Los regímenes de pensiones en Costa Rica administran un monto equivalente al 34% del PIB. Solo las operadoras de pensiones manejan (OPC) el 57.6 % de los fondos. Las OPC manejan el ahorro individual de más de dos millones cuatrocientos mil trabajadores, y el IVM obligatorio desde 1971 maneja también sumas enormes, números todos que indican que el impacto del sistema de pensiones sobre las distintas variables socioeconómicas y política del país es trascendental.
Nuestro sistema de pensiones construido a lo largo de muchos años se funda en cuatro pilares. El primero se refiere a las pensiones contributivas básicas, conformadas por los aportes obligatorios de los trabajadores bajo el esquema de capitalización colectiva, como el IVM, el Fondo del Poder Judicial, el del Magisterio Nacional, que son los más significativos, pero que tienen características, requisitos de jubilación y beneficios diferentes. El segundo pilar es el relativo a las pensiones complementarias obligatorias, bajo el concepto de capitalización individual, con aportes que registra y controla la CCSS y que son administrados por las operadoras de pensiones elegidas por el trabajador. Fue creado por la ley 7983 de Protección al trabajador en el año 2000. El tercer pilar es del régimen de pensiones complementarias pero voluntarias, que se nutre del ahorro voluntario de las personas que tienen recursos para ese fin, y que desean mejorar sus ingresos cuando se pensionen. Por último está el régimen de las pensiones no contributivas que da asistencia a las personas que no han contribuido o cotizado a ningún régimen y que representan una población muy vulnerable. En nuestro país reciben esta pensión apenas un 35 % de la población meta.
Como se ve los regímenes son variados y existen algunos otros a cargo también del presupuesto de la República que pagamos los costarricenses , tales como los regímenes de Hacienda, del Registro Público, de Diputados, de Correos y Telégrafos, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de Músicos y Artistas. Regímenes como el Fondo del Poder Judicial no se sustentan solo en el aporte del 11 % del salario de los trabajadores, sino en el aporte del Poder judicial como patrono, y del mismo Estado en el esquema de la contribución tripartita, lo que evidentemente demuestra que hay un aporte también de todos los costarricenses en ese régimen de jubilaciones. En este caso particular si bien es cierto los trabajadores judiciales aportan el 11% de su salario, mientras que los del IVM aportan el 3,34% la realidad es que su sistema es muy caro, pues se retiran con un100 por ciento de sus 24 mejores salarios, y con menos años que los trabajadores del IVM. Es evidente que todo sistema de pensiones bajo el marco tradicional, como los que existen en el país, funda su sostenibilidad no solo en los aportes, sino en los beneficios que reciben los cotizantes. Si la cobija de beneficios supera en demasía las cotizaciones no hay manera de que la plata alcance.
La cobertura de nuestro sistema de pensiones representa un 61 % de la población económicamente activa según revela la Superintendencia de Pensiones, lo cual evidencia que falta mucho aún para que exista un sistema realmente universal, donde no haya un solo costarricense que carezca de pensión digna a la hora de enfrentar su vejez.
El artículo 73 de la Constitución vigente es el fundamento de todo el sistema de pensiones. Dicha norma establece los seguros sociales en beneficio de los trabajadores – por cierto solo habla de los trabajadores manuales e intelectuales – seguros que están regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. Ese artículo otorga a la Caja Costarricense de Seguro Social como institución autónoma la administración y gobierno de los seguros sociales.
El IVM ya había sido creado en 1947 a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social, declarado obligatorio en 1971, pero en realidad sus orígenes se remontan a 1886. El país ha establecido otros planes de pensiones a cargo del presupuesto nacional de la República y en el año 2000 con la ley 7982, ley de protección al trabajador, se crea el ROP denominado régimen obligatorio de pensiones complementarias. En muchas oportunidades los diputados han hecho reformas a diferentes regímenes, y en otras se han cometido verdaderos abusos en instituciones que tienen sus propias Juntas administrativas, donde se ha legislado en provecho propio sobre beneficios aplicables incluso a quienes toman las decisiones. Lo común en el tratamiento legislativo de los diferentes regímenes es que cada sector o beneficiarios se hayan acercado a los diputados para generar reformas con criterio específico interesado, sin tomar en cuenta variables de orden nacional que puedan afectar la salud financiera del país ni otros principios como la igualdad. Por su parte la Asamblea Legislativa ha impulsado reformas avocadas a poblaciones beneficiarias específicas, sin una deliberación profunda e integral de todas las variables que se tejen a la hora de legislar responsablemente sobre un tema tan delicado como el de pensiones. Todo ello a pesar que han sobrado estudios sobre la temática. La Universidad de Costa Rica, por ejemplo, ha hecho hasta la fecha más de diez estudios sobre pensiones
La realidad del país en materia de pensiones obliga a repensar los desafíos que están planteados, pero sobre todo a tomar decisiones políticas de Estado. Exige siempre un análisis técnico profundo de carácter integral, que pueda derivar en la formulación de un nuevo sistema de seguridad social, del cual las pensiones deben ser una parte importante. Actualmente no solo las pensiones están haciendo aguas, sino la seguridad social en general. Una deliberación pausada, serena, integral, articulada, sintonizada con una nueva idea renovada de país, solo es posible efectuarla en una Asamblea Nacional Constituyente.
