En América Latina sobran ejemplos de que, aun con excesos de trámites y ventanillas lentas, las personas, las comunidades y las empresas sacan adelante soluciones públicas. La clave: organizarse, pactar y medir resultados sin quedarse pegados esperando permisos eternos.
Este artículo se basa en el dossier del BID “Superhéroes del desarrollo 2024: el conocimiento, cuando se difunde, transforma”.
Cuando la ciudadanía no se queda de brazos cruzados
En Costa Rica sabemos muy a qué nos referimos cuando oímos hablar de: presas, papeleo, filas y respuestas que nunca llegan, y una buena parte de la región pasa igual, aun así, la gente se organiza y actúa, no porque el Estado se la pusiera fácil, sino a pesar de estructuras que suelen trabar.
En Guatemala, un grupo privado construyó un tramo de circunvalación (by-pass) de 31 km de carretera que contenía 23 puentes para sacar el tránsito pesado de las cabeceras en la Costa Sur. El financiamiento es privado, la operación se sostiene con peaje, y cada quien decide si lo usa o no. ¿Qué cambió? La decisión de invertir y ejecutar, aun lidiando con tramitología y coordinación pública poco ágiles. La obra no nació de una política ejemplar: alguien asumió el riesgo, firmó contratos y avanzó.
En Colombia, familias campesinas e indígenas firmaron más de cien acuerdos de conservación en parques en donde existía mucha presión por deforestar, aunado a conflictos por grupos conflictivos de la zona. ¿Y qué fue lo que logró que se firmaran esos acuerdos?, no fue un decreto mágico: fueron pactos voluntarios y verificables que ordenan el uso del suelo, restauran áreas y abren opciones productivas, todo esto a contracorriente, con riesgos de seguridad y un marco institucional difícil.
En Brasil, marisqueras de la laguna Mundaú y una empresa cerámica convirtieron conchas de sururu —antes basura— en diseño y revestimientos vendidos en catálogos. No hubo ministerio que inventara la cadena: la cadena la armaron proveedoras locales, I+D de materiales y un comprador que paga porque ve valor, es mercado con propósito, el cual tuvo su origen de abajo (las necesidades del ciudadano) hacia arriba (beneficio de la sociedad).
En Honduras, miles de estudiantes con rezago salieron adelante con tutorías personalizadas por teléfono, videollamada o presencial, según como lo permitirán las condiciones en cada comunidad. Se atendió a más de cinco mil chicos no porque existiera una súper plataforma nacional, sino a pesar de no tenerla. La receta fue tutores locales, metas claras y seguimiento real del aprendizaje.
En Bolivia, 20 mujeres que reciclaban de forma informal pasaron a trabajar con contrato municipal. El salto no fue un plan estatal brillante, sino organización, personería jurídica, reglas de servicio y trazabilidad. Donde antes había precariedad, ahora hay ingreso estable, seguridad y dignidad.
No pretendo “romantizar” este asunto, los trámites siguen siendo pesados, la coordinación entre oficinas es lenta y la incertidumbre regulatoria espanta a quienes quieren hacer inversión, a pesar de eso, en estos casos se repiten tres decisiones sencillas y potentes:
- Pactar: peajes voluntarios, acuerdos de uso del suelo, contratos de barrido, compras de insumos reciclados, tutorías por sesión.
- Medir: kilómetros construidos, hectáreas restauradas, toneladas de residuo recicladas, estudiantes que mejoran en lectura y matemáticas.
- Pagar por resultado: quien se beneficia financia la operación; quien cumple, cobra.
Eso es lo que funciona: resultados primero, trámite después. No es que el Estado “lo hizo bien”; es que la sociedad encontró los espacios para hacer. Cuando el aparato público al menos no estorba, las cosas caminan; cuando intenta ser protagonista de todo, se empantana.
A todo esto, siempre encontraremos algunas objeciones, a las que no dejaremos sin respuesta:
“Sin Estado nada se mueve.”
Se mueve menos y más lento si lo hace todo. Estos ejemplos muestran que, incluso con instituciones poco amigables, la gente resolvió: invirtió, pactó, vendió, enseñó, limpió. Lo público que sí suma es no bloquear y reconocer contratos y resultados.
