Las personas defensoras de derechos humanos promueven, procuran, dan seguimiento, inciden en la agenda política y defienden legalmente los derechos humanos y libertades fundamentales. Nuestra labor y la de las organizaciones de sociedad civil a las que pertenecemos tienen una importancia particular y merecedora de una protección especial. Las acciones de vigilancia, denuncia, difusión y educación contribuyen a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en la región.
En la región interamericana, el derecho a defender derechos fue reconocido por la Comisión y la Corte Interamericanas. De hecho, se recomendó a los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica) que tomaran las medidas necesarias para proteger la integridad física de las personas defensoras de derechos humanos. Para la Corte, el cumplimiento de la obligación estatal de respetar y garantizar el goce de los derechos humanos, no basta con que los Estados se abstengan de violar derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas para la protección de las personas defensoras de derechos.
Las limitaciones del trabajo y las agresiones en contra de personas defensoras son una realidad en Costa Rica. Hay muchos ejemplos al respecto: Antonio Zúñiga y Óscar Quirós, dirigentes de lucha contra la deforestación, fueron asesinados en 1989 y 1992 respectivamente; en abril de 1995 hubo incendios simultáneos en las viviendas del geólogo Wilfredo Rojas y de la trabajadora social Elizabeth González, que participaban de una lucha contra un relleno sanitario en Mora.
Probablemente, el caso más recordado es el de Jairo Mora: El 31 de mayo de 2013 fue asesinado en medio de una emboscada cuando realizaba una vigilancia en Playa Moín. Su cuerpo fue localizado con un impacto de bala en la cabeza. A raíz de esto se presentó el proyecto de ley 19.610 que impone pena de prisión a quien mate o prive de su libertad personal a una persona activista de los derechos humanos, cuando en los delitos cometidos el móvil sea la condición de activistas.
Este proyecto cumple con las obligaciones internacionales de Costa Rica de tomar las medidas necesarias para sancionar violaciones a la integridad física de las personas defensoras de derechos. Los casos de agresiones y homicidios contra activistas, especialmente ambientales, no son hechos aislados. Ha existido persecución contra estas personas y una lamentable omisión del Estado.
Sin embargo, una vez más nuestra Asamblea Legislativa le dio la espalda a los derechos humanos y a las personas que los defienden: Recientemente decidió archivar este proyecto de ley. Un lamentable error que debe ser subsanado. En una democracia, la protección de los derechos humanos requiere especial atención.
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