Como operador del derecho, y particularmente desde la perspectiva penal, el año 2025 vuelve a poner en el centro del debate dos pilares esenciales del Estado democrático: la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. El escrutinio público continúa concentrándose en el desempeño del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Seguridad Pública, instituciones llamadas a garantizar confianza institucional, tutela efectiva de derechos y protección de las personas.
Los medios de comunicación mantienen una influencia decisiva en la construcción de la percepción social del fenómeno delictivo. Si bien en múltiples ocasiones informan con rigor, persisten prácticas de exposición mediática que sustituyen el análisis jurídico por juicios anticipados, erosionando el principio de presunción de inocencia y generando condenas sociales sin control jurisdiccional.
Durante los últimos tres años consecutivos, la cifra anual de homicidios ha superado los 900 casos, dato que constituye un motivo de alta preocupación nacional. Este panorama obliga a replantear, con seriedad y fundamento técnico, la orientación de la política criminal: más que profundizar respuestas meramente represivas, se requiere una estrategia integral centrada en la prevención, la intervención temprana, el fortalecimiento comunitario y la reducción de los determinantes estructurales de la violencia.
Los hechos vinculados al sicariato, los feminicidios y las estructuras delictivas complejas han puesto de manifiesto deficiencias en control institucional y sistemas de investigación y ejecución penal. Algunas investigaciones han revelado la participación simultánea de funcionarios, personas privadas de libertad y actores externos, lo que reabre con fuerza el debate sobre integridad pública, control disciplinario y gobernanza penitenciaria.
En el ámbito penitenciario, se han implementado medidas cuya aplicación ha implicado restricciones que afectan no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias. Tales limitaciones —más orientadas al control que a la intervención socio-penitenciaria— han generado tensiones internas y efectos colaterales que debilitan los fines constitucionales de la pena: la rehabilitación, la reinserción y la resocialización, desplazando el enfoque progresivo por lógicas de contención que no reducen la reincidencia ni fortalecen la seguridad pública.
Paralelamente, el debate político ha sido permeado por el punitivismo mediático, especialmente en un año de campaña electoral, donde la inseguridad ciudadana se ha utilizado como plataforma discursiva para promover narrativas de “cero tolerancia” y promesas de endurecimiento de sanciones que —aunque atractivas en el plano retórico— no se corresponden con evidencia empírica ni con resultados sostenibles. La seguridad no se construye con consignas inmediatas, sino con políticas integrales, interinstitucionales y respetuosas de los derechos humanos.
A nivel judicial y legislativo, el país ha estado también atento a los procesos de extradición de personas nacionales y nacionalizadas, derivados de la reforma constitucional que habilitó esta figura bajo determinadas condiciones. Durante el periodo reciente se han tramitado detenciones y gestiones judiciales para atender solicitudes —en su mayoría provenientes de los Estados Unidos— orientadas al juzgamiento de delitos vinculados con estructuras criminales transnacionales. Estas medidas han generado posiciones encontradas, tanto a favor como en contra: para algunos sectores, constituyen una herramienta de cooperación jurídica internacional frente al crimen organizado; para otros, plantean tensiones en materia de soberanía, garantías procesales y proporcionalidad. Será el tiempo, junto con la evaluación empírica de sus resultados, el que permita determinar si dichas extradiciones se consolidan o no como un mecanismo realmente efectivo en el control de la criminalidad organizada.
En el ámbito judicial, persisten la mora procesal, la lentitud en la resolución de causas y la consecuente pérdida de confianza social. Cuando el tiempo erosiona la verdad de los hechos y la justicia no llega de manera oportuna, el sistema jurídico se debilita y el ciudadano percibe incertidumbre y desprotección.
En sede legislativa continúan en discusión diversas iniciativas orientadas a atender estas problemáticas. No obstante, cualquier reforma que aspire a mejorar la seguridad debe estar acompañada de viabilidad técnica, financiamiento suficiente y planificación operativa realista, evitando respuestas simbólicas o reactivas que profundicen la desconfianza institucional.
Que el cierre del año 2025 sea una oportunidad para consolidar un modelo de seguridad jurídica y seguridad ciudadana basado en la prevención, la institucionalidad democrática, la transparencia, la probidad pública y el respeto pleno a los derechos humanos, como fundamento genuino del Estado de Derecho.