La captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores se dio este 3 enero en horas de la madrugada; mediante una compleja operación militar ejecutada por las Fuerzas Especiales Delta de los Estados Unidos, la misión fue rápida, quirúrgica y efectiva; con un mensaje claro: se quitó la cabeza principal para que los demás entreguen el poder; si no lo hacen, habrá una segunda operación militar.
Pero esto no equivale al inicio automático de una democracia. Quien confunde ambos momentos comete un error grave y peligroso, entre uno y otro hay una transición post-régimen obligatoria, primero hacer el país gobernable, después hacerlo democrático.
La dictadura cae, pero el Estado sigue secuestrado por estructuras criminales incrustadas durante más de dos décadas, porque mandos militares y operadores narco controlan armas, territorios, rutas logísticas, sectores económicos clave y flujos financieros ilícitos. Estas redes criminales conservan capacidad real de violencia y no van a desaparecer porque Maduro esté preso; pretender que un gobierno civil asuma ya el control total sería suicida, porque tendría que sentarse a negociar con las mismas estructuras criminales que reprimían y traficaban, eso no es transición.
Una transición post-régimen implica desmantelar progresivamente esas redes criminales, despolitizar y depurar las Fuerzas Armadas, combatir grupos insurgentes residuales, restablecer el monopolio legítimo de la fuerza, liberar presos políticos, excarcelar militares leales perseguidos y firmar acuerdos con supervisión internacional estricta.
Edmundo González y María Corina Machado ganaron legítimamente en 2024, como está probado por las actas, son la única autoridad moral y política del cambio, reconocida por múltiples gobiernos. Exponerlos ahora a un país aún infestado de estructuras criminales sería irresponsable, porque los obligaría a pactar con narco generales y jefes de bandas para poder gobernar y eso destruiría su liderazgo antes de empezar.
La transición post-régimen no retrasa la democracia; la protege y la hace posible, luego de la dictadura.
El acompañamiento internacional en materia de seguridad no es injerencia, sino estabilización necesaria para evitar un vacío de poder y que las redes criminales se reagrupen y además este acompañamiento de transición tiene a la persona indicada, porque no solo es una autoridad política en Washington y el Secretario de Estado de Estados Unidos, sino que tiene un profundo conocimiento y una trayectoria en la región de América Latina, sus dinámicas de poder, redes criminales y riesgos geopolíticos.
La soberanía nace de que el poder político reside en la nación o en el pueblo, como expresión de su autodeterminación, la soberanía no reside en dictadores ni en estructuras criminales que usurpan el poder.
Quienes gritan “violación de soberanía” no entienden esto, ni que la soberanía no es un cheque en blanco para cometer crímenes transnacionales. Maduro no era únicamente un jefe de Estado, era un imputado por delitos transnacionales graves, incluyendo narcotráfico y conspiración criminal, por los cuales Estados Unidos ejerce jurisdicción extraterritorial en el marco del combate al crimen organizado. En este contexto, es clave subrayar que la razón central de su captura no es política, sino penal, el narcotráfico y la conspiración criminal transnacional constituyen la base de las imputaciones en su contra, sustentadas en una orden formal de captura emitida por autoridades estadounidenses, derivada de investigaciones de la DEA por tráfico masivo de drogas y criminalidad organizada.
A partir del juicio contra Maduro y Cilia en Nueva York, como análisis, es razonable anticipar que la cooperación de antiguos cabecillas del régimen permitirá destapar el alcance completo del Cártel de los Soles y de sus redes criminales internacionales; saldrán a la luz sobornos a partidos, políticos y gobiernos en Cuba, Nicaragua, Bolivia y otros países que blanquearon la dictadura o recibieron financiamiento ilícito a cambio de apoyo diplomático.
Estas revelaciones golpearán estructuras políticas en toda América Latina, debilitarán el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, y podrán desencadenar investigaciones que desmantelen los apoyos ideológicos y financieros residuales del chavismo.
La transición post-régimen en Venezuela responde simultáneamente a los intereses estratégicos de Estados Unidos y al bienestar de Venezuela y de América Latina, al desmantelar el narcotráfico, el tráfico de armas, la presencia de Irán y Hezbolá y el uso de la industria petrolera como fuente de financiamiento de redes criminales y adversarios geopolíticos.
La dictadura venezolana no solo destruyó el país, sino que exportó inestabilidad regional al convertir al Estado en un refugio para economías ilícitas que irradiaron violencia hacia Colombia, Brasil, Ecuador, Centroamérica y el Caribe. Por ello, su caída beneficia a toda la región al reducir los flujos de drogas, armas y dinero ilegal que alimentan homicidios, migración forzada y captura institucional.
El régimen venezolano desarrolló tentáculos criminales transnacionales que operaron más allá del continente americano., con el lavado de dinero, el uso del petróleo como mecanismo de financiamiento opaco y las alianzas con redes ilícitas internacionales insertaron a Venezuela en circuitos globales de criminalidad organizada.
Por ello, el fin de la dictadura venezolana no es solo una victoria política, sino un golpe estructural contra una red criminal con alcance global. Debilitar esa red contribuye a la seguridad internacional, al cumplimiento de sanciones, a la integridad de los mercados energéticos y a la lucha contra el crimen organizado transnacional. En este sentido, la transición post-régimen venezolana constituye un bien público regional y global.
Más de ocho millones de venezolanos huyeron del hambre y la represión. Una transición post-régimen exitosa abre la puerta al retorno voluntario masivo, para que familias enteras quieran volver a reconstruir su país si existen seguridad y oportunidades, en una economía reactivada con inversión extranjera y aliviaría la presión migratoria que el éxodo venezolano ha generado en todo el mundo.
Venezuela no necesita más improvisación, sacar a Maduro fue el golpe inicial, ahora toca limpiar el Estado de sus estructuras criminales, garantizar seguridad jurídica y preparar el terreno para que el gobierno civil legítimo asuma con fuerza, no con debilidad.
La transición post-régimen no es un lujo, sino la única forma de evitar el caos y construir una democracia que perdure.