Para las elecciones 2026 deberíamos mejorar y superar el bajo nivel de “tico básico” con que nos calificaron en 2022

Hay que recordar que para las elecciones anteriores del 2022 nos dijeron que de por si, los ticos básicos, sea lo que sea que nos digan, todo nos lo creemos. De conformidad con los niveles de tecnología actuales y las facilidades de acceso a diversidad de fuentes de información, deberíamos hacer todo lo posible para no volver a ganarnos esa baja calificación. Está claro que la imperfección de nuestras leyes obviamente procede de la obvia imperfección de los legisladores que humildemente elegimos cada 4 años. No puede pretenderse que leyes perfectas sean el resultado de esos nuestros legisladores de turno. Diputados nuevos unos y repitentes otros, pero primeramente elegidos internamente en cada partido político por unas cuantas decenas de sus familiares y partidarios, antes de que todos los demás costarricenses podamos votar por alguno o por ninguno de ellos. El Tribunal Supremo de Elecciones debería exigir más y mejores requisitos a los partidos para seleccionar mejor a sus candidatos a diputados. Al final del día, son diputados escogidos por los partidos políticos, pero terminan siendo padres de la Patria. Casi nada. La mayoría legislativa de un solo partido puede cambiarlo todo. ¿Para bien o para mal? Son inventos nuestros o es que estamos intentando hacer aportes nuevos al concepto de la democracia: las candidaturas a diputado tienen precio? Y los requisitos? Y los valores? Y el patriotismo? El quiebre del voto que hacemos tradicionalmente los costarricenses es porque no confiamos en nuestros gobernantes y en los 3 poderes deben conseguir las mayorías necesarias mediante acuerdos entre diversos partidos.

En Costa Rica no podemos seguir mal interpretando nuestras humildes leyes, dado que los recursos económicos de nuestro país solo provienen de dos únicas fuentes: de los diversos impuestos a las personas físicas y jurídicas y de la inmanejable e impagable deuda pública, con la enormidad también de sus intereses. Ahora resulta que también para mejorar la razón financiera de la deuda pública con el PIB, en el Ministerio de Hacienda han encontrado que es más fácil obtener una buena razón financiera, entre otras cosas, reduciendo la inversión social en la educación pública primaria y secundaria, reduciendo también el presupuesto en seguridad y no pagando la enormidad de deuda que existe desde hace muchos años con la Caja Costarricense del Seguro Social. Excelente que el nuevo gobierno nos informe de todo lo malo que han hecho los gobiernos anteriores. Pero solo con informarnos no es suficiente. La mayoría de costarricenses sabemos mucho de todo lo malo que han hecho y dejado de hacer, todos los anteriores gobiernos. Pero el cambio de gobierno precisamente es para que su plan de gobierno venga a corregir todo lo malo anterior y, además, que imponga nuevas y mejores leyes para prevenir que no volvamos a tener malos gobiernos. Para eso es un cambio de gobierno. Pero el nuevo gobierno también está claro que no es solo el nuevo presidente. Todos los diputados son también parte del nuevo gobierno y deberían estar corrigiendo todo lo malo de los gobiernos anteriores y estableciendo nuevas y mejores leyes para prevenir que no volvamos a tener malos gobiernos.

Ya no es suficiente que el TSE siga solo garantizando el conteo de los cada vez menos votos de nuestras elecciones nacionales. Ya no es suficiente que la Asamblea Legislativa siga produciendo leyes con una gran cantidad de portillos que las hacen ineficientes. Ya no es suficiente que el Poder Judicial insista en seguir compitiendo con la CCSS alargando las interminables listas de espera, en este caso, de resolución de expedientes judiciales. Ya no es suficiente que la Defensoría de los Habitantes insista en hacer estudios para solo emitir opiniones y recomendaciones que nadie le hace caso. Ya no es suficiente que la Sala IV insista en seguir esperando que seamos los demás costarricenses los que les digamos lo que tienen que hacer para que nuestras leyes y los artículos constitucionales cumplan con su obvio propósito de defender a Costa Rica y a todos los costarricenses. Las personas que tienen el honor de recibir sus salarios, honorarios y privilegios en todas esas instituciones también son ciudadanos costarricenses, que con más conocimiento de causa, saben qué hay que hacer y cómo hacerlo para cumplir con la misión y la visión original en la creación de esas instituciones. Ya no es suficiente para estas instituciones públicas solo cumplir y celebrar aniversarios. Es obvio que la eficiencia requiere de capacidad o experiencia.

La eficiencia es el motor del mundo. Nuestra ineficiencia de la justicia fomenta la injusticia y la violencia. Con eficiencia y buenos controles en todas las instituciones públicas y en los 3 Poderes de la República, nos beneficiamos todos los costarricenses. Sin eficiencia y sin buenos controles, se benefician unos pocos en detrimento de la gran mayoría de costarricenses. Para eso es un cambio de gobierno. Hay que hacer lo que hay que hacer. No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, ahora en este gobierno el caso barrenador y otros casos, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin. La eficiencia es el motor del mundo. Nuestra ineficiencia de la justicia fomenta la injusticia y la violencia.

Está claro que nuestras instituciones adolecen de muchos defectos, pero es que si de defectos se trata, también los 3 poderes de la República tienen muchos defectos. Entonces, por dónde empezamos, ¿quién arregla a quién? Es el poder ejecutivo quien nombra a sus ministros y viceministros, también es el poder ejecutivo quien nombra juntas directivas y presidentes de instituciones públicas, embajadores y un sin número más de funcionarios públicos. Los partidos políticos son quienes escogen a los futuros diputados. Los diputados son quienes eligen y reeligen a magistrados y jueces del poder judicial hasta por 8 larguísimos años. Entre otros muchos temas pendientes también debe resolverse la prohibición para la no existencia de diputados de partidos, que luego se declaran independientes, que estuvieron de moda en las elecciones anteriores y que, en este nuevo gobierno, otra vez ya se han presentado varios casos. No podemos seguir con los mismos procesos electorales de hace 200 años. También se prevendrían y se evitarían muchos otros problemas, si la Sala IV por fin tuviera entre sus prioridades, estar actualizando diariamente todo lo relativo a nuestra Constitución Política: la interpretación correcta y las mejoras necesarias de artículos como los relativos a las convenciones colectivas y al 8% del PIB imposible e innecesario para financiar a la educación pública, por ejemplo, si va a seguir siendo prioridad el FEES en detrimento de la educación pública primaria y secundaria. Ya hace varios años se permitió la innecesaria reelección presidencial, así que sí se puede modificar todo lo que sea necesario, para beneficio del Estado y de todos los demás costarricenses. El quiebre del voto que hacemos tradicionalmente los costarricenses es porque no confiamos en nuestros gobernantes y en los 3 poderes deben conseguir las mayorías necesarias mediante acuerdos entre diversos partidos.

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