La peste del sobreendeudamiento afecta a miles y miles de familias costarricenses.
Los ciudadanos costarricenses están padeciendo una enfermedad social llamada sobreendeudamiento crónico, consecuencia de campañas multimillonarias para captar incautos en el negocio de la deuda a tasas de usura.
Los efectos nocivos de una sociedad sobre endeudada para fines meramente de consumo son catastróficos desde la perspectiva del crecimiento y el bienestar, pero son aún más nocivos entre más altas sean las tasas de interés reales a que se materializan las deudas. Veamos solo algunos efectos negativos:
- Las personas pierden capacidad de consumo por lo que los mercados pierden dinamismo sustancialmente.
- El ingreso se concentra: las familias deudoras pierden y los acreedores de la deuda ganan en exceso.
- La morosidad de las familias se transforma en inhabilitación para que puedan acceder a créditos posteriores al quedar manchados casi a perpetuidad. No podrán acceder a vivienda o emprender negocios.
- Desbancarización de deudores por el temor permanente a embargos.
- Los ciudadanos de menores ingresos tienen poca capacidad para defenderse de los abusos pues implican enormes gastos legales.
- La usura se transforma en un incentivo para que el sector financiero concentre el crédito en el consumo, y reduzca el crédito para producción.
- Las tasas de usura tienen un sesgo injusto en contra de los sectores de bajos ingresos, son incrementalmente más altas.
- Las múltiples querellas por impago saturan los tribunales de justicia con grandes costos sociales.
- El estrés de la sobredeuda es foco de conflictos familiares y problemas en el plano moral. Entre otros problemas.
La mayoría de los países desarrollados o en desarrollo han legislado con el fin de dar protección a sus ciudadanos en esta área. Sin embargo, en Costa Rica tenemos grandes vacíos legales que permiten el abuso en contra de la ciudadanía y la trampa del sobreendeudamiento parece no tener salida para los que están allí atrapados. Es más, el marco legal señala como único culpable al deudor, sin reconocerse que el acreedor muchas veces, sino todas, fue acosador para que el deudor aceptara su dinero o transacción usurera.
Lo normal es que los países establezcan una tasa de interés máxima que legalmente se pueda cobrar, permitan las quiebras personales –un borrón y cuenta nueva-, y /o mecanismos de salida a los problemas particulares de las familias. De todo esto carecemos en Costa Rica.
Países como: Alemania, Canadá, Francia, Italia, Chile, Colombia, Uruguay y España, por citar solo algunos, han establecido tasas máximas efectivas que se pueden cobrar, además de una amplia legislación financiera para evitar cláusulas abusivas contractuales.
Si tomamos como base la tasa máxima permitida hoy en Colombia que es del 33% (Chile 34,5%) y la aplicamos en Costa Rica, anualmente las familias pueden estar pagando en exceso cerca de ¢500.000 millones, esto es 1,7% del PIB, cifra que dado el multiplicador del gasto podría dinamizar en mucho nuestra actividad económica, con los demás efectos favorables.
Urge legislar respecto a lo arriba señalado, con el fin de aliviar la carga a las familias costarricenses, además debemos iniciar una cruzada nacional para educar a nuestra población en el manejo de las finanzas familiares para que como país podamos crecer más aceleradamente y disfrutar mucho más de los ingresos que generamos como sociedad.
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