En Costa Rica hay una discusión incómoda que cada vez suena más fuerte: ¿se puede controlar al Poder Judicial sin poner en riesgo su independencia? Desde dentro del propio sistema, Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema dice que Costa Rica no necesita un Poder Judicial sometido, otros funcionarios del mismo Poder Judicial dicen que cualquier intento de reforma disciplinaria es peligroso. Pero desde muchos sectores opinan lo contrario, incluyendo al presidente Rodrigo Chaves y al exministro Juan Diego Castro, que insisten en que ya es urgente hacer cambios para enfrentar problemas como la corrupción, el amiguismo, el compadrazgo político y la ineficiencia, que son un cáncer que destruyen al sistema judicial y perjudica a todo el país.
Para la Fundación para la Prevención del Delito y la Justicia Social (FUNPREDE), este no es un debate político pasajero. Es un problema estructural que afecta directamente la seguridad jurídica, la prevención del delito y la confianza de la gente en las instituciones públicas. El problema es que la discusión se ha planteado como si hubiera que elegir entre dos extremos: independencia o control. Pero esa no es la pregunta correcta. El verdadero reto es encontrar cómo garantizar ambas cosas al mismo tiempo. Es decir, lograr un Poder Judicial independiente, pero que también tenga controles reales y efectivos, evitando caer en un corporativismo judicial donde el sistema protege a la cúpula del sistema.
Hoy, el Poder Judicial concentra demasiadas funciones en unos cuantos: nombra, investiga, sanciona y administra. Aunque esto podría parecer una fortaleza, en la práctica abre la puerta a conflictos de interés. Cuando quienes deben ser controlados forman parte del mismo círculo que controla, la objetividad se debilita. Desde FUNPREDE se advierte que este modelo favorece desviaciones internas. Los mecanismos de control pierden fuerza y, al final, el sistema tiene menos capacidad para corregir conductas indebidas.
Y hay que decir la verdad, muchas de las críticas tienen fundamento. El sistema actual puede terminar protegiendo a funcionarios ineficientes o incluso corruptos. Pero también puede perjudicar a quienes sí hacen buen trabajo o denuncian o no hacen caso a las instrucciones de los corruptos de la cúpula, debido a la falta de criterios claros y uniformes. En algunos casos, esto se traduce en persecuciones selectivas contra quienes incomodan a ciertos grupos de poder dentro del propio sistema judicial.
Esta doble distorsión, impunidad por un lado y persecución por otro, es especialmente peligrosa, porque rompe los incentivos y debilita la función preventiva de la justicia. Reconocer estos problemas no significa apoyar soluciones improvisadas o impulsadas por intereses políticos. No se trata de debilitar al Poder Judicial, sino de fortalecerlo mediante un rediseño institucional inteligente. Esto implica reformas puntuales, bien pensadas, tanto a la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitan separar funciones dentro de un sistema que hoy está demasiado concentrado.
Existen ejemplos internacionales que pueden servir de referencia. En países como Francia, ciertas funciones disciplinarias y administrativas están en manos de órganos independientes, separados de la función jurisdiccional. Esto permite que los jueces mantengan su independencia al dictar sentencia, pero sin quedar fuera de controles técnicos y objetivos.
La idea no es copiar modelos extranjeros, sino entender la lógica detrás de ellos: separar el control de la decisión judicial. Un órgano disciplinario moderno en Costa Rica debería tener autonomía real, una composición plural (sin dominio ni de jueces ni de actores políticos), reglas claras y métricas objetivas. Y algo clave: debe proteger tanto al buen juez como sancionar al corrupto, evitando que los procesos disciplinarios se usen como herramientas de presión.
Porque hay algo que muchas veces se pasa por alto: un mal sistema de control no solo encubre a quien actúa mal, también deja expuesto al funcionario correcto a denuncias estratégicas y sanciones arbitrarias. La falta de objetividad termina afectando a todo el sistema. Desde FUNPREDE se insiste en que la prevención del delito también depende de la calidad institucional. Un Poder Judicial sin controles efectivos no solo falla en casos concretos, también erosiona la confianza ciudadana. Y cuando esa confianza se pierde, el cumplimiento de la ley se debilita.
Decir que cualquier control externo pone en riesgo la independencia judicial es una idea que ya no se sostiene en un Estado moderno. La independencia no significa ausencia de control, sino ausencia de interferencias indebidas en las decisiones judiciales. Y eso es perfectamente compatible con un sistema disciplinario sólido, técnico y transparente. De hecho, la mayor amenaza a la independencia judicial no es el control, sino la falta de credibilidad. Cuando la ciudadanía percibe que el sistema se protege a sí mismo en lugar de rendir cuentas, esa independencia pierde sentido.
Costa Rica no necesita un Poder Judicial más débil. Necesita uno más moderno. Y esa modernización sólo será posible si se construyen mecanismos de control que sean objetivos, independientes y técnicamente sólidos. Porque un poder sin control real no es más independiente: es simplemente más cerrado.
