La pandemia ha ocasionado muchos problemas en nuestros sistemas económico, social y político, llegando a afectar seriamente, la educación, la infraestructura sanitaria, la infraestructura vial e institucional en general; la baja sensible en la recaudación fiscal ha tenido repercusiones significativas en las finanzas públicas. El desempleo llegó a niveles nunca esperados y la inestabilidad en los precios de los insumos se convierte en un factor de mucha preocupación, lo cual influye en los costos de producción y en el alza de los precios de los bienes y servicios para consumidores finales. El bienestar de la población no sólo se ha estancado, sino también hemos retrocedido, nos estamos empobreciendo cada vez más. Se suma a lo anterior, la invasión de Rusia a Ucrania, lo cual afectará nuestro país por el aumento en el precio del petróleo y por la escasez de algunos insumos que actualmente son importados.
Para una rápida recuperación se hace necesario redoblar esfuerzos, pues no sólo se debe poner en práctica políticas que nos lleve a niveles de producción y empleo que el país ostentaba en el año 2019, sino también formular un plan de desarrollo que nos permita, en el mediano plazo, alcanzar niveles superiores de bienestar como sociedad.
Considerando la coyuntura política de iniciar una nueva administración a partir de mayo próximo, es a la agrupación política ganadora la que le corresponde enfrentar semejante desafío.
Históricamente, los gobiernos, con excepción del actual por tener que enfrentar la pandemia, han atacado el desempleo, en buena parte, mediante la creación de nuevos entes públicos, generando un aparato estatal desproporcionado, en particular, si lo relacionamos con la población y la economía en nuestro país. Este problema se venía acumulando, pero tarde o temprano se debía enfrentar; hoy se hace patente principalmente por la pandemia, que lo señala como uno de los grandes problemas nacionales.
Consecuencias de un aparato estatal desproporcionado resultan ser muchas, pero la principal es un desmedido aumento del gasto público ocasionando enormes déficits fiscales, pues dichos gastos no pueden ser cubiertos por los ingresos provenientes de los impuestos.
En una economía sana los ingresos deberían cubrir los gastos operativos, la inversión real y los costos del financiamiento interno y externo. Los recursos provenientes de los empréstitos deben utilizarse para la inversión, principalmente de largo plazo, entiéndase para financiar los proyectos de inversión estratégica. Por inversión estratégica considero aquellos proyectos que apoyan al sector productivo o que implican adelantar bienestar a la comunidad, pero que el sector productivo, la generación actual y las generaciones futuras deberán pagarlos vía impuestos o tarifas.
La realidad en Costa Rica es muy diferente al modelo teórico descrito, pues desde siempre (a partir de la segunda mitad del siglo veinte), nuestro país ha venido escogiendo el camino de acumular deuda para alcanzar un cuestionado desarrollo o para enfrentar las crisis que suceden periódicamente, un ejemplo de esto último es la actual pandemia. Hoy día el nivel de endeudamiento es tal que, en algunos casos con recursos provenientes de los préstamos se llega al extremo de pagar gastos de operación, intereses por pagos de vencimientos; sea, se aumenta la deuda para pagar deuda, el país se presenta como una economía sobre endeudada y la solución ha sido, antes y después de la pandemia, solicitar más deuda. Esta situación se debe a que el sector productivo y las personas físicas no generan lo suficiente cuando paga los impuestos para cubrir el vencimiento de los compromisos presupuestarios. Otras causas son las excesivas exenciones y un deficiente sistema tributario, debido, principalmente, al rezago tecnológico. Lo peor es que esa deuda (principal e intereses) hay que pagarla en el corto y largo plazos.
