La realidad del país, en materia de estructura empresarial, está asociada al surgimiento de numerosas microempresas de subsistencia o de base social que influyen en la dinámica social y económica actuando como un mecanismo de estímulo al empleo y de combate a la pobreza. No obstante el año 2018, según una encuesta del INEC 56.350 microempresas de los hogares dejaron de operar.
En este contexto es necesario el diseño de políticas públicas en apoyo al sector microempresarial. El cual se distingue por enfrentar restricciones de diversa índole con la constante de bajos niveles de aportación al valor agregado, productividad e innovación y, por lo tanto, bajos niveles de bienestar para los emprendedores por la remuneración que reciben.
Lo anterior muestra el aumento del riesgo de abandono de la actividad empresarial, que refleja, por una parte, la débil estructura con la que nacen las nuevas empresas y, por otra parte, el complejo ambiente que perciben los emprendedores en la etapa inicial de desarrollo.
Por lo tanto el fomento de la empresarialidad, entendida como la capacidad de crear, generar y desarrollar condiciones óptimas, para la apertura de empresas con la finalidad de que perduren los tres primeros años de vida, a través de políticas públicas de fomento a la acción emprendedora.
Es decir, que las estrategias empresariales se orienten al emprendimiento desde su origen, donde en etapas iniciales como la gestación del proyecto se lleve a cabo un acompañamiento que facilite a los emprendedores la captación de oportunidades reales en el mercado.
La decisión de iniciar un negocio, que estimule la acción emprendedora e impulse la operación de un proyecto tiene la perspectiva de alcanzar beneficios que permitan, en un primer momento, mantener la actividad de la empresa y después dotarla de estabilidad económica.
El interés en mejorar la calidad de los emprendimientos está relacionado con la perspectiva de prolongar la vida de la empresa y del efecto positivo que pudiese provocar en la actividad económica de la región. Los emprendedores que cuentan con los activos eficientes para emprender un proyecto incrementan la posibilidad de entrada al mercado y disminuyen la de salida.
Los emprendimientos impulsados por la necesidad de obtener recursos económicos para satisfacer carencias de acceso a bienes y servicios básicos que habitualmente operan en el sector informal con fuertes restricciones de capital productivo y seguridad social, mostrando desventajas en temas de formación empresarial, constituyen un grupo de microempresas susceptible de apoyo.
Finalmente, el beneficio de la capacitación, programas de formación empresarial, fomento de la cultura de la legalidad-formalidad, canales de información y acceso a financiamiento que propicien un entorno adecuado de servicios a las empresas para potenciar sus posibilidades de supervivencia y consolidación.
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