Ahora resulta que en la Asamblea Legislativa uno de tantos presupuestos, el de viáticos, que obvio, debe ser anual, bien elaborado, supervisado y autorizado, no va a alcanzar ni para medio año 2026. Y entonces, ¿Para qué presupuestos y controles internos en el sector público si no se respetan ni se cumplen? ¿Y los controles externos? ¿Y las sanciones? Con eficiencia y buenos controles en todas las instituciones públicas y en los 3 Poderes de la República, nos beneficiamos todos los costarricenses. Sin eficiencia y sin buenos controles, se benefician unos pocos en detrimento de la gran mayoría de costarricenses. Para eso es un cambio de gobierno. Hay que hacer lo que hay que hacer. No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, ahora en este gobierno el caso barrenador y otros casos, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin. Todos esos funcionarios también tienen montones de asesores que los pagamos todos los costarricenses. El problema son las personas, la poca o ninguna capacidad de las personas, no las instituciones ni la institucionalidad. Para tener malos gobiernos no hemos necesitado elegir partidos con mayoría legislativa.
La gran mayoría de los problemas de Costa Rica se resolverían muy fácilmente si todas las auditorías internas, contralorías y demás instituciones de control de gasto público, por fin comprendieran que su trabajo es muy importante y necesario para nuestro país, aunque sus salarios y privilegios sean pagados por cada institución pública, su deber inicial y final es por y para Costa Rica, porque de lo contrario, nunca van a alcanzar ni todos los impuestos ni la enorme e inmanejable deuda pública para cubrir tantas y tantas fallas en el control de los gastos. Con más eficiencia no se perderían miles de millones de las bóvedas de un banco nacional. Con más eficiencia no habría tanta facilidad para evadir los controles en las adjudicaciones de tantas licitaciones públicas. Con más eficiencia los expedientes judiciales no estarían compitiendo en tardanza, con las listas de espera de la CCSS, etc, etc, etc. Está claro que nuestras instituciones adolecen de muchos defectos, pero es que si de defectos se trata, también los 3 poderes de la República tienen muchos defectos. Entonces, por dónde empezamos, quien arregla a quien? Es el poder ejecutivo quien nombra a sus ministros y viceministros, también es el poder ejecutivo quien nombra juntas directivas y presidentes de instituciones públicas, embajadores y un sin número más de funcionarios públicos. Los partidos políticos son quienes escogen a los futuros diputados. Los diputados son quienes eligen y reeligen a magistrados y jueces del poder judicial hasta por 8 larguísimos años. Por dónde empezamos, quien arregla a quien? Para eso es un cambio de gobierno. Para que el nuevo gobierno arregle lo que haya que arreglar. ¿Para qué presupuestos y controles internos en el sector público, si no se respetan ni se cumplen? ¿Y los controles externos? ¿Y las sanciones?