Un artículo publicado en varios sitios web (nerdwallet.com, Nasdaq.com, qcostarica.com), escrito por el periodista, Richard Read, contiene una serie de declaraciones que no son ciertas y afirma otras que están fuera del contexto adecuado para reflejar la verdadera situación en relación con el tema de la piña orgánica de Costa Rica.
Este es un caso típico de la llamada “pos-verdad”. Como afirma Ralph Keyes, “En la era posterior a la verdad, las fronteras se difuminan entre la verdad y la mentira, la honestidad y la deshonestidad, la ficción y la no ficción” (https://ralphkeyes.com/book/the-post-truth-era/).
Para aclarar el contenido del artículo de Read, analizaré algunas de estas afirmaciones y explicaré la situación real.
Comencemos con el título de una nota de Read: “$ 6 millones en frutas orgánicas falsas vendidas a los EE. UU”. Este título se refiere a un informe de una Comisión de la Asamblea Legislativa que nunca estableció lo que afirma el titular: que la fruta vendida a los EE. UU es “falsamente orgánica”.
Eso fue un reclamo de una empresa (Frutera La Paz) que exporta piña orgánica, en contra de otra compañía (Valle Verde) que está en el mismo negocio. La Comisión Legislativa no es concluyente porque afirma que los hechos “podrían constituir un aparente fraude a las reglamentaciones orgánicas” y exige una mayor investigación.
Este caso fue investigado por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), una organización adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero con un grado de independencia administrativa que les permite dirigir los asuntos técnicos asignados por la ley, incluida la regulación de la certificación orgánica.
Los resultados de una investigación formal de SFE solo pueden ser impugnados por un Tribunal de Justicia, no por el Ministro de Agricultura y Ganadería. Puede sonar extraño, pero es la ley. Esta aclaración es necesaria para explicar mi papel como Ministro en ese momento.
En relación con este tema, la investigación formal de SFE no confirmó los reclamos de Frutera La Paz y tampoco canceló la certificación orgánica de Valle Verde. El camino legal que siguió La Paz fue impugnar el fallo de SFE en los tribunales.
No contento con eso, La Paz también decidió llevar este tema a la Asamblea Legislativa, convirtiendo un asunto legal en un tema político antes de que se dictara un fallo judicial.
La Comisión de la Asamblea que investigó a este respecto nunca pudo probar que el certificado orgánico de Valle Verde fuera inadecuado. Esto también necesita alguna aclaración adicional. En una decisión arbitraria del ex director de SFE, Francisco Dall’Anese, el Certificado Orgánico de Valle Verde fue suspendido temporalmente como medida preventiva mientras se llevaba a cabo una investigación del SFE, pero el certificado de los Estados Unidos seguía válido y cumplía con todos los requisitos.
La solidez de esta certificación fue confirmada en un estudio independiente realizado por el Programa Nacional Orgánico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (EE. UU.). Para poderse vender en los EE. UU. como orgánico, un producto debe cumplir con el estándar orgánico en ese país. Y ese fue el caso de Valle Verde.
El tema legal se refiere a la certificación costarricense y si Valle Verde debería haber exportado durante el corto tiempo en que la certificación local fue suspendida temporalmente. Esto tiene que resolverse en el tribunal, no en la oficina del Ministro.
Además, eso no representa ningún peligro para los consumidores de la Unión Americana porque se cumplen los estándares que exige esa nación.
Otra falsedad
Otro aspecto que necesita aclaración es mi papel como Ministro en esta polémica y lo que decidió la Comisión Legislativa al respecto. Primero, al contrario de lo que dice el artículo de Richard Read, nunca “dimití” de mi cargo, esa expresión implica una renuncia al puesto.
Fui nombrado por el expresidente, Luis Guillermo Solís (2014-2018), por la duración de su mandato constitucional de cuatro años y permanecí en el puesto hasta el final de esa administración. No hubo resignación o abdicación. En la era posterior a la verdad, el uso ambiguo de las palabras puede ser engañoso.
En segundo lugar, no tenía autorización legal para interferir con una investigación de SFE con respecto a cuestiones que le asigna la ley, eso se explicó a la citada Comisión. No podía tomar partido, ni con La Paz ni con Valle Verde. En este caso, todo el debido proceso fue hecho por SFE con su propio equipo legal y se llegó a la conclusión de que, si una de las partes no estaba satisfecha, cualquier decisión podía ser impugnado en una corte.
Esa es la ruta legal indicada y cualquier participación del Ministro habría estado fuera de los procedimientos establecidos. Incluso con esa explicación, la Comisión, en un votación de 4 a 3, aprobó una recomendación específica en el informe que requería una investigación para determinar si yo había fallado o no en mis responsabilidades.
Esta decisión fue presentada al plenario del Congreso para su aprobación o rechazo y aún no se ha votado. De modo que la afirmación del artículo de Read señalando que “los legisladores enviaron sus conclusiones a los fiscales costarricenses para una posible acción penal contra un representante de las empresas certificadoras y contra el ex ministro de agricultura del país” no es cierta. De nuevo, es fácil confundir las cosas en la era posterior a la verdad.
La investigación de la Comisión fue para determinar si hubo un fraude con las exportaciones de piña orgánica, no para determinar las responsabilidades del Ministro. Debido a eso, no presenté las acusaciones legales y otros documentos relevantes que hubieran probado que hice lo que la ley me permitía. Confío en que cuando la sesión plenaria del Congreso reciba la información correcta, tomarán la decisión adecuada.
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