Veamos que son las implicaciones de un país sobre endeudado: el futuro está “hipotecado”, el gobierno primero debe atender los compromisos de la deuda y luego, si es posible, pensar en cómo acelerar un desarrollo “autónomo” del país; existe poca discrecionalidad en el accionar nacional, pues estaremos sometidos a la normativa que rige para los organismos financieros internacionales, los cuales institucionalmente, les corresponde velar por la recuperación de los préstamos otorgados. La poca preocupación por aumentar la productividad, genera deficiencia a la hora de distribuir los recursos del presupuesto nacional; algunos sectores, por no decir muchos, reciben más de lo que deberían y en cuyo caso retribuyen con una rentabilidad mucho menor de lo recibido. Recursos que se utilizan para pagar deuda y gasto del sector público se habrían usado para créditos al sector productivo. Y si a esto le sumamos la apreciable deficiencia de la Contraloría General de la República, junto a las ineficientes unidades de auditoría institucional del sector público, se nos presenta la corrupción como el peor de los flagelos en nuestra sociedad.
La pregunta es si nosotros como país estamos en condiciones de cambiar de rumbo, lo cual es claro que no se puede hacer de la noche a la mañana, posiblemente se requerirá más de un periodo de gobierno. Veamos qué características nos favorecen, repito como país: primero la belleza natural y la infraestructura física para atender un sector altamente rentable como el turismo, mano de obra calificada para desarrollar actividades productivas de alta tecnología, la academia existente principalmente en las universidades públicas, vocación pacifista de nuestra población, ubicación geográfica envidiable, pues estamos relativamente cerca de los principales puertos de los mercados internacionales con que comerciamos, ambiente favorable para la inversión externa directa, el talento de nuestra población en general se caracteriza por diversificar su nivel de cultura, entre mayor sea el nivel de instrucción de la persona se muestra más ávido por aprender de otros temas. Con lo expuesto en líneas arriba es suficiente para confirmar que si estamos preparados para re direccionar nuestro rumbo.
Como punto de partida y para romper el círculo vicioso antes descrito lo primero que se debe hacer es poner orden en casa. La reforma del estado se presenta como una labor imprescindible. Medir los niveles de productividad de las organizaciones públicas, comenzando con las instituciones que fueron creadas recientemente. Esto porque las instituciones más antiguas como los ministerios y algunas instituciones públicas tienen programas ya consolidados; aunque estos entes no escapan al análisis de la productividad que generan.
El actual gobierno había iniciado, desde finales del año 2019, un proceso de reforma del estado; en aquella oportunidad, se presentó un plan para restructurar 23 órganos desconcentrados, como parte de las medidas para negociar un acuerdo con el FMI; por desacuerdo de parte de algunos sectores el plan fue retirado en febrero del año 2020 y nunca llegó a discutirse en el Congreso. En febrero del presente año el Presidente anunció sobre el estudio que se lleva a cabo para unir el Ministerio de Vivienda y Asentamientos humanos, el INVU y el Banco Hipotecario de la Vivienda. Estos valiosos esfuerzos no han sido valorados en toda su dimensión. Análisis similares podrían efectuarse, como casos de urgencia, en el ICE, CCSS, A&A y Recope.
Para el análisis de estas organizaciones y medir los niveles de competitividad en los sectores productivos sería muy conveniente disponer de un Consejo Nacional de Productividad y Competitividad, como el que describe el proyecto correspondiente al Expediente N°22614 presentado para su discusión en el Congreso. La puesta en marcha de este Consejo dispondría de recursos provenientes de reasignaciones presupuestarias por lo que no representaría un incremento neto del gasto público.
Como acciones inmediatas para la nueva administración recomendaría las siguientes:
- Existencia de un plan de acción donde se definan los objetivos estratégicos y los principales ejes que marcarán el quehacer del gobierno por lo menos para los primeros dos años o hasta que la situación coyuntural exija efectuar ajustes importantes.