Hay muchas preguntas que como país debemos responder, bajo el alero de un espacio público político mucho más ambicioso que el Congreso de la República. Algunas de esas interrogantes son:
¿Cómo hacer para que no haya un solo costarricense que no tenga una pensión digna durante su vejez?
¿Será posible universalizar ese anhelo con la fórmula tradicional de la contribución tripartida, o con recursos del Presupuesto Nacional, o será necesario superar ese modelo, explorando otros mecanismos innovadores complementarios o sustitutivos para lograr ese objetivo, como pensión consumo?
¿Conviene mantener tanta diversidad de regímenes de pensiones, o será posible simplificar y unificar al menos algunos de ellos?
¿Debemos constitucionalizar principios que en materia de pensiones establezcan equidad, universalidad, completitud, contingencias cubiertas, permanencia, solidaridad, obligatoriedad, variable demográfica, y que por tanto sirvan para enfrentar abusos y desigualdades odiosas y beneficios injustificados?
¿Debemos introducir constitucionalmente el principio de administración democrática del sistema de pensiones conforme al artículo 72 del Convenio 102 de la OIT ratificado por nuestro país, que ordena que representantes de las personas protegidas deban participar en la administración de los sistemas de protección?
¿Conviene repensar si la Superintendencia de Pensiones (Supen) no debería transformarse en la Superintendencia de la Seguridad Social desvinculada del sector financiero, es decir del Conassif ?
¿Deberíamos reflexionar si es conveniente seguir manteniendo que una Junta Directiva como la de la CCSS tenga la potestad de aumentar mediante un mero acuerdo de Junta, las cargas sociales de trabajadores, patronos y Estado, cuando incluso existe jurisprudencia que les atribuye a esas cargas la naturaleza de tributos?
¿Podrá el Estado seguir destinando más recursos con cargo al presupuesto para pensiones, recursos que pasaron de 838.0000 millones en el 2016 a 886.000 millones en el 2017, pensiones que se financian en un 90% con endeudamiento y solo un 10% con cotizaciones?
¿Podrá sostenerse realmente el IVM sin una revisión profunda e innovadora que sirva para atender realidades que salpican el régimen, como el cambio demográfico, el aumento del número de pensionados, el aporte de los asociados, los altos costos administrativos, las malas decisiones sin responsabilidad política, los beneficios muy por encima de los aportes, el crecimiento de la informalidad, entre otros factores de riesgo? Aunque el aporte de los trabajadores se lleve al 10.5% en el 2030 según se acordó en el 2005, lo cierto es que en el 2050 se prevé que por 3 trabajadores activos habrá uno jubilado, muy lejos de los diez por uno, cuando el IVM se inició.
En fin hay muchas preguntas que responder y que requieren análisis integral.
En mi opinión, el espacio apropiado para replantear una renovación del modelo de seguridad social y del sistema nacional de pensiones, es el de una Asamblea Nacional Constituyente. Es ahí donde hay que articular todos estos desafíos que deben perfilar la nueva arquitectura de la seguridad social y de la política administrativa del país.
En general estamos haciendo aguas porque estamos tapando goteras en vez de construir la nueva casa. En seguridad social y en pensiones hacemos más de lo mismo, lo que nos lleva siempre a obtener los mismos resultados. Se hacen esfuerzos parcelados pero resultan insuficientes. Por eso en Costa Rica ha crecido tanto la desigualdad en los últimos años. Es asombroso que no somos capaces de crear nada innovador en el campo político. Las autoridades no entienden que con el esquema tripartito que contribuye a la seguridad social, incluyendo el régimen de pensiones, no habrá sostenibilidad, y que el Estado nunca tendrá los recursos suficientes disponibles en el Presupuesto de la República, para que todos los costarricenses sin excepción tengan una pensión digna.
Considerar temas como el de la seguridad social y de pensiones, de modo integral con visión de luces largas, lamentablemente no lo veo posible en la Asamblea Legislativa ni en las iniciativas de los Presidentes de turno, que llegan solo a medio administrar el país, nunca a transformar el estado de cosas. La mayoría de nuestros mandatarios tienen horror a los grupos de poder y a las encuestas. Carecen de valentía para tomar las decisiones que el país realmente requiere. De uno y otro lado se siguen ofreciendo aspirinas, pero la definición de rumbo, la toma de decisiones y la sostenibilidad de nuestro país, solo serán discutida en serio cuando tengamos debates valientes, amplios y holísticos en una Asamblea Nacional Constituyente.
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