Recientemente, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, en conjunto con la Operadora de Pensiones Vida Plena y la Caja Costarricense de Seguro Social, plantearon la muy desafortunada idea de penalizar a las personas que, por alguna razón, están morosas con el pago de las cuotas a la CCSS, para así tratar de asegurarle la estabilidad financiera a la institución.
La Asamblea Legislativa no puede caer en el juego de aquellos que no comprenden las causas de la informalidad: falta de trabajo asalariado, altos costos de producción y, entre otras, la estrecha economía que vive el país.
Incluso, para analizar el problema por el fondo debemos recordar que 58 de cada 100 colones que se producen mensualmente son destinados a pagar impuestos, costos de producción y las desproporcionadas cargas sociales de los trabajadores independientes.
Es decir, en Costa Rica se trabaja para terceros casi en un 60% del tiempo, muy por encima de la media de la OCDE; sin mencionar que aún falta rebajar el rubro salarial propio o de los colaboradores.
Otro elemento a considerar, al analizar la propuesta de penalizar la morosidad con la CCSS, es identificar quiénes serían los perjudicados. En estos momentos se estima que Costa Rica tiene más de un millón de personas en la informalidad, mismos que por su naturaleza están fuera del radar de la caja, de Hacienda y de cualquier otra entidad recaudadora.
El error conceptual de la idea es creer que el Estado policía puede lograr más que el Estado facilitador o que un profesional liberal tiene para dar el doble de lo que cotiza un asalariado solo porque sí.
La prosperidad colectiva y la salud financiera de la CCSS se logran generando reactivación económica, eliminando trámites, fomentando un gobierno digital, facilitando la inversión y saneando la administración de la institución, pues así se fomenta la formalidad… Con cárcel no se recauda más, sino que se agrava el problema social.
Así las cosas y si por la víspera se saca el día, de prosperar esa idea la primera enmienda a realizar en el proyecto de ley sería permitir la casa por cárcel, pues no habrá centro penitenciario que pueda recibir a la mitad de la fuerza laboral del país.
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