- Nombramiento de los principales ejecutivos que ocuparán los puestos de ministros y presidentes ejecutivos. Aquí es muy importante que estos profesionales cuenten con dos requisitos: conocimiento del área de trabajo y sobre todo, capacidad gerencial. Para garantizar, lo segundo se dispone de un INCAE de reconocida reputación para capacitar a los ejecutivos designados que así lo requieran. Otro tema a incluir, es destrezas de comunicación para aprender o madurar en la negociación de las políticas y proyectos a desarrollar. La conformación de la nueva Asamblea Legislativa presenta 6 bloques que representan 6 ideologías diferentes. Al principio será difícil pero después se volverá una tarea más en la acción administrativa. Es importante que el poder ejecutivo sea consciente que el electorado, al favorecerlo con la mayoría de los votos, le delega el poder y le demanda liderar la gestión administrativa como gobierno.
- En sesiones de trabajo, ojalá antes del 8 de mayo, se darán a conocer las características del plan de acción y los ejes de trabajo. Es importante que se discutan y se llegue a acordar las formas de trabajo, pues este material será la base para los planes de cada una de las instituciones (ministerios y resto de instituciones públicas)
- Cada ministerio e institución pública deberá preparar su plan de trabajo, donde se definen los objetivos estratégicos y las acciones del área de su competencia. Estos planes serán expuestos y aprobados por el consejo de ministros y presidentes ejecutivos, en reuniones semanales antes del 8 de mayo y durante las primeras semanas después de la toma de poder.
- Es importante utilizar como herramienta de trabajo, tanto para la etapa de planificación, como para las etapas subsiguientes, de ejecución y seguimiento. Una metodología como Planificación estratégica o Cuadro de mando integral sería ideal.
- La planificación es la acción de mayor importancia, no sólo para agendar los temas a discutir en una reunión, sino también para hacer un uso racional del tiempo, que en muchas ocasiones resulta ser de suma importancia si se trata de ser productivos. Una hora de reunión del Consejo de gobierno, resulta ser un asunto crítico al estimar el costo total como la sumatoria del valor hora de cada ministro. Aquí se trata de comparar costo versus calidad de las decisiones tomadas.
- Como máximo, en los primeros dos o tres meses deberá existir un plan estratégico y planes individuales de cada ministerio e institución pública que, entre otras cosas, debe medirse congruencia y sentido de unidad. Acto seguido, iniciará el periodo de consultas con los sectores que de alguna manera se verán afectados.
- En un país como Costa Rica, la producción de bienes y servicios es responsabilidad casi única del sector privado. Esto es así porque sabemos que existen actividades productivas que, en su mayor parte, están en manos de monopolios del estado, como el caso de la energía eléctrica, la seguridad social y el suministro de la gasolina y otros derivados del petróleo, lo que está en manos de las llamadas empresas estatales. El sector privado tiene una función preponderante en un país como Costa Rica, pues representa el mayor empleador de mano de obra y es responsable de producir la mayoría de los bienes y servicios que demanda la población. Por su parte, el sector público tiene a cargo, fundamentalmente, las tareas de atender la salud pública, la educación pública, la Infraestructura vial y transporte internacional (puertos, aeropuertos). Las empresas estatales deben ser autónomas en su administración y no deben esperar que el gobierno las apoye; una empresa estatal que requiera auxilio del gobierno muestra ineficiencia en su accionar, siendo responsables de ello la junta directiva y la alta gerencia. Las leyes de creación de estas empresas y otras leyes les da la condición de monopolio, lo cual basta y sobra para ser un actor favorecido en el mercado. Por eso, en una economía capitalista un gobierno no debe permitir la existencia de monopolios privados. Además, y no menos importante, el gobierno tiene la responsabilidad de formular y poner en marcha adecuadas y eficientes políticas redistributivas; para ello debe contar con un sistema de recaudación fiscal, al más alto nivel tecnológico, que garanticen equilibrio de las finanzas públicas, estabilidad de los precios (bajo nivel de inflación). También, es tarea de un gobierno proveer todo el apoyo requerido para que el sector privado muestre eficiencia en su operación, lo cual se traduzca en utilidades crecientes, antes de impuestos.