“Eso excluye a quien no puede pagar.”
Los diseños bien hechos prevén acceso y focalización: rutas libres junto a peajes, priorización de estudiantes con más rezago, pago por desempeño a asociaciones de base. La respuesta no es prohibir, es diseñar con acceso.
“Eso privatiza lo público.”
No. Es organizar la provisión de bienes y servicios con reglas claras y control ciudadano. Lo público es el propósito (menos congestión, más aprendizaje, menos basura), no el monopolio del medio.
De estos ejemplo, claro que podemos rescatar algunas lecciones prácticas para Costa Rica:
- Tramos de circunvalación (by-pass) pagados por uso, con costos transparentes y auditoría ciudadana. No más embudos: atajos bien hechos que la gente elige si le conviene.
- Acuerdos voluntarios de conservación con pago por resultados (restauración y sistemas productivos), priorizando cantones con presión sobre bosques y agua. Hectáreas medidas, pagos ligados a logros.
- Compras pro-impacto desde empresas y municipalidades: metas claras para adquirir insumos de economía circular (agro, pesca, escombros) y abrir mercado a quienes hoy reciclan en la informalidad.
- Tutoría comunitaria: manuales abiertos, micro-contratos por sesión y alianzas con radios/telefonía rural. No hay que esperar un megaproyecto digital: se puede arrancar ya.
- Contratos municipales por desempeño con asociaciones locales: barrido, reciclaje, micro-mantenimiento urbano. Lo que ya funciona en otros lados, aterrizado a lo tico.
Estas experiencias no sustituyen la urgencia de reformas profundas; la refuerzan. Muestran que, mientras se empujan cambios mayores —simplificación radical de trámites, competencia abierta, contratos por resultados y transparencia—, la ciudadanía no tiene por qué quedarse quieta: puede avanzar desde ya con soluciones voluntarias y medibles, pero el mensaje no es conformarse, es acelerar las reformas que devuelvan el control al ciudadano y saquen al Estado del protagonismo operativo.
Cuando las reglas eran confusas, las aclararon en el contrato. Cuando la ventanilla frenaba, buscaron la ruta legal más corta. Cuando no había conectividad, usaron la vía telefónica o de manera presencial. Cuando el residuo no valía, lo volvieron producto.
Lo que probó la región es que la acción ciudadana funciona a pesar del sistema; lo que necesita Costa Rica es que además funcione gracias a reformas que pongan al Estado al servicio del ciudadano.
En todos los casos hay un mínimo común: reglas básicas que no bloqueen. No hablamos de subsidios eternos ni de crear más oficinas, sino de dejar pasar: permisos en semanas, no años; contratos estándar que eviten renegociaciones infinitas; datos abiertos para que la ciudadanía fiscalice. Ese “mínimo de orden” no es protagonismo: es sentido común.
La región demuestra que, a pesar de instituciones poco amistosas, se puede desatar valor si dejamos de pedir autorización para cada paso y empezamos a pactar resultados. No esperemos la salvación desde arriba: empujemos desde abajo y obliguemos a que el sistema acompañe o, al menos, no estorbe.
De las lecciones a la acción: lo que podemos hacer hoy,
- Identificar un problema concreto en su barrio, distrito o cadena productiva.
- Buscar aliados: una empresa que compre, una ONG que apoye, un grupo de vecinos que ejecute.
- Definir un contrato simple con metas medibles (km mantenidos, ha restauradas, t de residuo procesado, estudiantes que mejoran).
- Publique resultados cada mes. Sin cuentos, con números.
- Insista: si una ventanilla lo frena, pruebe otra; si la regla es ambigua, aclárela en el contrato.
Porque el desarrollo no es un decreto: es el accionar sostenido de la ciudadana, y ya vimos que, incluso donde el sistema no ayuda, la gente resuelve.
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Nota de transparencia: Este artículo fue elaborado por el autor con apoyo de una herramienta de IA (ChatGPT) para documentación, verificación OSINT y edición de estilo. Todas las cifras y citas fueron verificadas contra fuentes primarias. La responsabilidad editorial del contenido es del autor.
