Estamos a las puertas de un nuevo linchamiento político por parte de nuestros legisladores desde la Asamblea Legislativa, y en este caso poniendo como excusa una acusación pública de un supuesto caso de acoso sexual de un magistrado.
Que interesante sería que los diputados y diputadas pusieran a responder su patrimonio económico en caso que este linchamiento termine en una condena contra el Estado, como ya ha sucedido en otro caso similar.
Votarían tan irresponsablemente, si sus bienes estuvieran en juego, estarían tan seguros de la responsabilidad del magistrado si esa acusación dependiera de resoluciones posteriores en los tribunales de justicia, y en caso de que el Estado deba indemnizar al funcionario, ellos respondieran personalmente ante esta demanda. Es claro que no.
Y es que el linchamiento promovido por algunos irresponsables contra el magistrado Porfirio Sánchez se basa en una acusación de supuestos hechos de hace 24 años, donde hoy una jueza dice que en el 2001 fue acosada por el hoy magistrado.
Curiosamente esta jueza ya ha acusado a otros funcionarios de acoso, dichas acusaciones no han terminado ni en juicio, porque parece ser que a la funcionaria judicial se le ha hecho fácil señalar a otros cada vez que quiere presionar por algunos intereses personales.
La señora Arce ya había señalado en los mismos términos a jueces de apellido Hernández y Ballestero, quedando estos dichos en alegatos sin fundamento, que ni llegaron a juicio.
Igual la conducta dentro del Poder Judicial de la jueza Arce es muy cuestionable, incluso recibiendo una sanción disciplinaria por presionar a una jueza a fallar a su favor en un caso personal de divorcio. Por este caso fue suspendida sin goce salarial, por la falta cometida.
En lo político lo mas extraño de este linchamiento del magistrado Sánchez es quienes lo promueven, el figuerismo de sobra conocido, el oficialismo que se encuentra en una guerra abierta con el Poder Judicial, el Frente Amplio acostumbrado a formular acusaciones falsas, los liberales curiosamente encabezados por la diputada Cambronero y Nueva República, que esta vez parece que prefieren apuntarse a tirar la primera piedra.
Lo más curioso de esta “alianza” pro linchamiento es la posición del Partido Nueva República que se une a sus rivales naturales dentro de la Asamblea Legislativa y crucifican a un magistrado por los decires bastante cuestionables de un medio de comunicación que vive en una guerra declarada contra sus diputados. Y por otros partidos que nada tienen en común con el grupo conservador que representa Fabricio Alvarado.
Y bueno, si este linchamiento sin sentido se lleva a cabo sería necesario recordar la lista de los irresponsables que jugando de jueces se violarían flagrantemente el principio de inocencia.
Precedente nefasto se puede abrir hoy en la justicia costarricense.
