
Empecemos por el principio. Las armas de fuego no son un bien jurídico cualquiera. Son muy peligrosas por ser letales desde su diseño. No son carros, casas o confites que pueden comprarse en la pulpería según mis gustos y preferencias. En reiteradas ocasiones la Sala Constitucional ha dicho que son objetos peligrosos, y que se requiere que el Estado establezca un límite a la cantidad y a los tipos de armas. Precisamente por eso la Ley N° 7530 vigente, pone un tope de tres armas para que las personas puedan inscribir para la defensa de sus bienes.
En realidad, la idea de que una familia pueda ejercer su defensa frente a un ataque ha sido muy rebatida por estudios internacionales serios y rigurosos. Desde 1993 ya Kellerman había demostrado que tener armas en la casa estaba asociado a un aumento del riesgo para esas familias de ser víctimas de esa misma arma (Incluso en casos de violencia doméstica muy comunes en nuestra región). Los riesgos de los países muy armados en realidad son para la sociedad en su conjunto: cuando hay muchas armas es más fácil que los delincuentes tengan acceso a ellas, que terminen siendo mal utilizadas o que causen accidentes hasta mortales.
Aun así, es cierto que existe un derecho a la legítima defensa, y que, según nuestra legislación, puede ejercerse incluso con armas de fuego. Hasta el momento se ha permitido a las personas inscribir tres armas con ese objetivo, pero hoy las condiciones de seguridad del país obligan a pensar en la conveniencia de reducir ese número.
Algunos datos muy sencillos ayudan en esa lógica. El 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego, la gran mayoría con armas permitidas por la legislación. De esa cantidad, ya conocemos que en el 37% de esos casos, se utilizaron armas que habían estado inscritas y totalmente en regla. Es decir, el mercado ilegal de armas se alimenta en más de una tercera parte del mercado legal. Es verdad que hay también otras fuentes como el tráfico de armas a través de nuestras porosas fronteras, pero también es verdad que el mercado legal aporta al menos una tercera parte.
Lo cierto es muchas de las armas que hoy se siguen utilizando para robar o matar, ingresaron al país de manera legal. Y ese un ciclo perverso con el que debemos acabar. Es lógico entonces que una forma de disminuir las cantidades de armas de las que disponen los criminales, es disminuyendo el total de armas que hay en el país, y el mejor control de mercado legal (y su disminución) es parte de este esfuerzo.
Las armas pasan del mercado legal al ilegal de muchas formas. La principal es robo de armas a personas honestas en sus viviendas o a guardas de seguridad privada. Entre el 2016 y finales del 2018 se reportaron más de 2.500 armas como robadas antes el Organismo de Investigación Judicial.
El ciclo perverso de las armas de fuego, caracterizado por este paso de la legalidad a la ilegalidad, debe terminarse. Y una de las formas de hacer eso es disminuyendo las cantidades de armas que las personas pueden tener legalmente. De lo contrario será más difícil para el Estado enfrentar a los criminales que fácilmente seguirán teniendo acceso a muchas armas. Mantener un arma para la defensa ayuda en ese objetivo y no aspira a desarmar a la ciudadanía honesta y responsable.
¿Qué enseñan las experiencias internacionales sobre el incremento en el control de armas?
Las conclusiones de la investigación internacional sobre este tema son bastante contundentes. Organizaciones de alto prestigio como ILANUD, UNODC, la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y muchas otras han realizado sendas publicaciones con recomendaciones para que las sociedades tengan menos armas.
Desde hace muchos años, se sabe que en general los países con legislaciones más restrictivas en cuanto a tenencia de armas, como Japón y la Gran Bretaña, tienen tasas muy bajas de homicidios. Otros países con restricciones más ligeras (o con casi ninguna restricción como Estados Unidos), tienden a tener tasas de homicidios más altas que los países con los cuales pueden compararse u otros problemas como homicidios en serie o abundantes muertes en tiroteos.
Hay además experiencias más recientes en países como Escocia, Nueva Zelanda, Austria, Brasil y otros, que luego de reformas a la legislación han logrado mejorar sus niveles de seguridad. En los mismos Estados Unidos, un riguroso estudio de Monuteaux y otros (2015) demostró que aquellos Estados con mayor tenencia de armas tenían también niveles más altos de delitos con armas de fuego.
El problema de los homicidios con armas es especialmente grave en América Latina. Se menciona que tenemos apenas el 9% de la población del mundo, pero que en la región se cometen alrededor del 33% del total de homicidios. Algunos países y regiones han experimentado mejoras importantes a partir de políticas más restrictivas de control de armas. En Bogotá y Calí, un estudio de Villaveces (2000) demostró que la implementación de vedas a la portación de armas y consumo de licor logró disminuir los homicidios en los días en los que se implementó. En el Municipio de San Martín de El Salvador se estableció también un programa similar de veda de armas, logrando reducir los homicidios hasta en un 21% durante el primer año del programa (PNUD, 2007).
Las experiencias más recientes son también de países muy cercanos al nuestro. En Panamá desde el 2012 se implementó una veda a la importación de armas, logrando reducir hasta en 300 el total de homicidios que se comenten con armas. En Colombia desde el Gobierno del Presidente Santos se implementó una veda a la portación de armas en espacios públicos, alcanzando en el 2017 la tasa más baja de homicidios en los últimos 30 años.
Las excepciones a esta esta regla existen ciertamente. Por ejemplo, en México su amplia frontera con Estados Unidos le ha impedido disminuir la proliferación de armas en su sociedad, y en Venezuela las condiciones de un estado fallido hacen fracasar cualquier política pública.
Pero lo cierto es que las conclusiones de las investigaciones más serias a nivel internacional, así como de las mejores prácticas y experiencias de la región son claras: Los países con más armas tienen niveles más alto de violencia y las experiencias de incrementar el control de las armas pueden ciertamente mejorar la seguridad de las personas.
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