Para nadie es secreto los beneficios para nuestro país que tiene la presencia en nuestros mares y en el espacio aéreo de policías y naves nacionales y estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico, dada nuestra débil infraestructura de seguridad y la falta de recursos para atender el fenómeno delincuencial transnacional. No podemos cerrar los ojos a lo que es evidente: la droga no solo pasa por Costa Rica, sino que lamentablemente se queda acá y los cientos de homicidios al año y el clima de violencia y de inseguridad son solo síntomas de una enfermedad que ya afecta a los hogares, a los barrios, a las escuelas y a los costarricenses en general. Hoy no estamos seguros en ningún lugar y esto nos perjudica para el desarrollo de actividades como el turismo, el comercio y hasta para la convivencia pacífica. Por lo tanto, lo que antes era una lucha en los mares y por aire, hoy es en tierra y hasta en el campo cibernético.
La inminente extradición del exmagistrado Celso Gamboa ha sido un terremoto político a nivel nacional y un golpe quirúrgico a la estructura de corrupción institucional. Hoy muchos no duermen tranquilos, a la espera de ser el próximo en ser extraditado y pocas personas tienen la cantidad de información y de contactos como él en el escenario político nacional. Además, demostraría que era cierta la leyenda urbana de que el narco campea en los poderes públicos. Por un lado, se evidencia que la presión de Estados Unidos consiguió un grado alto de efectividad y de movilidad muy poco usuales en los políticos locales – incluso con algunas cancelaciones de visa de por medio – desde la aprobación de la reforma constitucional hasta las aceleradas gestiones de unos y otros para “colaborar” con la justicia norteamericana. Parece que lo que dice un juez en Estados Unidos tiene un valor supra y que hay una idea de que allá sí se pueden juzgar a los que aquí son “intocables”. Por otro lado, la posible lista de nombres de funcionarios involucrados con el narcotráfico que ha dicho el exmagistrado que revelará a las autoridades estadounidenses, hace presumir que en los aviones de la DEA viajen algunos de los que hoy dan discursos desde la esfera política criolla. Y es curioso ver cómo en redes sociales se aplaude que agentes de la DEA o del FBI actúen en territorio nacional. Una de las causas debe ser el clima de impunidad local que se sabe que existe una “red de cuido” para los políticos y los delitos de cuello blanco, y que la cárcel está predestinada para los pobres denominados “costarricense de a pie”.
Ya en el pasado, los norteamericanos instruyeron a las fuerzas policiales costarricenses. Es memorable el famoso Batallón Relámpago y sus capacitaciones en Murciélago, Guanacaste o en el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) de Honduras en los años ochenta para la defensa territorial ante las amenazas externas. También con las capacitaciones de policías en la Escuela de las Américas, primero en Panamá y luego en Fort Benning. Por lo tanto, el tema no es nuevo y la cooperación internacional entre ambas naciones es necesaria para un problema hemisférico. En ese sentido, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), General Laura Richardson, y el Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunciaron un proyecto de asistencia en seguridad que permitirá al Ministerio de Seguridad Pública establecer un Centro de Operaciones de Ciberseguridad en el 2026.
Hay grandes desafíos aún, por ejemplo: el tema del lavado de dinero y migración. Costa Rica no tiene la capacidad propia para seguir la ruta del blanqueo de activos, que incluso se insinúa que está presente en las campañas políticas y por eso vemos que hasta el tema de criptomonedas es un tabú que carece de regulación. También, el tema de fronteras porosas y una debilidad estructural para el control migratorio hace que la irregularidad e informalidad sean el pan de cada día. Ambos temas son de interés para los estadounidenses porque personas o grupos de redes de trata de personas y delincuencia organizada están presentes en Costa Rica y ellos no quieren que suban al norte. Y si hay mano dura en otros países de América del Sur o de la región, lo lógico es que estos grupos busquen al país que no tiene ejército y que la seguridad es más vulnerable y con posición geopolítica preferencial. Para los estadounidenses es preferible atajar los problemas a kilómetros de su frontera y entre más lejos, es mejor.
Hoy Ecuador ha dado un paso adelante y se realizan patrullajes terrestres en conjunto con el apoyo del Comando Sur. Parece inevitable que habrá desplazamiento de grupos delictivos para otros países y Costa Rica comparte frontera marítima con Ecuador. Por lo tanto, las autoridades nacionales deben ser proactivas y aprovechar el tiempo para acabar el problema en los temas estructurales: corrupción de las cúpulas policiales, falta de empleo, crisis educativa, desigualdad social y dotación de mayores recursos a seguridad. De todo lo anterior, solo un tema casi no ha sido estudiado, el primero, por una obvia complacencia de los políticos de turno con aquellos que les prometen “volar garrote” cuando el pueblo se manifiesta o va a huelga. Pero, no se puede pedir un cambio en Costa Rica con una cúpula policial podrida y que mantiene personas durante años a pesar de pésimos resultados en seguridad y resulta ingenuo pensar que el exponencial crecimiento del narcotráfico no ha sido apoyado por autoridades cómplices. En la empresa privada quien da mal desempeño es despedido y punto, por eso los cientos de homicidios al año deberían de equivaler a las renuncias o despidos deshonrosos de muchos “pavos reales” que no permiten la llegada de águilas o halcones mejores preparados para enfrentar esta emergencia nacional. Es urgente dar el paso al cambio. Ojalá que con ayuda de los norteamericanos se nos exija depurar las fuerzas de seguridad y sobre todo a ser implacables con la corrupción. Llegó la hora de dejar atrás discursos patrioteros, de mentalidad del “pobrecito” y debemos de quitar lo que no sirve y que mejor no estorbe. En fin, ¡Vivan siempre el trabajo y la paz!