El próximo miércoles 31 de mayo se realizará en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D.C. una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación de inestabilidad democrática y el irrespeto a los derechos humanos en Venezuela.
La importancia de este evento, recae en que por primera vez serán los más altos dignatarios diplomáticos de las naciones de la región, quienes abordarán la compleja situación política, económica y social por la que atraviesa desde hace mucho tiempo dicha nación sudamericana y, especialmente, se trata de una gran oportunidad en que podremos ser testigos presenciales de la posición que cada nación del área asuma ante esta delicada y complicada situación.
Basta con ver los reportes de distintos medios de comunicación, las publicaciones que realiza el mismo pueblo venezolano en redes sociales y los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, para comprobar algo de lo que no podemos ser indiferentes: la angustia y la desesperanza de un pueblo oprimido, las muertes que ascienden ya a más de cincuenta manifestantes, la escasez de alimentos y medicinas e inseguridad, el cinismo con que se atropella la Constitución creada por el mismo chavismo, y un largo etcétera.
Como bien afirmó una vez el Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu: “En situaciones de injusticia, ser neutral es tomar el lado del opresor”.
No existen intereses económicos o políticos que estén por encima de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que puedan justificar la complicidad con un régimen que va más allá del autoritarismo. La libre autodeterminación de los pueblos y la no intromisión en asuntos de otros Estados, son principios de derecho internacional que se deben aplicar entre democracias con condiciones básicas de libertad y justicia, pero no pueden ser excusa ante la irracionalidad y la violencia.
Por lo tanto, es de esperar que la mayoría de las naciones del área se pronuncien de manera firme y contundente contra los atropellos que vive el pueblo venezolano y especialmente, nuestro país, pionero en la defensa de la democracia, la paz, la libertad y los derechos humanos, debe alzar su voz y hacer uso de todos los mecanismos jurídicos y diplomáticos que estén al alcance para gestionar una salida ordenada y pacífica que ante el riesgo de más muertes y atropellos, podría terminar en actos aún más violentos.
Es sin embargo necesario ser realistas. Al régimen de Maduro poco le interesan los organismos internacionales. Ya sacó a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha iniciado la salida de la misma OEA, saben además que aplicar sanciones económicas terminará por empobrecer a un pueblo ya golpeado por el deterioro de su economía. Pareciera que la única vía será una solución negociada y articulada desde diferentes naciones y organismos internacionales.
Como bien lo ha señalado el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, la única opción viable a la crisis pareciera ser la convocatoria inmediata a elecciones nacionales. No obstante, esta salida para que sea viable y evite un mayor derramamiento de sangre y un incremento en la inestabilidad del país, implica necesariamente una salida negociada que ofrezca opciones al mandatario y su grupo de poder. Una salida que permita la llegada inmediata de la democracia y el restablecimiento de derechos y garantías fundamentales a los ciudadanos y posteriormente, la aplicación de la justicia en los casos que corresponda.
En ese contexto Costa Rica debe asumir un papel protagónico, firme y decidido. Eso es lo que esperamos para el próximo 31 de mayo.
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