- Un apoyo decidido al sector privado es facilitarle el acceso a nuevas tecnologías de acuerdo a los niveles de producción que exige la demandas por productos y servicios. Se dice que buena parte de nuestro desempleo es estructural, corresponde entonces ofrecer cursos de capacitación para adecuar la oferta de mano de obra a las exigencias actuales del mercado laboral.
- El desplazamiento de mano de obra que producirá el cierre de programas e instituciones públicas debe atenderse parcialmente por el incremento de la demanda de mano de obra por parte de las empresas privadas. El gobierno debe promover la creación de nuevas empresas y nuevos emprendimientos. Para pensar en aplicar políticas redistributivas, debemos antes crear riqueza
- Otra forma de atender el desplazamiento esperado es mediante la conformación de cooperativas o empresas de autogestión, que deben ser orientadas por los programas líderes desarrollados por el sector cooperativo y por el INA; esto último mediante los centros de desarrollo empresarial, ubicados en todas las provincias, programa también puesto en marcha durante esta administración.
- En líneas arriba se comenta sobre la escasez de insumos generados por la invasión a Ucrania, pues es una buena oportunidad de incrementar la producción de los granos como el maíz y el trigo. Aunque el trigo no es producido en Costa Rica, existen genetistas en los centros de investigación universitaria que podrán desarrollar materiales para disponer de variedades de semilla que se adapten a nuestro clima. La producción de diferentes granos representará otra fuente de empleo de mano de obra calificada y no calificada. En cuanto a las tierras cultivables, la llamada frontera agrícola permitirá la siembra de muchos de los productos que hoy no se cultivan localmente y que son importados. Posiblemente, la importación de estos cultivos respondía a una ventaja comparativa, pero ante la escasez lo que corresponde es producirlos localmente.
- Un requisito es establecer políticas migratorias más rigurosas, por ahora, se debe minimizar la entrada de población provenientes de otros países.
- Un volumen de producción cada vez mayor mejorará la recaudación de los impuestos, tema sobre el cual se habla de reducirlos y mejorar la calidad tecnológica del sistema tributario para disminuir, en forma significativa, la evasión y elusión tributaria.
- Es importante que la nueva administración no descuide el equilibrio fiscal logrado por el actual gobierno, pues es de suma importancia como requisito para cumplir con el acuerdo suscrito con el FMI. Este acuerdo permitirá dar buenas señales al mercado financiero internacional, permitiendo a nuestro país ser un actor más en la venta de bonos y en las condiciones para el otorgamiento de préstamos por parte de los organismos financieros internacionales.
- Finalmente, deseo reconocer la labor titánica de este gobierno, que, si bien no existió una continua gestión administrativa, sino logros en forma discreta, pero que permiten avanzar en el logro de metas de desarrollo económico real. Creo que el señor Presidente no contó con un equipo idóneo, salvo algunas excepciones; la pandemia fue la causa principal, que gracias a las medidas sanitarias logramos salir adelante con cifras récord en cuanto al número de contagiados y a la totalidad de los fallecimientos, producto de una vacunación de primera calidad aplicada en forma oportuna. Hasta ahora, se puede decir que la administración Alvarado Quesada fue una gestión limpia, lo cual en la actualidad resulta muy reconfortante. Pienso que este gobierno pasará a la historia como el gobierno de la pandemia, se hizo lo humanamente posible, nos dejan una condición sanitaria excelente, en términos relativos, se generó infraestructura vial, a pesar de los trastornos administrativos en ese sector, se destaparon lo que resultó los llamados escándalos de Cochinilla y Diamante, males que tenían muchos años de existir y que hasta ahora salen a la luz pública; se aprobó la Ley de Empleo público (allana el camino para una reforma del estado); se concluyó los trámites para lograr la incorporación de Costa Rica a la OCDE; y todo lo que de aquí en adelante se haga, es ganancia y le facilita las cosas a la nueva administración.
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