Si ni siquiera existen relaciones medianamente aceptables entre los poderes de la República, ¿para qué convocar al señor presidente, a declarar ante una comisión de la Asamblea Legislativa? Si se resiste a ir, no le van a enviar a la policía para llevarlo. Si se presenta para no darle problemas a la policía, de todas maneras su abogado le va a decir y va a ocurrir, que puede entrar y salir de esa comisión, sin decir una palabra. Ya ha sucedido antes con otras convocatorias a estas comisiones y de todas formas las atribuciones de esas comisiones no dan para resolver nada.
En el 2024 voto de censura del poder legislativo a la ministra de educación, pero del cual el Poder Ejecutivo dice que es irrelevante. Entonces no sigamos perdiendo el tiempo. Tener instituciones públicas que solo emitan recomendaciones, opiniones y consejos que nadie les hace caso es perder el tiempo, además de perder salarios, alquileres, honorarios y todos los demás gastos en que incurren todas las instituciones, porque está claro que tienen que ser disposiciones de acatamiento obligatorio. Ya tenemos el mal ejemplo de la Defensoría de los habitantes que aún no sabemos de qué nos ha defendido o de qué, cuándo o de quién va a defendernos, porque son de esas instituciones que no debieran existir ya que solo emiten opiniones y recomendaciones que nadie les hace caso.
Además de comisiones legislativas de investigación también hay auditorías internas y contralorías de instituciones públicas, que después de meses y meses de investigación de cualquier cosa, solo emiten lo mismo, recomendaciones, opiniones y sugerencias y consejos que nadie les hace caso. Por el contrario y más bien, necesitamos por fin, eficiencia en los 3 poderes de la República. Con más eficiencia no se perderían miles de millones de las bóvedas de un banco nacional. Con más eficiencia no habría tanta facilidad para evadir los controles en las adjudicaciones de tantas licitaciones públicas. Con más eficiencia los expedientes judiciales no estarían compitiendo en tardanza, con las listas de espera de la CCSS, etc, etc, etc.
No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, el caso barrenador y otros casos ahora en este gobierno, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes como las municipalidades y las universidades públicas donde se autorizan salarios y privilegios que ni los mejores países europeos tienen, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin.
La gran mayoría de los problemas de Costa Rica se resolverían muy fácilmente si todas las auditorías internas, contralorías y demás instituciones de control de gasto público, por fin comprendieran que su trabajo es muy importante y necesario para nuestro país, aunque sus salarios y privilegios sean pagados por cada institución pública, su deber inicial y final es por Costa Rica, porque de lo contrario, nunca van a alcanzar ni todos los impuestos ni la enorme e inmanejable deuda pública para cubrir tantas y tantas fallas en el control de los gastos, porque sin disposiciones de acatamiento obligatorio vamos a seguir perdiendo el tiempo y todo el dinero que eso cuesta.
