Por mandato constitucional y reglamentario, la Comisión de Asuntos Hacendarios se encuentra, desde el pasado primero de setiembre, abocada al estudio y trámite del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020, expediente 21.568. Como ustedes comprenderán, no se trata de un proyecto cualquiera.
El presupuesto de las instituciones que conforman el gobierno central va más allá de ser un mero documento jurídico contable que registra autorizaciones de gasto. En realidad, el presupuesto debe ser concebido como un instrumento de desarrollo, como un mecanismo a partir del cual el Estado costarricense define sus prioridades en materia de salud, seguridad social, educación, infraestructura, empleo, etc. En otras palabras, es una de las herramientas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de la población en general.
En virtud de su trascendencia, cualquiera esperaría que los procesos de programación, formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación del presupuesto se ajustaran estrictamente a las disposiciones de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley Nº 8131, así como a otros lineamientos técnicos sobre este tema. Sin embargo, la realidad nos presenta otro panorama. Luego de haber analizado la presentación y defensa del plan de gastos de al menos 13 jerarcas, esta diputada ha logrado identificar algunas situaciones (o falencias) que resultan transversales para la mayoría de los Títulos Presupuestarios. Citaré al menos tres de ellas:
- Primero: Para 2020 se asignan ¢2.89 billones por concepto de transferencias corrientes. Hay instituciones cuyo presupuesto está conformado, en muy altos porcentajes, de puras transferencias. Es el caso de Salud con 81.7%, Gobernación y Policía (45.5%), Agricultura y Ganadería (41.6%), Presidencia de la República (36.7%), Educación Pública (33.9%) y el Ministerio de la Presidencia (31.4%). Dichos recursos, que son utilizados para financiar gasto corriente, prácticamente no están sujetos a ningún tipo de supervisión. Las audiencias han demostrado que las autoridades no implementan ningún tipo de mecanismo que les permita determinar el buen uso o no de estos fondos, evaluar resultados, el cumplimiento de objetivos, metas alcanzadas o los beneficios obtenidos, el jerarca solo genera la transferencia.
Algo similar sucede con las transferencias de capital. Para este fin se presupuestan ¢551.315 millones (cerca de 1.5% del PIB). Lamentablemente, los jerarcas también desconocen cuáles son los proyectos específicos de obra o de inversión a los cuales van dirigidos estos recursos. Visualizadas de manera integral (corrientes y de capital), las transferencias comprenden el 32.7% del total del presupuesto de la República, lo cual significa, ni más ni menos, que el uso o destino de ¢3.44 billones están a la libre o con escasos y limitados controles, por parte del jerarca quien transfiere.
- Segundo: Hay un grupo importante de Títulos, Programas o Subprogramas Presupuestarios que no registran objetivos estratégicos vinculados al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP), ni tienen una programación física que contenga productos, indicadores de cumplimiento y metas. Esto limita, posteriormente, la evaluación y la rendición de cuentas sobre el uso, efectividad y aplicabilidad de los recursos que les son asignados.
- Tercero: Uno de los mayores problemas que presentan las instituciones es la inadecuada aplicación del régimen de contratación pública. Los procesos de compra se plantean de manera tardía, sumado a la complejidad muchas veces de las especificaciones técnicas que dificultan la adquisición de los bienes o servicios requeridos. Lo anterior tiene un impacto negativo en el proceso de planeación, ya que es importante saber de previo cual es el objeto de la contratación, tener claridad a la hora de emitir los respectivos carteles y dar un seguimiento adecuado, todo lo cual influye en el accionar de las instituciones.
Estos y otros aspectos revelan problemas de carácter estructural dentro del presupuesto de la República, no para 2020, sino que se vienen arrastrando desde hace muchos años y que requieren ser abordados con prontitud y responsabilidad. Cada vez estoy más convencida que el mayor obstáculo para alcanzar el desarrollo nacional no es solamente la falta de recursos económicos, sino, principalmente, la falta de pericia en materia de gestión y administración de los fondos públicos.
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