La Asamblea Legislativa debe hacer algo con el fondo de pensiones del Poder Judicial y debe resolverlo pronto. El sistema está en crisis, alrededor 3 mil funcionarios cotizan para financiar a más de 11 mil pensionados y jubilados, un 1 % de los cuales tienen pensiones de lujo que van de los 5 a los 9 millones de colones al mes.
A ello se suma que el sistema está sostenido por tres tipos de contribuciones: cotizaciones de los obreros (funcionarios), que equivale al 11%; contribución patronal, que equivale al 13.75%, y una contribución del Estado del 0.58%; no obstante, dado que el patrono es el Estado, el mismo tiene el peso de un 14,33% de las contribuciones, que provienen del Presupuesto Nacional, lo cual aumenta el gasto público.
De no hacerse cambios significativos en este momento, el Sistema tal como está planteado es insostenible. La propuesta para transformar ese escenario es realizar una Reforma Administrativa que modifique el planteamiento, la metodología, los parámetros y el funcionamiento del fondo de pensiones. Reforma que además permitirá acabar con los privilegios de ese 1 %, al establecer un sistema más equitativo para todos los funcionarios que integran el Poder Judicial.
Este planteamiento es en apuesta al principio constitucional de solidaridad intergeneracional, porque se tratan de hacer cambios en el presente para garantizar que, en el futuro, estarán dadas las condiciones para que quienes laboran en el Poder Judicial puedan acceder a pensiones equitativas y justas.
De no realizarse esta reforma en este momento, el resultado será que poco a poco el número de pensionados aumentará pero el de funcionarios que cotizan no lo hará a la misma velocidad, por lo que será imposible mantener el sistema y mucho menos las pensiones, en especial aquellas de lujo; no habrá más opción que aumentar la contribución que hace el Estado, y con ello aumentar también el gasto público.
Pasos a seguir. El primer paso es establecer un tope menor al actual para las pensiones y las jubilaciones de lujo, y una mayor contribución solidaria de quiénes poseen en este momento beneficios superiores a dicho tope. Estos puntos son los que venimos negociando en la Asamblea Legislativa con las diferentes asociaciones y actores que forman parte y son beneficiarios de este Sistema.
El segundo paso es revisar cuidadosamente el estudio actuarial a cargo de la UCR sobre la situación actual y los escenarios futuros del fondo de pensiones. El tercero, será alcanzar el acuerdo cuanto antes.
Durante los últimos meses se ha conformado una Comisión Legislativa a cargo de analizar el proyecto de Ley de Reforma al Avance en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, de la cual formo parte.
Los diputados y diputadas debemos dar respuesta a la crisis actual por el bien del Poder Judicial y de las finanzas públicas, un pilar de suma importancia para la democracia costarricense, para que este Poder pueda sostenerse administrativamente, garantizándole a sus funcionarios sus pensiones y jubilaciones sin aumentar el gasto público.