El Sistema General de Pensiones tiene como objetivo garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, mediante el reconocimiento de una pensión y prestaciones determinadas en la Ley.
Lo que supone que su propósito es que los trabajadores tengan, al momento del retiro, recursos que les permitan alcanzar cierto nivel de consumo, a quienes hayan cotizado en algún sistema previsional de manera ininterrumpida.
No obstante, el sistema de pensiones de la CCSS está colapsado y que es muy probable que una gran parte de la población no tendrá una pensión digna para mantener el nivel de vida que tenían durante sus años laborales.
Entonces, sin duda alguna se debe incentivar la cultura previsional como uno de los principales desafíos, para proteger los intereses de los afiliados y beneficiarios del Sistema Previsional Costarricense.
Tomando en consideración dicha realidad, la Superintendencia de Pensiones, reconoce la importancia que tiene el fomento de la educación previsional en el país y su impacto en el ejercicio de los derechos y deberes de los trabajadores costarricenses.
Ante la ausencia de planes que puedan responder a los problemas de financiamiento de las pensiones de nuestra clase laboral es que se debe innovar o imitar algún sistema en otras latitudes que pueda responder a las necesidades de los costarricenses en edad de retiro.
Existe en la Asamblea legislativa una iniciativa del Dr. Walter Coto Molina que fue acogido por los diputados del período anterior, que explica de forma puntual y sencilla los detalles del proyecto PENSION-CONSUMO que es un ahorro que una vez que la persona se retire del mercado laboral, esos recursos puedan financiar una pensión adicional o bien la única para hacer frente a las necesidades resultantes de la ancianidad.
La idea consiste en que cuando un costarricense hace una compra, normalmente debe pagar el 13% por concepto de impuesto de ventas. El proyecto plantea, que por cada compra que se realice, de ese 13 % del impuesto de ventas, un 10% sea para el Estado, y un 3% se deposite en una cuenta individual de retiro, a nombre de la persona, cada vez que ella realiza una compra. El tres por ciento que se va generando por cada compra, sería capitalizado, hasta alcanzar un ahorro individual, que generaría una pensión, a partir de la edad de 65 años, en favor del habitante consumidor.
Este proyecto se ha archivado muy probablemente por intereses espurios y posiciones egoístas, porque incide sobre algunos rubros importantes de hacienda como lo es: evasión del pago de tributos, porque habría un control más estricto que el de los escáneres porque si el pueblo se le instruye que esa es parte de su pensión no hay duda de que seguirán exigiendo facturas, todo esto como un inicio para ir ordenando los ingresos de hacienda.
Finalmente, con la participación ciudadana, se reduce la evasión fiscal de ventas, y el Estado recauda mucho más de lo que percibe actualmente, (84 mil millones de colones más al cuarto año) generando una cultura tributaria, sin la cual difícilmente puede haber un sistema tributario sostenible.
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