Lo que se dio en el Plenario Legislativo entre las diputadas Gloria Navas (independiente) y Pilar Cisneros (oficialista) no fue solo un debate más, fue una radiografía del descaro de una parte de la clase política que todavía se atreve a defender lo indefendible: las pensiones de lujo. Sí, esas mismas que se chupan 14 millones de colones al mes por jubilado mientras el resto sobrevive con migajas.
La diputada Gloria Navas se deja decir que este tema es demasiado complejo para que lo entienda el costarricense común, que es cosa de abogados, que hay “derechos adquiridos” y que “el pueblo no lo va a entender”. Es en serio… ¿en qué clase de burbuja elitista hay que habitar para soltar algo así y quedarse tan campante?
Y no solo eso. Nos quiere hacer creer que como el tema es complicado, entonces no debería ser votado en referéndum. O sea, que si algo huele a privilegio, a desigualdad, a injusticia, entonces mejor lo dejamos en manos de quienes llevan décadas cobijando ese sistema. ¡Qué conveniente!
Pues no, Costa Rica no es un bufete privado ni una república de toga y martillo. Este país tiene una Constitución que dice que el pueblo puede legislar por referéndum y en el artículo 33 establece que todos somos iguales ante la ley. Entonces, ¿por qué algunos pueden pensionarse con millones sin haber cotizado lo justo, mientras otros tienen que seguir trabajando hasta los 65 años para recibir una pensión de hambre?
En su contraparte, la diputada Pilar Cisneros no usó tecnicismos, usó sentido común. Le habló directo al pueblo y lo dijo como es: esto no es un derecho, es un robo institucionalizado. Un sistema diseñado para premiar a los mismos de siempre, mientras el pueblo se quiebra la espalda para sostenerlos.
Enterrar la propuesta de referéndum, como hicieron los diputados del PLN, PLP y FA, no es proteger la institucionalidad, es proteger los privilegios de unos cuantos, y lo saben. ¿Por qué tanto miedo a preguntarle al pueblo si quiere seguir pagando estas pensiones obscenas?, ellos saben la respuesta.
La excusa de “el pueblo no entiende” es un insulto más. El pueblo sí entiende, entiende que su esfuerzo termina financiando jubilaciones de lujo para quienes no hicieron ni la mitad del esfuerzo. Entiende que esto no es justicia, es una trampa con sello oficial.
Esto no se resuelve con reformas cosméticas ni con discursos bonitos en el Plenario. Se resuelve enfrentando el problema de frente y diciéndolo con todas sus letras: las pensiones de lujo son el símbolo más vulgar de un sistema que perdió su propósito.
El pueblo no solo tiene el derecho de alzar la voz, tiene la obligación de hacerlo.