Costa Rica tiene diversos mecanismos que aseguran el compromiso con la transparencia en la contratación pública, especialmente cuando se trata de servicios que afectan la seguridad de la ciudadanía. Por eso preocupa que una empresa colombiana con señalamientos por fallos reiterados en proyectos de alumbrado público en su país participe en procesos de contratación pública en Costa Rica por casi $51 millones. De ese total, $12,25 millones corresponden a licitaciones aún activas y sin adjudicar.
Reportes de prensa atribuyen a esta compañía múltiples incidentes relacionados con fallas en equipos de iluminación instalados en distintas ciudades de su país de origen. Se documentaron altas tasas de desperfectos técnicos, dificultades para hacer efectivas las garantías y hasta demandas por deficiencias en los productos entregados.
En un caso, más de 18.000 luminarias presentaron fallas poco tiempo después de su instalación, lo que representó más del 10% del total adquirido en un proyecto de modernización. En otro, una institución pública interpuso una demanda por el equivalente a $1,7 millones tras comprobar que el 35% de los dispositivos presentaba anomalías, incluso después de haber sido reemplazados bajo garantía.
Hoy esa misma empresa opera en Costa Rica mediante una firma registrada localmente, con la que ya ha concursado en más de cinco licitaciones en instituciones como el ICE, CNFL y ESPH. Aunque no ha sido adjudicada en la mayoría de los casos, su participación abre una discusión necesaria: ¿se está evaluando con suficiente rigor la trayectoria técnica de quienes aspiran a ejecutar servicios esenciales para el país?
Costa Rica fue pionera en la región al implementar alumbrado eléctrico público en el siglo XIX. Muchos años después, el sistema de iluminación pública sigue siendo mucho más que un símbolo de progreso: no es un lujo, sino un servicio esencial para la seguridad ciudadana, la actividad comercial, la movilidad y la calidad de vida en barrios y comunidades, tanto urbanas como rurales. Un proveedor que instala equipos defectuosos no solo compromete la continuidad del servicio, también pone en riesgo a las personas y malgasta recursos públicos.
No se trata de discriminar ni de restringir oportunidades a ninguna empresa, sino de exigir garantías de calidad y cumplimiento. La apertura a la competencia internacional debe ir acompañada de filtros rigurosos que aseguren una experiencia previa positiva por parte de las compañías que aspiran a operar en nuestro país.
Estas experiencias previas de los oferentes deben ser un criterio fundamental en las adjudicaciones. Ignorar los antecedentes es jugar a ciegas con fondos públicos. Y si los problemas se repiten en nuestro país, no podremos alegar sorpresa.
Actualmente, hay licitaciones públicas en curso para la compra de luminarias de alumbrado público con tecnología LED, por $12,25 millones en las que esta empresa colombiana participa. Pero el riesgo no se limita a esa cifra. Si el servicio falla, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de lo presupuestado: afectaría la movilidad en zonas clave, disminuiría la seguridad en espacios públicos y limitaría la actividad comercial en comunidades que dependen de un alumbrado confiable, entre otras afectaciones para la ciudadanía.
No se trata solo de cuánto se invierte, sino de cuán alto puede ser el costo de volver a quedar a oscuras. Como ciudadanía, tenemos el derecho —y el deber— de cuestionar a quién le estamos confiando la luz de nuestras calles.
