En las últimas semanas, Costa Rica ha tenido que enfrentar una realidad incómoda: empresas han anunciado el cierre de operaciones en el país, dejando a miles de costarricenses sin empleo. Pero la verdadera pregunta no es por qué se van, sino: ¿de verdad alguien se sorprende? ¿Qué esperaban? ¿Que el capital se quede por caridad, soportando un sistema que lo trata como enemigo?
Basta de hipocresía. Costa Rica espanta la inversión porque es adicta al estatismo, a la regulación irracional y a exprimir al que produce. Mientras el país se enreda en discursos progresistas, ambientalistas o de “derechos”, la economía real se deteriora. La verdad es clara: Costa Rica ha dejado de ser competitiva para producir.
Hoy, la estructura de costos que enfrentan las empresas en el país es simplemente desproporcionada. El precio de la electricidad supera con creces al de países competidores en la región. Los combustibles están gravados con impuestos que encarecen toda la cadena logística. El transporte terrestre sigue siendo ineficiente. Y fuera del Gran Área Metropolitana, el acceso a infraestructura moderna es limitado. Según la Cámara de Industrias, el 72 % de las empresas señala el costo de la electricidad como su principal obstáculo para competir; entre las grandes, ese porcentaje se eleva al 89 %. Esta realidad no solo golpea a las multinacionales: también asfixia al pequeño productor, al comercio local y al emprendedor que intenta crecer sin subsidios ni protecciones políticas.
Costa Rica no tiene impuestos altos por necesidad: los tiene por convicción ideológica. El modelo fiscal parte de una premisa equivocada y peligrosa: quien tiene éxito debe ser castigado y obligado a redistribuir el fruto de su esfuerzo. Las cargas sociales superan el 36% sobre la planilla, lo que desincentiva la contratación formal y encarece cada empleo generado. A esto se suma una maraña tributaria con múltiples impuestos, reportes constantes, auditorías agresivas y una total falta de seguridad jurídica. El resultado es evidente: las empresas que pueden, se van. Las que no, recortan. Y las que aún resisten, lo hacen al borde del colapso.
A todo esto se le suma una burocracia lenta, redundante y costosa. El aparato estatal parece diseñado para obstaculizar, no para facilitar. Los trámites esenciales, como permisos, licencias o avales, pueden tardar semanas o incluso meses, sin ninguna consecuencia para quienes fallan en los plazos. Las instituciones duplican funciones, exigen requisitos contradictorios y no asumen responsabilidad por el impacto económico de sus acciones. En cualquier país que quiera crecer, el Estado acompaña y facilita la producción. En Costa Rica, pareciera que compite para entorpecerla.
La inseguridad institucional también ha aumentado. En los últimos años se han impulsado propuestas legislativas para limitar márgenes de ganancia en sectores clave, imponer nuevos tributos sobre la propiedad privada o castigar al llamado “capital especulativo”. Este tipo dev discursos, aunque populares entre ciertos sectores, envía una señal inequívoca a quienes generan empleo e inversión: no son bienvenidos. Se promueve la desconfianza, se castiga el riesgo y se premia la pasividad.
Costa Rica no puede seguir viviendo del prestigio del pasado. Ninguna empresa está obligada a quedarse en un país que no valora el esfuerzo, que penaliza el éxito y que extorsiona fiscalmente a quienes generan riqueza. El verdadero enemigo del desarrollo no es el capital privado: es el estatismo que lo reprime, la burocracia que lo asfixia y la ideología que lo demoniza.
Mientras no se corrija el rumbo, seguirán yéndose más empresas, más empleos, más oportunidades. Y el país quedará atrapado en el espejismo de sus propios discursos, creyéndose justo y progresista, mientras se empobrece a sí mismo en nombre de principios que destruyen la producción.