La pobreza en Costa Rica es una realidad que exige atención urgente. Detrás de cada cifra hay personas, familias y comunidades que luchan diariamente por sobrevivir en condiciones difíciles. Nuestros adultos mayores, las mujeres jefas de hogar, las familias que carecen de una vivienda digna y los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral necesitan respuestas concretas y soluciones que les permitan vivir con dignidad.
Uno de los sectores que más preocupa es el de nuestros adultos mayores. Muchos enfrentan serias dificultades económicas para comprar alimentos, adquirir medicamentos y cubrir sus necesidades básicas. Después de toda una vida de trabajo y sacrificio, merecen disfrutar de una vejez digna, con seguridad económica, alimentación adecuada y atención oportuna. Es indispensable fortalecer los programas de asistencia social para garantizar que ninguna persona adulta mayor tenga que pasar hambre o vivir en el abandono.
Asimismo, debemos volver nuestra mirada hacia las mujeres que, solas, asumen la responsabilidad de mantener sus hogares y criar a sus hijos. Muchas buscan empleo sin encontrar oportunidades que les permitan asegurar el sustento familiar. Como sociedad, tenemos la obligación de tenderles una mano mediante programas de capacitación, acceso a empleos dignos, apoyo para el cuidado infantil y alternativas que les permitan alcanzar una mayor independencia económica.
Otro problema que merece atención prioritaria es la situación de la vivienda. La existencia de cientos de asentamientos humanos en condiciones precarias representa un desafío social que no podemos seguir postergando. Se ha señalado la existencia de alrededor de 600 asentamientos que requieren atención; esta cifra debe verificarse y actualizarse mediante información oficial, pero refleja la magnitud de una problemática que merece respuestas serias.
En estas comunidades, numerosas familias viven expuestas a condiciones que afectan su salud, su seguridad y su dignidad. La falta de agua potable, electricidad, infraestructura adecuada y títulos de propiedad genera incertidumbre y limita las posibilidades de progreso. Ninguna familia debería verse condenada a vivir indefinidamente en condiciones que ponen en riesgo su bienestar.
Costa Rica necesita una política de vivienda integral que permita identificar las necesidades de cada comunidad, mejorar los asentamientos existentes, ampliar el acceso a los servicios básicos y facilitar soluciones legales para la tenencia de la tierra cuando corresponda. Este esfuerzo debe involucrar al Gobierno, los municipios, las instituciones responsables de vivienda y las comunidades afectadas. No basta con anunciar proyectos: se necesitan presupuestos, plazos, transparencia y resultados verificables.
También preocupa la situación de los jóvenes que concluyen sus carreras universitarias y se encuentran con enormes dificultades para conseguir empleo. Después de años de estudio, esfuerzo e inversión familiar, muchos descubren que obtener un título profesional no garantiza una oportunidad laboral.
El país debe promover programas de primer empleo, prácticas profesionales remuneradas, capacitación especializada e incentivos para las empresas que contraten jóvenes. Aprovechar el talento de las nuevas generaciones es fundamental para el desarrollo económico y social de Costa Rica.
Finalmente, ante este panorama, hacemos un llamado respetuoso a la Asamblea Legislativa para que impulse leyes y reformas que contribuyan a reducir la pobreza, fortalecer la protección de los adultos mayores, apoyar a las mujeres jefas de hogar, atender la crisis de vivienda y facilitar la inserción laboral de los jóvenes.
