada.
Lo anterior evidencia que los usuarios tienen derecho a elegir a quien comprarle sus bienes o servicios, y a nivel internacional existen empresas debidamente habilitadas que podrían hacerlo. Quizá la lección más importante que arroja la historia es que el mejor control al abuso no es la regulación ni la propiedad gubernamental, sino la competencia.
Esta claro que la existencia de un monopolio legal siempre significa una limitación a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa de los agentes económicos, por lo que cualquier decisión que tome el Estado debería limitar de la forma menos gravosa posible, dichos derechos.
Lo que supone que el Estado debe velar para que exista competencia en dicha actividad y, en aplicación del principio de subsidiariedad que guía la actuación del Estado en su intervención en la economía, de abstenerse de realizar dicha actividad en tanto ésta pueda ser realizada por empresas privadas.
La concesión, es en principio, una técnica de habilitación en virtud de la cual la Administración Pública transfiere a un privado de manera temporal la explotación de bienes o servicios de titularidad pública, tales como bienes de uso público, recursos naturales, infraestructura pública o servicios públicos.
En este sentido es necesario eliminar las excepciones a la aplicación de la ley y dotar al órgano regulador de mayores instrumentos de investigación y persuasión. Es prioritario incluir un control efectivo de las concentraciones entre empresas, que introduzca la autorización previa de las operaciones que puedan conducir a que mercados con pocos participantes se conviertan en monopolios.
La competencia por el mercado asegura que los consumidores se beneficien con el menor precio posible y por la reducción de costos originados por la rivalidad de los concursantes. De modo que, tratándose de un mercado donde la competencia no es posible, nos queda claro que no habrán beneficios de ningún tipo que redunden en un mayor bienestar social.
En vista de que Recope y su posición de empresa dominante no responde las peticiones de los costarricenses, le compete al estado garantizar mecanismos para eliminar distorsiones que existen en economías orientadas al libre comercio que garanticen la libre competencia y la libertad de empresa.
Finalmente, los monopolios como Recope no solo son ineficientes, también perniciosos para la sociedad, especialmente los establecidos únicamente para generar rentas monopólicas sobre la base de privilegios.
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